El caso Vicuña reabrió una discusión estructural en la minería argentina: la ausencia de criterios técnicos para definir qué bienes pueden importarse en proyectos de gran escala y cuáles deben integrarse con oferta local.
La adjudicación del campamento principal —2.500 módulos en esta etapa, 10.000 en total— a un consorcio liderado por PowerChina expuso un vacío normativo que trasciende al proyecto y alcanza al diseño operativo del RIGI.
La diferencia de precios entre la oferta china y la nacional fue del 35%, equivalente a USD 18 millones dentro de un CAPEX estimado en USD 18.000 millones.
El monto es marginal frente a la escala del proyecto, pero suficiente para desplazar a fabricantes locales en un segmento donde Argentina tiene capacidad instalada, certificación técnica y experiencia acumulada en minería, energía y petróleo.
La construcción modular industrializada es un sector que el país desarrolla desde hace décadas, con proveedores distribuidos en varias provincias y estándares para alta montaña.
El punto crítico no es la adjudicación, sino la falta de reglas que ordenen la toma de decisiones en compras de infraestructura. En proyectos de cobre de escala global, la definición entre importar o producir localmente debería basarse en criterios técnicos: disponibilidad de oferta nacional, estándares requeridos, plazos, logística y costos totales del ciclo de vida.
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Sin ese marco, el precio inmediato se convierte en el único parámetro y habilita escenarios donde importar infraestructura completa resulta más barato que fabricarla localmente, aun cuando el producto sea equivalente.
La discusión incorpora un elemento técnico que no puede omitirse: la competitividad local. La industria argentina debe ser capaz de competir en segmentos donde tiene trayectoria, pero la diferencia del 35% exige una revisión.
Aun con los beneficios aduaneros del RIGI, resulta inusual que módulos equivalentes —incluido el flete desde Asia— presenten un costo tan inferior al de un fabricante local. El problema no es proteger ineficiencias, sino entender por qué un producto que Argentina produce hace décadas aparece descolocado frente a un precio internacional que incorpora transporte, ensamblado y logística intercontinental.
El RIGI amplifica esta asimetría. El régimen elimina aranceles, IVA, tasas y restricciones para bienes importados sin establecer listas positivas o negativas que diferencien entre bienes críticos —que Argentina no produce— y bienes con oferta local.
La consecuencia es un incentivo fiscal que favorece la importación total en segmentos donde existe capacidad instalada. El impacto no es solo económico: la cadena de valor que se debilita en la etapa inicial no estará disponible cuando el proyecto la necesite para ampliaciones, mantenimiento o nuevas fases.
La experiencia internacional muestra que los países mineros más competitivos —Chile, Perú, Canadá, Australia— aplican criterios técnicos para autorizar importaciones en proyectos de gran escala.
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Exigen justificación cuando el bien existe localmente, establecen mínimos de contenido nacional y promueven asociatividad entre proveedores globales y empresas locales. La lógica es simple: atraer inversión sin desarmar la base industrial que sostiene la operación durante 20 o 30 años.
En Argentina, la ausencia de un marco equivalente genera un efecto previsible: las decisiones de compra se definen por precio inmediato y no por impacto sistémico, lo que habilita la importación de infraestructura completa incluso en segmentos donde el país tiene oferta competitiva.
El caso Vicuña no cuestiona la inversión ni la adjudicación, sino el diseño operativo del régimen y la falta de criterios que ordenen la integración de proveedores locales en obras de gran escala.
En un proyecto de USD 18.000 millones, la diferencia entre desarrollar una cadena de valor local o sustituirla por importación total define el impacto económico de las próximas dos décadas.
La discusión no es política ni emocional: es técnica. La minería argentina necesita un marco de compras que distinga entre bienes críticos y bienes que el país produce, que promueva asociatividad y que evite que los incentivos fiscales terminen desindustrializando sectores donde existe capacidad instalada.
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