El invierno 2026 dejó en evidencia un problema estructural que no se explica por el clima ni por la volatilidad del mercado internacional, sino por un elemento mucho más básico: el Estado no actuó a tiempo.
La combinación de demoras administrativas, decisiones tardías y falta de coordinación terminó generando un cuadro de cortes industriales que afectó a provincias enteras y obligó a cientos de empresas a detener producción o pagar precios extraordinarios por el GNL.
El punto crítico fue la ampliación del gasoducto Perito Moreno, una obra diseñada para aportar 14 MMm³ diarios de capacidad adicional en el momento de mayor tensión del sistema. La iniciativa privada presentada por TGS quedó detenida durante 16 meses en trámites, dictámenes y autorizaciones que se extendieron más allá de cualquier plazo razonable.
Esa demora desplazó la obra del invierno para el que estaba pensada y dejó al sistema sin el volumen que hubiera evitado buena parte de los cortes.
A esa falla se sumó un cambio regulatorio aplicado en marzo, cuando la Secretaría de Energía redefinió el mix de transporte de las distribuidoras y reactivó cláusulas de transporte firme con ventana que habilitan cortes industriales.
Durante años esas cláusulas tuvieron una aplicación marginal, pero la modificación contractual las volvió operativas justo cuando la infraestructura no estaba preparada para absorber la demanda invernal. La industria se encontró con reglas nuevas en plena temporada alta, sin tiempo para planificar coberturas ni ajustar contratos.
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El retiro de ENARSA como proveedor de última instancia profundizó el problema. La cobertura de desbalanceos quedó en manos de comercializadores privados, con GNL a precios que oscilaron entre USD 18 y USD 26, valores que solo pudieron absorber sectores con capacidad logística y financiera.
El mecanismo de compra industrial, implementado a través del Mercado Electrónico de Gas, arrancó sin procedimientos claros y con subastas que quedaron prácticamente desiertas en mayo, lo que obligó a las empresas a improvisar soluciones sobre la marcha.
El resultado fue un mapa de cortes que afectó de manera desigual a las regiones. Tucumán, Jujuy y Salta enfrentaron interrupciones que frenaron ingenios, citrícolas, cerámicas y metalmecánicas. En el área metropolitana, la aplicación dispar de restricciones entre distribuidoras generó un desnivel de competitividad dentro de una misma región.
En Catamarca, el impacto más profundo fue la incertidumbre: la falta de previsibilidad sobre disponibilidad de gas frenó proyectos de inversión en generación propia.
El invierno 2026 no fue un fenómeno climático extraordinario. Fue la consecuencia directa de procesos administrativos que no avanzaron a tiempo, decisiones regulatorias aplicadas sin coordinación y una infraestructura que quedó detenida en trámites cuando debía estar en obra.
La industria respondió con lo que pudo: paradas programadas, combustibles alternativos, compras de emergencia y contratos firmes que se activaron de manera inesperada. Pero el problema no estuvo en las empresas. Estuvo en la burocracia que, por su propio ritmo, dejó al sistema sin margen en el momento en que más lo necesitaba.
La experiencia de este invierno muestra que la seguridad energética no depende solo de inversiones o precios internacionales. Depende, sobre todo, de que las decisiones administrativas se tomen a tiempo y de que los proyectos críticos no queden atrapados en procesos que avanzan más lento que la demanda del sistema.
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