Esteban Kiper, consultor de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y exgerente general de Cammesa, advirtió sobre el riesgo de que la transición energética en la región derive en un mecanismo de transferencia de costos regresivo.
El especialista planteó que, si las reglas de juego no se planifican con precisión, la modernización tecnológica y la adopción de recursos como la generación distribuida por parte de los sectores de mayores ingresos terminarán siendo financiadas a través de la factura de los usuarios más vulnerables que quedan al margen del sistema.
Esta advertencia central cruzó el debate del panel «Regulación para una red en transición: el nuevo rol de la distribución eléctrica«, desarrollado en el encuentro internacional Adelatam 2026. La sesión reunió a Silvana Stochetti, abogada senior de Edenor, y Lucía Spinelli, especialista senior en Energía del Banco Mundial, para analizar junto al consultor de Olade la urgencia de actualizar marcos normativos diseñados para el siglo pasado.
El testimonio de Kiper introdujo la mirada más política de la mesa al advertir que los nuevos marcos regulatorios deben «adelantarse a los desequilibrios de la generación distribuida domiciliaria, para evitar el desfinanciamiento de las distribuidoras» cuando los clientes de mayor poder adquisitivo colocan paneles solares asumiendo el rol de prosumidores y se corren del sistema tradicional.
El analista alertó sobre el riesgo de que la transición tecnológica altere el sostenimiento de la infraestructura física indispensable para la población y reclamó firmemente «que esos problemas no se resuelvan cargando en la factura de los no adoptantes el costo de sostenimiento del sistema para evitar que la red sea más regresiva».
En esa misma línea, el consultor de Olade llamó a evaluar con pragmatismo las realidades locales antes de adoptar de forma acrítica las tendencias de los mercados desarrollados, sobre todo en un contexto regional con empresas que apenas están regularizando su situación financiera.
Para el especialista, el verdadero desafío de la transición en América Latina es «cómo ordenamos este problema de que las distribuidoras pierden ingresos y hay que cargarlo sobre los sectores de menor poder adquisitivo que no acceden a instalar nueva tecnología». Al respecto, sugirió avanzar de forma gradual mediante pruebas piloto y señales de precios precisas para «evitar cometer errores por seguir tendencias que después cuesta mucho resolver«.
Por último, el consultor de Olade abordó el impacto de la transición a gran escala regional y diferenció los debates macroeconómicos de la realidad cotidiana de las redes de distribución. Kiper explicó que los acuerdos internacionales y la infraestructura mayorista para la integración regional corren por carriles de «utility scale» (proyectos a gran escala) para aprovechar recursos complementarios, pero remarcó que ese proceso solo será exitoso si se traduce en mejoras palpables.
«Que ese desarrollo no sea una oleada, sino ver cómo todas las herramientas que van apareciendo sirven para la seguridad operativa, la eficiencia, bajar los costos a los usuarios y tener sistemas mejores«, donde variables básicas como las horas de cortes y la capacidad de respuesta sigan siendo centrales.
Cómo abordar las asimetrías desde el regulador
Por su parte, Spinelli aportó la perspectiva del Banco Mundial y advirtió sobre la profunda asimetría estructural que condiciona la modernización en la región, remarcando que «la regulación va por un lado y la tecnología va por el otro». Para la especialista, el desafío inicial de los gobiernos es comprender que «partimos de sistemas con pocos actores, centralizados, unidireccionales y ahora vamos a sistemas bidireccionales, con muchos actores con demandas que surgen y escalan rápidamente«.
«Estamos hablando de una nueva dimensión de datos y que no hay conocimiento en muchas distribuidoras, y ni hablar en los reguladores. Hay que entender que existe gran diversidad, que los puntos de partida son distintos, que los reguladores entiendan las tecnologías disponibles y cómo fomentar su adopción, pero que hay cuestiones básicas vigentes con problemas que son capas geológicas para algunas distribuidoras», aseguró.
En un segundo orden, Spinelli analizó las condiciones de la banca multilateral para respaldar proyectos de infraestructura y aclaró que la innovación no será eficaz si existen situaciones previas no resueltas en las redes. En ese sentido, puntualizó que el organismo busca «asegurar que las inversiones sean viables y moverse a incentivos o esquemas que remuneren el desempeño va a incentivar a la adopción de la tecnología», abriendo la puerta a un recupero financiero sustentable siempre y cuando «la regulación remunere y permita el repago de la inversión».
A su turno, Stochetti analizó el impacto del nuevo escenario normativo en la Argentina y cómo la agenda global interpela la realidad de los operadores locales. La abogada senior de Edenor destacó que «el interrogante de si las normas de ayer siguen regulando las leyes del Siglo XXI, interpela a todas las distribuidoras. Hay que aggionarse y que estas nuevas reglas esten a la altura de la modernización y la adopción de las tecnologías«.
«Pero para eso -advirtió-, hace falta inversión. Según un informe de Adelat, en Argentina serían necesarios US$2400 millones al año para que las redes puedan adoptar la tecnología. Y necesitamos que los modelos tarifarios contemplen esos costos de inversión, y que el regulador también se modernice, que sea innovador y adopte estas normativas sin generar sobrecostos no valorados por los clientes».
, Ignacio Ortiz
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