El gobierno de San Juan firmó a comienzos de mes un acuerdo con Vicuña que contempla un aporte único de US$ 250 millones para infraestructura por parte de la compañía y un esquema de regalías del 3% sobre la facturación durante la vida útil del proyecto de cobre. La provincia busca ahora que se desarrolle una red de proveedores que priorice el componente local, pero no de modo excluyente. En diálogo con EconoJournal, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, sostuvo que la escala que tendrá la nueva minería obliga a ampliar la mirada sobre el desarrollo de proveedores. «No queremos un mercado cautivo”, puntualizó.
“Se trata de definir proveedores locales de comunidades, proveedores locales del resto de la provincia y del resto de la Argentina. Por supuesto, ante la misma calidad, competitividad y capacidad: primero comunidad, después provincia, después Argentina y después se verá”, aseguró Perea el martes durante la presentación de dos estudios elaborados por el BID, la UIA, CAEM, CFI y Fundar que mapearon las oportunidades que tendrán las empresas argentinas frente al crecimiento de la minería y los principales obstáculos para incorporarse a la cadena de valor.
Para el ministro la clave estará en combinar el desarrollo de proveedores locales con las capacidades industriales que ya existen en otras regiones del país.
–¿San Juan está dispuesto a incorporar proveedores de otras provincias?
–Por supuesto. Creo que los tiempos han cambiado. Creo que la Argentina ha entendido y está entendiendo que la minería dejó de ser algo como el hermanito feo. Ahora todos quieren hablar de minería. Hay provincias que tienen mucha experiencia y hay otras provincias que, si bien no tienen experiencia en minería, tienen experiencia en ciertas industrias. ¿Qué le vas a discutir de metalmecánica a Córdoba, a Santa Fe? Nosotros creemos en el asociativismo, en los consorcios de empresas.
Perea insistió con que la provincia no busca cerrar el mercado a proveedores externos, sino establecer un esquema que priorice las capacidades locales cuando existan y que permita incorporar empresas de otras regiones.
“Nosotros en San Juan no estamos cerrados a eso. Hay criterios de arraigo local, pero estamos ante una ley que ha sido construida desde el consenso. Es una ley totalmente practicable, operativa. No queremos un mercado cautivo”, puntualizó el funcionario sanjuanino.
–¿Cómo funcionará ese esquema?
–La Ley de Desarrollo Local Minero no establece cupos, sino objetivos a cumplir por parte de las empresas: un 80% de trabajadores y un 60% de proveedores.
En la actualidad, la provincia trabaja en la reglamentación de la norma y en dos matrices que serán utilizadas para definir su aplicación: una de impacto socioeconómico y otra de proveedores. La prioridad tendrá una lógica territorial.
–¿Qué pasa con los bienes o equipos que directamente no se fabrican en San Juan?
–Hay insustituibles que en la provincia no se fabrican. Por ejemplo los combustibles ya que no tenemos refinería. Hay insustituibles que están exceptuados de ese objetivo. Pero hay otros sobre los que los sanjuaninos, en cuanto a calidad y precio, podemos competir tranquilamente.
Certificaciones y financiamiento, las barreras para las pymes
Uno de los principales obstáculos que Perea identifica para que las pymes puedan incorporarse a la cadena minera es el acceso a certificaciones. “En estos momentos la instancia principal son las certificaciones, que todos sabemos que son muy costosas y los estándares internacionales te lo exigen. Entonces, la idea es acercar a nuestras pymes a que puedan certificarse. Por eso la provincia trabaja en programas como ‘Calidad en Comunidad’ y ‘Aprender, Trabajar y Producir’ para que puedan hacerlo, además de distintos mecanismos de financiamiento”, detalló.
Para el ministro, el objetivo es que “los proveedores puedan aprovechar el crecimiento minero para desarrollar capacidades que después les permitan competir en otros mercados. Estamos preparados para competir en otros países.”
El acuerdo con Vicuña
El acuerdo entre la provincia y Vicuña todavía debe ser aprobado por la Legislatura. Es por ello por lo que el ministro fue convocado por las comisiones para explicar los alcances del convenio y defendió que el tratamiento incluyera las distintas instancias institucionales.
–¿Cómo fue el tratamiento del acuerdo en la Legislatura?
–El convenio se tiene que aprobar por la Cámara de Diputados dentro de los próximos 60 días posteriores a la firma. Creímos que era conveniente que intervinieran todas las instituciones de la democracia en este acuerdo. Se dio un debate en el cual explicamos los puntos, primero una descripción objetiva y luego se abrió a preguntas.
El funcionario también precisó cómo funcionará el aporte de US$ 250 millones y remarcó que no se trata de un adelanto de regalías. “Es un aporte único de US$ 250 millones, que se llama aporte DIA. No es reembolsable y tampoco es compensable con regalías. Son dos conceptos distintos. Una cosa son las regalías establecidas y la otra es un fideicomiso que se estableció en 1,5% por toda la vida útil del proyecto y una regalía del 3% sobre el valor de facturación”, planteó.
–¿A qué infraestructura estarán destinados esos fondos?
–La primera obra que ha designado el gobernador es la Ruta 40 Norte, pero no solamente para la minería. Es para el turismo, para la industria y también para la conectividad de los ciudadanos. Es una ruta muy transitada que te conecta con el norte de la provincia. A su vez, el convenio establece otro tipo de infraestructura, como puede ser la hídrica y de saneamiento, que son muy necesarias para la provincia.
El esquema tendrá además una modalidad particular de desembolso. La provincia deberá definir, proyectar y ejecutar las obras y luego recibir los recursos contra los certificados correspondientes. “La provincia elige la obra, la proyecta, la ejecuta y va ingresando contra certificado de obra terminada. O sea, primero la obra, después el dinero”, indicó Perea.
, Loana Tejero
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