El fallo del Juzgado de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan que dejó sin efecto la medida de la jueza riojana María Greta Decker marcó un punto de inflexión en el conflicto interprovincial por el proyecto Vicuña. La resolución restableció la operatividad plena del emprendimiento y estableció que ningún tercero —público o privado— puede interferir en las actividades, salvo las autoridades competentes de San Juan.

Con esta decisión, la provincia blindó el avance de un distrito minero que proyecta USD 18.000 millones en inversiones en la próxima década y que integra a BHP y Lundin Mining en una de las iniciativas de cobre más relevantes de Sudamérica.

El conflicto se había originado cuando la Justicia riojana ordenó la suspensión parcial de actividades y bloqueó el tránsito de maquinaria por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, argumentando afectación territorial. La respuesta judicial sanjuanina reencuadró el caso en la Ley 18.004 y en la Constitución Nacional, que reconocen la jurisdicción provincial sobre los recursos del subsuelo.

El gobernador Marcelo Orrego fue explícito al fijar posición: “Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano”. El mensaje buscó cerrar la discusión jurídica y evitar que el conflicto escale a un litigio prolongado que afecte la ingeniería del proyecto.

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Vicuña es un distrito de escala excepcional: integra los proyectos Josemaría, Filo del Sol y Los Helados, con cronograma de construcción previsto para 2027 y una vida útil que, en algunos casos, supera los 70 años. La ingeniería del complejo requiere energía firme, caminos de altura, campamentos permanentes y un esquema logístico que incluye la posibilidad de mineroductos hacia el Pacífico.

La validación judicial permite avanzar con la ingeniería de detalle y con la programación de obras tempranas, en un contexto donde la ventana global para el cobre se estrecha y la competencia con Chile y Perú se intensifica.

El fallo también tiene efectos políticos. San Juan buscó evitar que la medida riojana se convierta en un precedente que habilite intervenciones cruzadas entre provincias sobre proyectos de frontera. La resolución ordena el conflicto dentro del marco legal vigente y refuerza la autonomía provincial en materia de recursos naturales.

En paralelo, el Congreso comenzó a trabajar en iniciativas impulsadas por la diputada Nancy Picón y Carlos Jaime Quiroga para fortalecer el marco normativo y evitar futuros conflictos interjurisdiccionales. El objetivo es dotar de previsibilidad a proyectos estratégicos y reducir la exposición a litigios que puedan frenar inversiones de largo plazo.

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Desde el punto de vista económico, la continuidad de Vicuña implica sostener un flujo de inversiones que supera los USD 7.000 millones en su primera etapa y que moviliza picos de empleo superiores a los 10.000 trabajadores.

La demanda de proveedores locales, la ampliación de líneas eléctricas y las obras viales asociadas exceden la capacidad presupuestaria provincial, lo que reabre la discusión sobre esquemas de financiamiento mixto. El fallo despeja el proyecto, pero no resuelve los cuellos de botella logísticos que atraviesan toda la minería andina: energía, rutas, pasos fronterizos y capacidad portuaria.

La provincia llega a la Expo San Juan Minera —que se realizará del 6 al 8 de mayo— con un mensaje claro: el proyecto no está frenado, no enfrenta riesgo operativo y cuenta con respaldo judicial y político.

Para las empresas, la decisión reduce incertidumbre regulatoria y habilita la continuidad de inversiones en exploración avanzada. Para la provincia, ordena el conflicto con La Rioja y evita que la disputa territorial se convierta en un factor de riesgo para el mayor proyecto minero del país.

La minería argentina enfrenta un escenario donde institucionalidad, infraestructura y financiamiento deben avanzar en paralelo. La Justicia sanjuanina resolvió uno de esos frentes. Los otros —energía, logística y coordinación interprovincial— siguen abiertos y definirán la velocidad real del desarrollo.

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