El Senado avanzó con la conformación de la Mesa Interjurisdiccional para el Desarrollo de los Mercados de Carbono que tendrá como objetivo impulsar un proyecto de ley que brinde un marco jurídico y regulatorio para los créditos de carbono generados a partir de proyectos verdes. En ese sentido, los integrantes de la mesa pidieron al gobierno nacional que se ajuste al mecanismo para la transacción de estos créditos contemplado en el Acuerdo de París, un paso ineludible para comerciarlos.
Durante el evento de introducción de la mesa, la senadora por Salta, Flavia Royón, y la senadora por Misiones, Sonia Rojas Decut, presentaron dos proyectos de ley para para despuntar el debate. Los créditos de carbono son unidades verificables de reducción, evitación o mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) originados a partir de proyectos verdes.
Los proyectos verdes, en tanto, pueden ser de reforestación, conservación de bosques, restauración de suelos o almacemaniento y captura de dióxido de carbono en proyectos de petróleo y gas natural, entre muchos otros.
Actualmente, distintos países tienen o están en vías de crear mercados de carbono para canalizar financiamiento hacia iniciativas verdes. Las empresas que necesitan cumplir con las legislaciones ambientales de sus países de origen buscan en estos mercados comprar créditos y compensar las emisiones que generaron en sus actividades económicas.
«Brasil, Perú, Costa Rica, Panamá, México y Colombia son países que avanzan en acuerdos y mecanismos para comercializar créditos de carbono. Esta mesa federal tiene que ser la incubadora de eso mismo», sostuvo a su turno, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Fernando Brun.
El Acuerdo de París, clave para monetizar créditos de carbono
El Estado argentino en 2016 adhirió al Acuerdo de París, un tratado internacional vinculante, cuyo objetivo es la eliminación de las emisiones de GEI para evitar un aumento en la temperatura global superior a 1,5°C. Las senadoras Royón y Rojas Decut destacaron en sus proyectos que el cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo es un punto central para instrumentalizar en el país mercados de créditos de carbono internacionalmente creíbles.
“Pedimos por favor que Argentina presente sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Es un paso ineludible para participar en los mercados internacionales de carbono y negociar acuerdos internacionales como lo establece el Acuerdo de París”, dijo la senadora por Salta y ex secretaría de Energía de la Nación.
El artículo 6 del Acuerdo de París establece las reglas para que los países puedan ajustarse al mecanismo para la transacción de créditos de carbono. Básicamente, los países deben presentar su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) para ajustarse a dicho mecanismo.
La NDC indica cuál es la meta de reducción de las emisiones de GEI que cada país se compromete a cumplir para alinearse con los objetivos del tratado internacional. En ese sentido, cada país debe especificar en qué sectores de la economía se buscarán reducir las emisiones y por cuántas millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (MTCO2E). Las contribuciones nacionales deben ser actualizadas cada cinco años.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación anunció en noviembre de 2025 la presentación de la tercera NDC argentina. Sin embargo, el nuevo objetivo de reducción de emisiones resultó menos ambicioso con respecto a la NDC de 2021.
La nueva contribución nacional determinada consiste de una meta de emisiones netas de hasta 375 MTCO2E para 2030 y 2035. En contraste, la meta presentada en 2021 fue de hasta 349 MTCO2E. A pesar del anuncio, la tercera NDC no fue elevada a la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Fuentes consultadas por EconoJournal explicaron que aún falta ordenar los objetivos de reducción de emisiones a través de proyectos estratégicos o por sector económico para que los privados puedan generar y comerciar en el extranjero sus créditos de carbono a partir de proyectos verdes sin poner en riesgo el cumplimiento de la NDC argentina.
«Cuando una empresa vende un crédito de carbono al exterior, esa reducción de emisiones ya no puede contarse dos veces. Por eso, el país donde se generó el crédito debe autorizar la operación y descontar esa reducción de su propia meta climática nacional, ya que será utilizada por el país que la compra para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones», explicó Verónica Tito, abogada y consultora en Regulación Energética, Transición y Sustentabilidad.
Un ejemplo concreto de la falta de ordenamiento ocurre en Misiones. Los proyectos de protección de bosques englobados en el programa provincial REDD+ forman parte de la NDC argentina, aunque no existe el marco jurídico habilitante para comerciar los créditos de carbono generados.
«Queremos solicitar a las autoridades nacionales que puedan facilitarnos los mecanismos para realizar los ajustes necesarios para que provincias como Misiones puedan integrar al mercado internacional sus créditos de carbono certificados por la deforestación evitada», dijo Rojas Decut.
Qué proponen los proyectos de Mercados de Carbono
EconoJournal accedió a los proyectos presentados por las senadoras Royón y Rojas Decut. Sintéticamente, los textos proponen crear un marco jurídico y regulatorio para la creación de mercados voluntarios de carbono, con algún tipo de régimen registral nacional destinado a garantizar la identificación y seguimiento de los proyectos, resultados de mitigación y créditos de carbono, con el objetivo fundamental de garantizar la trazabilidad en el comercio de los títulos y evitar la doble contabilización de emisiones.
«La ausencia de un marco regulatorio adecuado puede generar riesgos de doble contabilización, falta de transparencia, baja confianza de los mercados, conflictos jurisdiccionales y debilitamiento de la integridad ambiental de los proyectos», justifica en sus fundamentos el proyecto de Royón.
Los proyectos enfatizan el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio. El proyecto de la senadora por Salta establece que los créditos pertenecerán a los titulares de la tierra o a quienes estos cedan sus derechos bajo jurisdicción provisional.
«En esa línea, el proyecto permite que las provincias creen sus propios registros de carbono, siempre que sean interoperables con el ReNaRe y adopten protocolos que impidan el doble conteo», establece el texto.
En tanto, el proyeto de la senadora por Misiones propone la integración de los activos ambientales al mercado de capitales nacional, reconocinedo la competencia de la Comisión Nacional de Valores respecto de las actividades comprendidas en el régimen de oferta pública.
«Los créditos de carbono y demás activos ambientales podrán actuar como activos subyacentes o respaldo de obligaciones negociables, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión, contratos derivados y otros instrumentos financieros autorizados por la normativa vigente», explica en sus fundamentos el texto presentado por Rojas Decut.
, Nicolás Deza
0 comments
Write a comment