El megaproyecto Vicuña, la mayor inversión minera de la historia argentina con un CAPEX estimado en USD 18.000 millones, adjudicó la construcción de su campamento habitacional a un consorcio liderado por PowerChina.

La obra —2.500 camas en esta etapa, 10.000 en total— se importará completa desde Asia bajo los beneficios aduaneros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La diferencia entre la oferta china y la argentina fue de USD 18 millones, equivalente al 0,1% del proyecto.

El dato es técnico, no emocional: el RIGI está generando un efecto no deseado. Al eliminar aranceles, IVA, tasas y restricciones para bienes importados, el régimen vuelve más barato traer desde China infraestructura que la industria argentina produce hace décadas.

El resultado es la sustitución de proveedores locales en segmentos donde existe capacidad instalada, certificación técnica y experiencia en minería, energía y petróleo.

La construcción modular industrializada es un sector que Argentina domina. Produce campamentos para yacimientos, obras de infraestructura, parques eólicos, proyectos petroleros y desarrollos energéticos. Tiene estándares para alta montaña, normas climáticas, procesos certificados y proveedores distribuidos en varias provincias.

La decisión de importar una ciudad completa implica la pérdida de una cadena de valor que genera empleo industrial, servicios, logística, mantenimiento y encadenamientos productivos en San Juan y en el país.

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El caso Vicuña no es un problema de competitividad. La diferencia de precio fue marginal frente a la escala del proyecto. Es un problema de incentivos fiscales desbalanceados: el régimen elimina costos para la importación total y no establece distinciones entre bienes críticos —que Argentina no produce— y bienes que sí se fabrican localmente.

El resultado es que el Estado argentino subsidia, vía exenciones, la importación de infraestructura básica que podría producirse en el país.

La contradicción es evidente. El Gobierno sostiene un alineamiento estratégico con Estados Unidos y ha limitado la participación china en sectores sensibles.

Sin embargo, bajo el RIGI, se habilita la importación masiva de infraestructura construida en China para un proyecto de cobre estratégico, con beneficios fiscales otorgados por el propio Estado argentino. La política exterior declarada y el diseño operativo del régimen no están alineados.

Para la empresa, la decisión también tiene implicancias. Una mina de cobre de 25 años necesita proveedores locales para ampliaciones, reemplazos, mantenimiento y nuevas etapas.

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Si la cadena se destruye hoy, no estará disponible mañana. La licencia social, un activo crítico en minería, se sostiene con empleo, proveedores y desarrollo territorial. Importar una ciudad completa erosiona ese equilibrio.

El RIGI puede corregirse sin alterar su objetivo central. Los países mineros más competitivos del mundo —Chile, Perú, Canadá, Australia— establecen listas positivas y negativas, exigen justificación técnica para importar bienes que se producen localmente y fijan mínimos de contenido local en segmentos donde existe capacidad instalada.

Argentina puede adoptar criterios similares para evitar que un régimen pensado para atraer inversiones termine desindustrializando sectores que sí tienen competitividad.

El caso Vicuña es una señal. No cuestiona la inversión ni el proyecto, sino el diseño operativo del régimen. El RIGI debe distinguir entre bienes críticos y bienes que se producen en el país. Si no lo hace, no estará promoviendo inversiones: estará promoviendo importaciones.

Y en un proyecto de USD 18.000 millones, la diferencia entre desarrollar una cadena de valor local o sustituirla por importación total define el impacto económico de las próximas dos décadas.

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