La reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) mediante el Decreto 242/2026 habilita un esquema fiscal orientado a proyectos productivos de escala media en sectores intensivos en capital.

La norma fija montos mínimos segmentados desde USD 150.000 para microempresas hasta USD 9 millones para medianas tramo 2, con beneficios de amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada del IVA a los tres períodos fiscales mensuales.

El régimen incluye bienes de capital, obras productivas, sistemas de riego, bienes de eficiencia energética, mallas antigranizo y semovientes de genética superior, y excluye activos financieros, bienes de cambio y automóviles.

El monto mínimo se computa en dólares según el tipo de cambio comprador del Banco Nación del día hábil anterior a la factura y puede integrarse con inversiones realizadas dentro de un plazo de dos años. Los bienes deben permanecer al menos dos años en el patrimonio y los beneficiarios deben contar con Certificado MiPyME vigente.

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El RIMI se convierte en una herramienta para empresas de servicios, logística, mantenimiento, metalmecánica y proveedores vinculados a energía, minería y agro, que requieren capitalización rápida para acompañar proyectos de mayor escala.

Su diseño replica mecanismos del RIGI pero adaptados a montos menores, lo que permite acelerar la renovación de equipos y mejorar el flujo de caja en cadenas donde la inversión inicial suele ser una barrera de entrada.

La oportunidad se concentra en territorios con demanda inmediata de capacidad instalada, como Vaca Muerta, la expansión de infraestructura energética y los nuevos desarrollos mineros.

La efectividad del régimen dependerá de la coordinación con provincias y municipios para evitar que tributos locales neutralicen los beneficios nacionales y de la capacidad administrativa para procesar solicitudes sin demoras.

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