El Gobierno nacional lanzó un concurso internacional para adjudicar permisos de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, en una señal de reactivación de la frontera offshore y de ampliación del mapa de operadores en aguas profundas.
La convocatoria, formalizada por la Secretaría de Energía, replica la estructura utilizada en las rondas de 2018 y 2019 y convoca a empresas con experiencia comprobada en operaciones costa afuera, con exigencias de solvencia técnica y financiera y compromisos mínimos de inversión en sísmica y perforación exploratoria.
Las áreas incluidas se ubican en cuencas donde el Estado busca profundizar la exploración: la Cuenca Argentina Norte (CAN), frente a Buenos Aires; la Cuenca Malvinas Oeste (MLO), frente a Chubut y Santa Cruz; y la Cuenca Austral Marina (CAM), frente a Tierra del Fuego.
Estas zonas concentran la mayor parte de la actividad reciente y son consideradas prioritarias por su potencial geológico y por la presencia de sistemas petroleros activos identificados en campañas previas.
El antecedente inmediato es el pozo Argerich-1, perforado por el consorcio Equinor–YPF–Shell en el bloque CAN-100. La campaña confirmó la existencia de un sistema petrolero activo y abrió la posibilidad de extender la exploración hacia áreas adyacentes.
La nueva licitación busca precisamente ampliar la cobertura sísmica y avanzar en perforaciones exploratorias que permitan evaluar continuidad, volumen y calidad del sistema.
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La competencia atraerá a operadores con historial en aguas profundas y ultra profundas, tanto aquellos que ya operan en Argentina como compañías internacionales que participaron en rondas previas o en cuencas comparables.
La Secretaría de Energía exige acreditación de experiencia offshore, capacidad para operar plataformas de sexta y séptima generación y solvencia financiera suficiente para sostener inversiones que, en aguas profundas, oscilan entre USD 80 y 120 millones por pozo exploratorio, además de campañas sísmicas que requieren entre USD 20 y 40 millones según la extensión del área.
Los permisos contemplan plazos de ocho años divididos en dos períodos, con obligaciones crecientes. En la primera etapa, las empresas deben ejecutar campañas sísmicas y procesar datos geológicos; en la segunda, deben perforar al menos un pozo exploratorio y presentar informes técnicos periódicos.
El proceso también incluye requisitos ambientales estrictos: estudios de impacto, protocolos de prospección sísmica, planes de mitigación y monitoreo de fauna marina, bajo supervisión del Ministerio de Ambiente y la Prefectura Naval.
La licitación abre una etapa de competencia en un segmento donde Argentina busca consolidar una estrategia de largo plazo. El offshore complementa el desarrollo de Vaca Muerta y diversifica la matriz de recursos, con potencial para generar nuevas exportaciones si los resultados exploratorios confirman la presencia de hidrocarburos en volúmenes comerciales.
La adjudicación de áreas permitirá ampliar la frontera exploratoria y definir un nuevo mapa de operadores en el Mar Argentino, en un contexto de creciente interés internacional por cuencas de aguas profundas.
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