El Gobierno de Río Negro informó que su Secretaría de Ambiente y Cambio Climático ya fiscaliza en territorio el cumplimiento ambiental del proyecto de exportación de gas natural licuado que Southern Energy desarrolla en el Golfo San Matías.

La intervención provincial abarca las obras terrestres y la infraestructura marítima del emprendimiento, que incluye unidades flotantes de licuefacción y un centro de soporte logístico en el puerto de San Antonio Este, operado por el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

Hasta ahora, la participación provincial se había concentrado en la etapa de evaluación, con estudios de impacto y audiencias públicas que acompañaron los permisos, entre ellos los del gasoducto dedicado Tratayén–San Antonio Oeste y la conexión submarina de la segunda unidad flotante.

Con el inicio de las obras, la autoridad ambiental pasa de autorizar a inspeccionar y activa atribuciones de control directo sobre la ejecución y sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales en territorio.

El esquema de fiscalización se apoya en tres ejes: control integral durante todo el ciclo del proyecto, participación ciudadana en los procesos de evaluación y capacidad estatal para exigir medidas correctivas o aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos. El monitoreo declarado incluye el seguimiento de flora y fauna, la protección de ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos y la prevención de impactos en las zonas intervenidas.

También supervisa la recomposición ambiental de los sectores afectados por la construcción de la infraestructura terrestre, con obligación de restaurar el entorno una vez finalizadas las obras.

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El componente marino es central en la fiscalización. El sistema FLNG opera sin muelle: los buques licúan el gas a bordo y la transferencia se realiza mediante un sistema de amarre y carga sumergido, con remolque de metaneros y operaciones de transferencia entre buques en aguas del golfo.

Cada unidad incorpora su propio tramo de conexión submarina, conformando un conjunto de tareas sobre un área sensible que queda bajo vigilancia provincial durante toda la vida útil del proyecto.

El avance del emprendimiento se sostiene sobre un marco regulatorio nacional. Las dos unidades flotantes ingresaron al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones en 2025 y el gasoducto dedicado, a cargo de San Matías Pipeline, sumó su adhesión en junio de 2026 por 1.300 millones de dólares.

El régimen otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, pero no alcanza a la jurisdicción ambiental: la potestad de inspeccionar, exigir correcciones y sancionar permanece en manos de Río Negro como autoridad de aplicación.

El cumplimiento ambiental es un requisito para la inserción del proyecto en el mercado europeo. En marzo, la alemana SEFE acordó comprar 2 millones de toneladas anuales durante ocho años, con entregas desde fines de 2027.

A partir del 1 de enero de 2027, la Unión Europea exigirá que el gas importado provenga de jurisdicciones con reglas de medición, reporte y verificación de metano equivalentes a las suyas.

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La trazabilidad de emisiones, la medición de venteos y quemas y la verificación independiente forman parte de los criterios que los compradores europeos evalúan antes de firmar contratos de largo plazo.

Consultoras internacionales han analizado el impacto de estas exigencias. Rystad Energy sostiene que la oferta global de gas capaz de cumplir el estándar OGMP 2.0 superaría la demanda europea hacia 2027, mientras que Wood Mackenzie advierte que buena parte de los nuevos volúmenes de GNL no llegará a tiempo a la certificación, reduciendo el mercado efectivamente habilitado. En ese contexto, la fiscalización provincial se vuelve un componente operativo para respaldar la credibilidad del proyecto ante compradores y financiadores.

Para Río Negro, la inspección en obra forma parte de su rol como autoridad ambiental en el desarrollo energético del golfo. Para los compradores, el cumplimiento ambiental es cada vez más una condición de acceso al mercado.

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