Guyana se aproxima al millón de barriles diarios menos de siete años después de haber obtenido su primer crudo comercial en el bloque Stabroek, operado por ExxonMobil. La producción nacional promedió 903.000 barriles diarios en abril de 2026, impulsada por cuatro proyectos en alta mar y por una secuencia de unidades flotantes de producción que replican un modelo operativo de gran escala.
El quinto desarrollo, Uaru, está previsto para entrar en operación antes de fin de año y permitirá superar el umbral del millón de barriles diarios.
El crecimiento acelerado se explica por la calidad geológica del bloque Stabroek, que concentra yacimientos de alto rendimiento en un área compacta, y por la capacidad técnica y financiera del operador. ExxonMobil desplegó un esquema de desarrollo repetible basado en unidades FPSO de gran capacidad: Liza Destiny, Liza Unity, Prosperity y One Guyana.
Cada proyecto incorporó ingeniería, logística y operación derivadas del anterior, reduciendo tiempos y costos y permitiendo una curva de producción ascendente sin interrupciones.
La puesta en marcha de Uaru sumará la FPSO Errea Wittu, diseñada para producir 250.000 barriles diarios, procesar 540 millones de pies cúbicos de gas y almacenar dos millones de barriles de crudo.
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El proyecto, aprobado por el gobierno en 2023, prevé hasta 10 centros de perforación y 44 pozos de producción e inyección para extraer más de 800 millones de barriles recuperables de los yacimientos Uaru, Mako y Snoek.
El ritmo de expansión de Guyana contrasta con la ausencia de una base industrial local. El país no cuenta con metalmecánica pesada, ingeniería de detalle, talleres de fabricación, empresas de integridad, laboratorios ni proveedores especializados capaces de abastecer la cadena offshore.
La totalidad de los componentes críticos, servicios técnicos y equipamiento proviene de cadenas globales lideradas por SBM Offshore, Saipem, TechnipFMC y otros contratistas internacionales.
La falta de infraestructura industrial abre oportunidades para proveedores argentinos con capacidades en ingeniería, fabricación y servicios técnicos.
Empresas nacionales con experiencia en oil & gas pueden integrarse a la cadena de valor offshore mediante la provisión de skids, estructuras metálicas, piping prefabricado, válvulas, bombas, servicios de inspección, integridad de activos y consultoría en seguridad de procesos.
La industria argentina ya exporta componentes y servicios a proyectos offshore en Brasil y África, y cuenta con certificaciones y estándares compatibles con los requerimientos de los operadores globales.
La expansión de Guyana configura un nuevo polo energético en el Atlántico y genera demanda sostenida de bienes y servicios industriales.
En un contexto donde el país carece de proveedores locales y depende de compras internacionales, la capacidad técnica y la competitividad de la industria argentina se convierten en una oportunidad concreta para integrarse a la cadena de suministros de los desarrollos offshore del bloque Stabroek.
El análisis de la inversión privada 2026 muestra que el crecimiento no se concentra únicamente en los polos extractivos de hidrocarburos y minería, sino que se extiende a sectores productivos tradicionales y a regiones alejadas de las áreas de explotación.
Los registros del Ministerio de Economía y de las secretarías sectoriales indican incrementos simultáneos en cuatro núcleos: Vaca Muerta, minería de litio y minerales metálicos, agronegocios en la región pampeana y forestoindustria en el NEA. Este comportamiento configura una matriz de inversión más diversificada y con mayor demanda de proveedores industriales y de servicios.
En hidrocarburos, la expansión de la producción no convencional y los proyectos de infraestructura asociados generan requerimientos crecientes de metalmecánica, químicos, servicios informáticos, transporte y logística.
La Secretaría de Energía registra aumentos en la importación de bienes de capital vinculados a perforación, midstream y tratamiento de crudo y gas, lo que se traduce en mayor actividad para proveedores nacionales certificados.
La minería presenta una dinámica similar: los proyectos de litio y cobre incorporan proveedores locales en etapas de construcción, operación y servicios industriales, conforme a los programas de desarrollo de proveedores del Ministerio de Minería.
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En el agro, los datos del INDEC y de la Bolsa de Cereales muestran incrementos en inversión en maquinaria agrícola, infraestructura de acopio y equipamiento tecnológico en la región pampeana y centro del país.
Este movimiento se vincula con la necesidad de sostener volúmenes exportables y con la integración de servicios industriales que también abastecen a hidrocarburos y minería. La forestoindustria, por su parte, registra inversiones en plantas de procesamiento, biomateriales y equipamiento en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, según los reportes del Ministerio de Producción y de la AFCP.
La articulación entre sectores tradicionales y nuevos motores exportadores se observa en los encadenamientos productivos aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba, la demanda de insumos y servicios industriales se expande hacia metalmecánica, químicos, TIC, transporte y logística.
Aguas abajo, los sectores con mayor inversión inducen procesos de industrialización y manufactura vinculados a exportaciones de mayor valor agregado. Los registros del BCRA sobre importación de bienes de capital y los informes sectoriales de UIA, CAEM, IAPG y CIARA confirman esta ampliación de la base productiva.
La diversificación territorial también es consistente con los datos oficiales. Mientras hidrocarburos y minería concentran inversión en Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Catamarca, los agronegocios y la forestoindustria impulsan actividad en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Misiones, Corrientes y Chaco.
Este comportamiento incrementa la capilaridad de la inversión y extiende la demanda de proveedores a regiones que no dependen directamente de la explotación de recursos naturales.
El resultado es una estructura de inversión que combina sectores extractivos y productivos, con efectos directos sobre proveedores industriales y servicios especializados. La expansión simultánea de hidrocarburos, minería, agro y forestoindustria configura un escenario en el que los encadenamientos productivos adquieren mayor peso y las exportaciones se apoyan en una base más amplia de actividades económicas.
Moody’s Ratings elevó la calificación de emisor de largo plazo de la Argentina en moneda local y extranjera a B3 desde Caa1 y modificó la perspectiva a positiva. La agencia fundamentó la decisión en la mejora de la posición externa y en el cambio estructural de la balanza energética, que dejó de operar como un factor de presión sobre la cuenta corriente y pasó a aportar un superávit sostenido de divisas.
Con este movimiento, la nota soberana queda alineada con las de S&P Global Ratings y Fitch Ratings, que ya ubicaban al país en B-, y recompone por primera vez en años la coincidencia de las tres calificadoras en el mismo escalón.
Los datos oficiales del INDEC muestran que la balanza comercial energética cerró el primer semestre de 2026 con un superávit de USD 5.076 millones, un incremento del 61,7% respecto de los USD 3.139 millones del mismo período de 2025.
Las exportaciones de aceites crudos de petróleo sumaron USD 4.693 millones y representaron el 71,2% de las ventas del complejo, mientras que las importaciones de combustibles se ubicaron en su nivel más bajo desde 2007. La energía explicó más del 15% de las exportaciones totales del país y se consolidó como uno de los componentes que sostienen la mejora externa.
La producción no convencional de Vaca Muerta es el núcleo de ese giro. Según la Secretaría de Energía, el shale aporta más del 68% del petróleo y del 67% del gas que se extrae en la Argentina. El incremento de volúmenes y la consolidación de un flujo exportador estable, con Puerto Rosales como principal nodo de salida, redujeron la necesidad de importaciones y fortalecieron la capacidad del país para generar divisas.
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Moody’s incorporó explícitamente este cambio en su lectura de riesgo soberano al señalar que la energía dejó de operar como un factor deficitario y pasó a sostener la posición externa.
La coincidencia de Moody’s, S&P y Fitch en B3/B- reactiva la dinámica de revisiones corporativas que sigue habitualmente a los movimientos del soberano. El universo energético se encuentra mayormente en el rango que queda como candidato natural a ajuste de nota: YPF en todas sus emisiones, Pampa Energía, Genneia y YPF Luz se ubican en B-, mientras que Tecpetrol opera en B+.
Más arriba ya se encuentran las compañías con mayor perfil exportador y respaldo accionario internacional, como Pan American Energy, Vista Energy y Pluspetrol. El reacomodamiento del techo país que deriva de la mejora soberana es el canal por el que estas calificaciones corporativas pueden revisarse.
Para el financiamiento de Vaca Muerta y de la infraestructura asociada, el cambio de escalón tiene efectos directos. La calificación soberana funciona como referencia para el costo al que las empresas acceden a dólares en los mercados internacionales.
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Con la Argentina nuevamente cerca de perforar los 400 puntos básicos de riesgo país, el terreno financiero mejora en un momento en que la agenda de inversión es intensiva en capital: la evacuación adicional del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur prevista para fin de año, los proyectos presentados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y la estructuración de Argentina LNG requieren acceso a crédito en condiciones más competitivas.
El límite del movimiento queda claro en la escala de Moody’s: B3 se ubica en el puesto 16 de los 21 escalones de la agencia, varios peldaños por debajo del grado de inversión.
La mejora abarata el crédito y amplía la base de fondos dispuestos a mirar emisiones argentinas, pero no habilita todavía la entrada de inversores institucionales que operan exclusivamente con deuda de grado de inversión. En lo inmediato, el foco del sector pasa por la segunda ola del efecto cascada: si el reacomodamiento de las tres calificadoras se traslada, emisión por emisión, a las notas corporativas de las empresas energéticas y cómo ese ajuste impacta en el costo de financiamiento de los proyectos que sostienen la expansión exportadora del país.
El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió el nuevo Parque Solar Fotovoltaico “Arroyo Seco – Ingeniero Gabriel Saunders”, ubicado en Esquel, el primero de la Patagonia desarrollado por el sistema cooperativo. La obra fortalece la infraestructura energética de la región, impulsa la generación de energía renovable y constituye un paso importante en la estrategia provincial de diversificación de la matriz energética.
El parque abastecerá con energía renovable a 230 hogares de la región y evitará la emisión de 150 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, desplazando el uso de combustibles fósiles y contribuyendo a reducir la huella de carbono provincial.
Acompañaron al mandatario el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, José Álvarez; representantes de cooperativas prestadoras de servicios eléctricos de la provincia; instituciones y fuerzas vivas de la región; y autoridades, consejeros, equipos técnicos y trabajadores de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo “16 de Octubre”, encabezados por su presidente, Miguel Illuminati.
Durante la recorrida, Torres destacó que “estamos transformando la matriz energética de la provincia desde el interior” y sostuvo que el nuevo parque fotovoltaico “es un modelo de lo que queremos impulsar en todo Chubut: más producción local de energía, mayor eficiencia y un desarrollo sustentable que genere oportunidades para nuestras comunidades”.
En ese sentido, remarcó que “muchas familias cordilleranas van a acceder a energía limpia” y agregó que “esto no es solo un logro técnico. Significa producir energía en nuestra provincia, reducir la dependencia de otros sistemas, bajar costos, cuidar el bolsillo de los chubutenses y seguir impulsando el desarrollo local”.
Parque Solar Fotovoltaico
El Parque Solar Fotovoltaico “Arroyo Seco – Ingeniero Gabriel Saunders” cuenta con una superficie de 4.335 metros cuadrados y una potencia instalada de 300 kW, que le permitirá generar aproximadamente 560.984 kWh de energía al año.
La obra demandó una inversión de $331.085.021,96 y fue ejecutada por la empresa Krenergy Ingeniería S.A., constituyéndose en el primer proyecto de generación solar impulsado por el sistema cooperativo en la Patagonia.
Además de abastecer con energía renovable a 230 hogares de la región, evitará la emisión de 150 toneladas de CO₂ por año, un impacto ambiental equivalente al que generan más de 6.900 árboles para capturar esa misma cantidad de carbono durante un año.
El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés.
La distribuidora de gas Naturgy informó que cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 1.215 millones de euros, un 6% superior al registrado en igual período del año pasado, mientras que su Ebitda alcanzó los 2.975 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 5%.
La empresa atribuyó estos resultados a la fortaleza de su modelo de negocio integrado, la disciplina en la gestión operativa y financiera y su capacidad para adaptarse a un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y su impacto sobre los mercados energéticos.
La compañía mejoró su perfil financiero. La deuda neta se redujo desde los 12.317 millones de euros registrados al cierre de 2025 hasta los 11.745 millones al finalizar junio de este año. Como consecuencia, la relación deuda neta/Ebitda descendió hasta 2,2 veces, un nivel que, según la empresa, le otorga mayor capacidad para afrontar nuevas oportunidades de crecimiento manteniendo una política de asignación de capital prudente.
Durante el semestre, Naturgy concentró sus inversiones en dos de los principales ejes definidos en su Plan Estratégico 2025-2027: las redes de distribución y el desarrollo de proyectos de generación renovable.
En este último segmento, la capacidad instalada alcanzó los 8,4 GW, incluyendo sistemas de almacenamiento con baterías. Además, la compañía cuenta con cerca de 1,3 GW adicionales en construcción, de los cuales aproximadamente la mitad entraría en operación antes de finalizar 2026.
El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, sostuvo que “la empresa inicia una nueva etapa respaldada por una estructura financiera sólida y una estrategia orientada a la creación de valor sostenible”.
Asimismo, advirtió que la evolución de los precios internacionales del gas anticipa un invierno complejo para Europa, por lo que la compañía continúa trabajando para garantizar la seguridad del suministro energético.
Mejora de las previsiones
A partir de la evolución registrada durante el primer semestre, Naturgy decidió revisar al alza las metas previstas para el cierre de 2026 dentro de su Plan Estratégico 2025-2027.
La empresa ahora estima que el Ebitda superará los 5.500 millones de euros, alrededor de un 5% por encima de la previsión anterior, mientras que el beneficio neto se ubicará por encima de los 2.100 millones de euros, lo que representa una mejora cercana al 10%. Asimismo, prevé cerrar el ejercicio con una deuda neta inferior a los 13.000 millones de euros.
Según la compañía, estas proyecciones se ubican por encima del consenso del mercado.
Mayor liquidez de la acción
Entre los principales hitos del semestre, Naturgy destacó que el free float de sus acciones ya supera el 46%, el nivel más elevado en los más de 180 años de historia de la empresa. La compañía señaló que este avance le permitió cumplir uno de los objetivos planteados para incrementar la liquidez del papel y fortalecer su atractivo entre los inversores.
En línea con los resultados obtenidos, el Consejo de Administración aprobó el pago de un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 0,60 euros por acción, que será abonado el próximo 29 de julio. La empresa indicó que esta distribución se enmarca en la política de remuneración al accionista prevista en el Plan Estratégico 2025-2027 y está condicionada al mantenimiento de la calificación crediticia BBB.
El presidente de YPF, Horacio Marín, enfrió una futura baja en el precio de las naftas y advirtió que la reciente suba del barril de petróleo la demorará más.
“Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas”, señaló Marín, al tiempo que alertó que “con estos precios se dilata más”.
El barril de crudo Brent saltó este miércoles a la zona de US$ 93 al reactivarse el conflicto en Medio Oriente.
El CEO de la petrolera defendió la política de acuerdo que se produjo en el sector por la cual se amortiguó el impacto de la suba del petróleo por la guerra.
“Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos”, explicó Marín en diálogo con Radio Rivadavia y, en este contexto, afirmó que aún no se alcanzó el punto de equilibrio entre las dos situaciones.
La histórica planta de producción de caucho sintético ubicada en el Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín dejará de operar, confirmó Pampa Energía en un comunicado oficial emitido tras la preocupación generada en el Cordón Industrial y la advertencia del gremio SOEPU por la paralización de la unidad que alguna vez fue PASA.
La empresa, liderada por el empresario Marcelo Mindlin, fundamentó el cierre en el deterioro del mercado interno de insumos para la industria automotriz, especialmente por la caída en la demanda de caucho sintético. Este descenso se debe, en gran parte, a la menor actividad en el sector de neumáticos, lo que hizo insostenible la continuidad del negocio local.
Según el comunicado, la paralización afecta exclusivamente a la línea de caucho sintético, mientras que las demás operaciones del complejo petroquímico continuarán con normalidad.
El principal motivo detrás de esta decisión fue la pérdida de un cliente estratégico: la empresa Fate. Tras el cierre de su planta en Virreyes (San Fernando) y la desvinculación de 920 trabajadores meses atrás, Fate dejó de adquirir caucho sintético producido en la región, generando un fuerte impacto comercial para la planta de Pampa Energía.
Para mitigar el impacto sobre los trabajadores afectados, la firma anunció un plan de reubicación dentro del grupo, ofreciendo oportunidades en otras compañías del holding como SACDE, TGS y Transener.
Finalmente, la compañía explicó que la medida forma parte de un reordenamiento estratégico de capital enfocado en concentrar inversiones en proyectos de mayor escala y potencial de crecimiento. En este sentido, destacaron su reciente iniciativa para construir una megaplanta de urea fertilizante en Bahía Blanca como ejemplo de las nuevas prioridades del grupo.
El Gobierno nacional avanzó en los preparativos de una nueva licitación para importar 50.000 vehículos híbridos y eléctricos con arancel cero, con el objetivo de dar continuidad al régimen de beneficios fiscales para la movilidad sustentable. La medida apunta a que las primeras unidades de este nuevo cupo ingresen al mercado argentino a partir de enero de 2027.
La iniciativa forma parte del Régimen de Importación de Vehículos Electrificados, creado mediante el Decreto 49/2025, que permite importar determinados modelos con un arancel del 0%. Según trascendió, el nuevo llamado se realizará una vez agotados los cupos correspondientes a 2025 y 2026.
Hasta el momento, el Estado concretó tres licitaciones que autorizaron el ingreso de 100.000 unidades: dos tramos destinados a 2025 y un tercero para 2026. La nueva convocatoria sumará otras 50.000 unidades y marcará la cuarta etapa del programa.
El Ministerio de Economía ya inició consultas con las cámaras del sector para estimar la demanda del próximo llamado y garantizar una transición sin interrupciones entre los cupos actuales y los previstos para 2027.
Para acceder al beneficio del arancel cero, los vehículos deberán cumplir con un requisito clave: tener un valor FOB, precio en puerto de origen, de hasta 16.000 dólares. Este límite determina qué modelos pueden ingresar al país bajo el régimen especial.
El tope favorece principalmente a fabricantes chinos, cuyos costos de producción permiten ofrecer vehículos híbridos y eléctricos dentro de ese rango de precios. En cambio, gran parte de los modelos provenientes de Europa, Estados Unidos o Corea del Sur superan ese valor y quedan fuera del beneficio.
Crece la presencia de marcas chinas
El impacto del programa ya comenzó a reflejarse en el mercado automotor argentino. Durante el primer semestre de 2026, las marcas de origen chino alcanzaron entre el 12% y el 14% de participación en los patentamientos nacionales.
Uno de los casos más destacados fue el de BYD, que pasó de no tener presencia en el mercado local a convertirse en la novena marca más vendida del país. En los primeros seis meses del año patentó 8.249 unidades.
La incorporación de otras 50.000 unidades cobra relevancia en un contexto de desaceleración del mercado. Si bien las proyecciones indican que durante 2026 podrían venderse unas 580.000 unidades en Argentina, los patentamientos acumularon una caída interanual del 9,9% en el primer semestre. En ese escenario, el Gobierno apuesta a que los incentivos para la importación de vehículos híbridos y eléctricos contribuyan a ampliar la oferta disponible y dinamizar las ventas.
Los sindicatos petroleros de Chubut y Santa Cruz alcanzaron un acuerdo paritario para el periodo que va de abril de 2026 a marzo de 2027, estableciendo una recomposición salarial total del 16%. Este aumento será aplicado de forma escalonada y contempla una cláusula de revisión para noviembre, con el fin de analizar la evolución económica y ajustar el convenio si fuera necesario.
En Santa Cruz, el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), liderado por Rafael Güenchenen, destacó que este acuerdo es fruto de varias semanas de negociación para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de alta inflación e incertidumbre económica.
Por su parte, en Chubut, el Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables, encabezado por Jorge “Loma” Ávila, resaltó que el entendimiento otorga una recomposición salarial con previsibilidad y un acompañamiento constante para el bolsillo de cada trabajador, luego de intensas negociaciones.
El incremento se aplicará inicialmente mediante sumas extraordinarias no remunerativas que, paulatinamente, pasarán a formar parte del salario básico. El cronograma de pagos es el siguiente:
Detalle del aumento salarial:
Entre julio y septiembre: 6% no remunerativo, que se incorporará al salario como remunerativo desde octubre.
Durante agosto y septiembre: 4% adicional, alcanzando un 10% acumulado, que también será remunerativo desde octubre.
Entre octubre y diciembre: 3% no remunerativo, que pasará a ser remunerativo en enero de 2027.
De enero a marzo de 2027: 3% final, incorporado definitivamente al salario en abril de 2027.
Crown Point ejecutó en 2025 la compra en etapas de las concesiones El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga. Primero a Pampa Energía Tecpetrol e YPF.
La empresa de capitales locales Liminar Energía tomó el control del 91,04% del capital accionario de la firma canadiense Crown Point Energy Inc., sociedad controlante de Crown Point Energía S.A. en la Argentina. De acuerdo a lo informado al mercado, el 8,96% restante del paquete accionario de la compañía continúa cotizando en el mercado bursátil de Toronto (TSX Venture Exchange).
La operación se concretó luego de que Liminar Energía ejerció el 99,28% de una oferta para la suscripción de nuevas acciones ordinarias de la matriz canadiense. La operación permitió a Crown Point recaudar US$ 30 millones, los cuales se destinaron de forma íntegra a la cancelación de un préstamo otorgado por la propia Liminar a fines de 2025.
Aquel financiamiento previo resultó clave para respaldar el traspaso de los activos convencionales El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, ubicados en la Cuenca del Golfo San Jorge, aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia.
Liminar Energía está encabezada por Pablo Peralta, proveniente del ámbito financiero e industrial en el país. El empresario, cofundador y accionista clave del Grupo ST -conglomerado que incluye entidades como Banco BST y participaciones en diversos sectores como el asegurador y el inmobiliario-, sumó también recientemente el control de la operación de utilitarios de Mercedes-Benz en la Argentina a través de Prestige Auto.
Con esta reorganización patrimonial y la cancelación del pasivo intraempresariales, Crown Point Energía consolida su posición financiera para el desarrollo de activos en tres de las principales cuencas productoras de la Argentina: la Cuenca Austral, la Cuenca Neuquina y la Cuenca del Golfo San Jorge.
En sus estados financieros presentados en 2025, la compañía registraba un pasivo corriente significativamente superior a sus activos. Adicionalmente, la compañía debió afrontar durante los últimos meses vencimientos de capital e intereses de sus Obligaciones Negociables (Bonos Serie III y Serie IV), así como líneas de descubierto de capital circulante con entidades bancarias locales.
Entre junio y octubre del año pasado, Crown Point ejecutó la compra en etapas de concesiones convencionales en Chubut. Primero acordó con Pampa Energía (35,67%) y luego cerró los acuerdos por el porcentaje restante con Tecpetrol e YPF. La incorporación de El Tordillo le permitió sumar más de 4.100 barriles diarios brutos a sus registros, elevando significativamente su netback operativo de producción.
La industria consume entre 25 y 30 MMm3 diarios en invierno.
En este primer invierno en el que el gobierno dejó de garantizarle el GNL a precio subsidiado a las industrias, quedó expuesta una brecha entre las que pudieron absorber los nuevos precios –que oscilaron entre US$ 18 y US$ 26- y las que no. Mientras cientos de empresas, sobre todo del norte del país, optaron por parar la producción antes que pagar el sobrecosto, dos rubros —refinación y agroindustria— concentraron el 92% del volumen total adjudicado.
En los tres eventos realizados en el Mercado Electrónico de Gas (MEGSA), la refinación se llevó 61,3 millones de metros cúbicos (MMm3) y la agroindustria 44,6 MMm3. Juntas concentran el 91,7% de lo contratado (115,5 MMm3), muy por encima de manufactura (3,7 MMm3), alimenticia (2,9 MMm3), siderurgia (1,5 MMm3), petroquímica (800.000) y caleras (700.000), según datos de MEGSA a los que accedió EconoJournal.
“La concentración responde a la capacidad de pago y capacidad logística. Refinación y agroindustria pudieron absorber el sobrecosto, y a la vez tenían la posibilidad de tomar el gas de los cargamentos, algo que excluye a buena parte del resto del universo industrial”, explicó a Econojournal la asesora integral energética Nadia Sager. Ese resto, que se repartió una porción marginal del total adjudicado, cubrió el faltante con combustibles alternativos o, en menor medida, bajando o suspendiendo producción.
Frente a la demanda real, el peso de estas compras es acotado. La industria consume entre 25 y 30 MMm3 diarios en invierno, según detalló Sager. Por lo tanto, lo cubierto vía GNL entre junio y agosto representó apenas el 5% de esa demanda trimestral. En buques, unos dos cargamentos de gran porte, menos del 10% de lo importado este invierno para todo el sistema.
El mapa regional: cortes y sectores blindados
Esa concentración sectorial presenta matices al analizar la exposición de los grandes usuarios industriales en el mapa regional. Las zonas más afectadas por los cortes fueron el norte del país y el área metropolitana.
Tucumán fue de las provincias que registró el mayor impacto. Jorge Rocchia Ferro, presidente de la UIA Tucumán, explicó a Econojournal que entre 35 y 40 empresas de las 870 que nuclea la entidad se quedaron sin gas en algún momento del invierno: cinco citrícolas, tres ingenios, y el resto panaderías y metalmecánicas que trabajan con calderas.
El sector más comprometido, por el momento del proceso productivo en que se produjo el corte, fue el citrícola, que necesita el gas para secar la cáscara, un insumo que se pudre si el proceso se interrumpe. En los ingenios, al menos dos no pudieron comenzar a moler a tiempo, en una provincia donde la agroindustria azucarera es, en palabras de Rocchia Ferro, «la columna vertebral de la matriz productiva».
Un poco más al norte, en Jujuy, los cortes afectaron de manera desigual a tres de los ingenios azucareros de la provincia. Ledesma, el más importante, no sintió el impacto, gracias a la participación minoritaria de la compañía en la UTE Aguaragüe, el yacimiento gasífero del norte salteño cuya producción se procesa en Refinor, que los abastece en gran parte del consumo productivo. Durante la zafra, reemplaza más de la mitad del gas que necesita con biomasa propia.
Los otros dos ingenios jujeños no tuvieron la misma suerte. Río Grande, que había iniciado la zafra 48 días antes del pico de restricciones, se expuso a las restricciones en el momento de mayor necesidad de gas – en el resto del proceso productivo lo reemplaza con su propio bagazo-. Pagó el gas a 20 dólares, aunque el impacto duró apenas tres días. La Esperanza, que ya venía moliendo desde antes del pico invernal, no se vio afectada.
Fuera del sector azucarero, las mineras de litio en la Quebrada ya tenían contratos de gas importado firmados de antemano, con lo cual no sufrieron cortes, pero sí un esquema de costos más alto, con coberturas de entre 18 y 20 dólares.
El golpe más fuerte lo sintió el complejo metalmecánico que abastece a Zapla y dos celulósicas de Palapalá que fabrican cajas y papel de embalaje. Una de ellas, con contrato en firme a 4 dólares, estuvo nueve días parada. “Estaban justo en un pico de demanda de parte de alimenticias de exportación, y esto les cortó el envión. Hicieron un gran esfuerzo por no tocar la plantilla”, explicó a Econojournal el presidente de la UI Jujuy, Federico Gatti.
En Salta, otra de las provincias más afectadas, las citrícolas —la más relevante, La Moraleja— fue, por el mismo motivo que en Tucumán, el sector más perjudicado. Las tres industrias del sector cerámico de la provincia pararon primero al 100% y después al 20%. En este rubro, en el que el gas pesa fuerte en la estructura de costos, pagarlo el doble o el quíntuple significó, en palabras del vicepresidente de la UI de Salta, Julio Fazio, que «la diferencia de factura de un mes nos pagaba la masa salarial de dos meses».
En términos generales, las mineras salteñas tuvieron alguna restricción puntual dos semanas antes, sin llegar a afectarlas. El tabaco, en plena cosecha, tampoco sufrió sobresaltos por el poco gas que necesitan en su proceso productivo.
«Cuando trabajás con márgenes muy finos, porque los negocios hoy están muy finos en un contexto de recesión, ningún margen alcanza para pagar seis veces el gas», se justifica Eduardo Gómez Naar, presidente de la UI Salta, en diálogo con Econojournal.
Más al sur, en Catamarca, el impacto fue, sobre todo, indirecto. Carlos Pineda, de la UI Catamarca, ubica a los grandes consumidores de gas en tres rubros: alimenticio, cementero y cerámico (hornos de ladrillos). Las cementeras, que directamente calculan no operar los hornos entre junio y octubre, «ni se enteraron». Las cerámicas se manejan parecido: no tienen consumo firme, porque no pueden pagar las multas de comprometerse a un volumen garantizado. Las alimenticias, que sí tienen consumo firme y están cerca del gasoducto central en Recreo, no tuvieron problemas de abastecimiento. El daño más profundo, según Pineda, no es el de este invierno puntual sino el estructural: la falta de certeza sobre disponibilidad de gas frena proyectos de inversión en generación propia, algo que, dice, condiciona el desarrollo de la provincia. Las textiles, electrointensivas y sin consumo directo de gas, no sintieron el corte.
En la provincia de Buenos Aires, referentes consultados no pudieron precisar un listado de sectores afectados, pero identificaron una asimetría regional. De las tres distribuidoras que operan en el conurbano, solo una en la Zona Sur exigió consumo cero a la industria durante el período de restricciones. Las otras dos impusieron restricciones y aplicaron multas por incumplimiento, pero no llegaron a un corte total. “El resultado fue un desnivel de competitividad dentro de una misma región metropolitana, en el que las empresas que lograron sostener producción lo hicieron pagando el costo extraordinario del GNL”, aseguró a Econojournal una referente industrial que pidió no ser nombrada.
En Jujuy, el golpe más fuerte lo sintió el complejo metalmecánico que abastece a Zapla y dos celulósicas de Palapalá.
Cómo se llegó a este invierno
Tal como reconstruyó Econojournal, la causa del aumento a casi el doble de cortes a la industria respecto a 2025, hay que buscarla en un cambio contractual. En marzo, la Secretaría de Energía redefinió mediante la resolución 66/26 el mix de transporte de cada distribuidora, lo que reactivó cláusulas de «transporte firme con ventana» que durante años habían tenido una aplicación apenas testimonial. A eso se sumó que Enarsa dejó de actuar como proveedor de última instancia para cubrir los desbalanceos del sistema, un rol que empezaron a ocupar comercializadores privados —en particular Trafigura, a través de la regasificadora de Escobar— con un gas sensiblemente más caro.
Por el lado de la gestión estatal, hubo además un desfasaje de tiempos que agravó el cuadro. La iniciativa privada de TGS para ampliar en hasta 14 MMm3 diarios la capacidad del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) y un tramo del gasoducto Neuba tardó 16 meses entre la presentación del proyecto y la adjudicación de la licitación, un plazo que corrió la obra del invierno para el que estaba pensada al siguiente. «Te perdiste un invierno», resumió Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú.
Carbajales apunta, además, a una paradoja en la mecánica de las subastas de GNL industrial. Antes de este esquema, Enarsa había llamado a una licitación para que un privado comprara en forma monopólica los cargamentos de GNL destinados al sistema. Esa licitación tenía reglas fijadas de antemano —precio tope y margen de intervención de la Secretaría de Energía— porque el ganador iba a operar como comprador único. El proceso terminó declarado desierto y el Estado volvió a comprar directamente a través de Enarsa. Pero el mismo comercializador que se había presentado a esa licitación sin ganarla terminó, según Carbajales, concentrando buena parte de lo adjudicado en las subastas del MEGSA para industrias. Esa asimetría, sostiene, también explica por qué el invierno le «cayó con todo» a buena parte del sector industrial.
Nadia Sager agrega la falta de información y procesos claros en el inicio del mecanismo de compra: «La implementación de la forma operativa y administrativa para adquirir GNL no estaba clara, fue una prueba y error. El primer mes, en mayo, quedó prácticamente desierto. En junio ya aparecieron generadores comprando y comercializadoras, y en julio tuvo mayor presencia la industria». «Tenés empresas que compraron GNL por un mandato empresario o político —si el Estado dice que va a comprar, yo también voy—. Otras compraron por miedo al corte, otras porque el costo de no producir era mucho más alto, y otras no, porque ya tenían contemplada la parada. Hay de todo, con seguridad», agregó.
El mea culpa de la industria
Industriales consultados por Econojournal reconocen que la falta de anticipación también jugó su parte. «No la vimos venir porque hace décadas la incorporación del GNL al sistema nacional la resolvió el Estado. Este año, cambiaron las reglas a último momento —en abril— y eso nos obligó a salir a buscar soluciones sobre la marcha», admitió uno de ellos.
«¿Qué quieren?” No pagar el GNL», respondió otro industrial consultado, en referencia a una parte del sector que, con margen para afrontar el sobreprecio, prefirió resistir el corte antes que salir a comprar.
«Cuando se empezó a aplicar en contratos firmes, saltaron todos. Algunos me llamaron, y yo les preguntaba: ¿Miraste tu contrato? ¿No tenés puesta una ventana? Y resulta que sí. Incluso grandes empresas lo tenían», contó a Econojournal una persona que asesora a grandes usuarios industriales. «Hay que entenderlo, al fin y al cabo somos personas. Había un gerente de mantenimiento al que le avisaron que le iban a cortar el gas, y en algún momento tenía que decirle al directorio, puede que tengamos que duplicar, triplicar y hasta quintuplicar el costo, porque tal vez nos corten. Si se equivocaba en el pronóstico, lo echaban», agregó.
«Viendo contratos durante años, siempre tuvieron las ventanas de corte, lo que pasa es que se aplicaban muy excepcionalmente «, ordena Nadia Sager, que lleva el problema al terreno contractual. Esa cláusula —el llamado «transporte firme con ventana»— habilita a la distribuidora a interrumpir el suministro industrial durante determinada cantidad de días al año, cuando la capacidad de transporte debe priorizar la demanda residencial.
De cara a 2027, la mejora de la capacidad de transporte de TGS por el gasoducto Perito Moreno debería aliviar parte del cuello de botella, aunque no lo resuelve: la industria va a seguir necesitando GNL y yendo a corte, aunque con precios que se proyectan al menos cinco dólares por debajo de los de este invierno sin el efecto guerra, y en la medida en que avancen las ampliaciones adicionales que hoy se conversan en TGN ya la necesidad de GNL se verá fuertemente reducida.
Waiken ILW, un holding del Grupo Werthein, explora la energía nuclear para abastecer con energía a los datacenters que soportan las transmisiones de DirecTV y SKY Brasil.
Waiken ILW, el holding del Grupo Werthein líder en televisión satelital en la región, mostró interés en un micro reactor modular de la firma europea Terra Innovatum para suministrar energía a sus datacenters en la Argentina y Brasil. Se trata del reactor SOLO de 1 MW de potencia eléctrica que la empresa con base en Italia está desarrollando y que podría tener a la firma argentina Conuar como partner en el desarrollo y la fabricación de los componentes.
En concreto, Terra Innovatum y Waiken anunciaron la firma de una carta de intención (LOI) para explorar la instalación de micro reactores para el suministro de energía a los datacenters que respaldan las transmisiones de DirecTV Latin America desde Argentina y de SKY Brasil en Jaguariúna. La carta de intención es por 8 MW de potencia eléctrica, lo que supone el despliegue de ocho reactores SOLO.
Waiken es un holding technomedia regional creado por el Grupo Werthein en noviembre de 2025 para reorganizar sus negocios de medios y tecnología. El holding proyecta una inversión propia de US$ 450 millones entre 2026 y 2031.
El portafolio de Waiken incluye más de 20 marcas y señales propias. En televisión satelital destacan DirecTV Latin America y Sky Brasil, que concentran más de 10 millones de clientes.
De hecho, el holding obtuvo los derechos de transmisión de todos los partidos del Mundial de fútbol 2026 a través de DirecTV. En la previa del mundial pasó a controlar por completo la señal Torneos y Competencias (TyC) al adquirir el 50% de las acciones que estaban en manos del Grupo Clarín.
Grupo Werthein: Waiken mira al micro reactor de Terra para sus datacenters
“Nos asociamos con Terra Innovatum Global para impulsar una estrategia energética con visión de futuro que refuerza nuestro compromiso de larga data con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia tecnológica en todas nuestras empresas y socios», afirmó el Director de Estrategia Global y Regulatoria de Waiken ILW, Carlos Magariños.
“Esta alianza fortalecerá nuestra infraestructura al suministrar energía limpia confiable —bajo el modelo behind the mether— a los centros de datos de transmisión de DIRECTV y SKY, allanando el camino hacia un futuro energético más limpio, resiliente y autosostenible en Argentina, Brasil y toda la región”, explicó el directivo.
Terra destacó que el acuerdo con Waiken representa su primera iniciativa de despliegue comercial anunciada en Latinoamérica y que refleja la creciente demanda internacional de energía nuclear micromodular estandarizada y fabricada en planta. Se trata de una solución orientada tanto a centros de datos de inteligencia artificial como a los sectores de medios de comunicación, telecomunicaciones y otras infraestructuras críticas.
«Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar soluciones de energía limpia fiables y de tipo behind the meter para los centros de datos de Waiken ILW, sirviendo al mismo tiempo de prueba de concepto para otras operaciones de gran consumo energético y largo plazo dentro del grupo de empresas Waiken ILW», afirmó Alessandro Petruzzi, cofundador y director ejecutivo de Terra Innovatum Global.
El rol de Conuar en el desarrollo del reactor de Terra
En paralelo al avance comercial en Latinoamérica, Terra Innovatum también encontró en la Argentina a un posible socio en el desarrollo y la fabricación de los componentes para el reactor SOLO. La empresa en cuestión es Combustibles Nucleares Argentina (Conuar), que tiene como accionistas al grupo Perez Companc (67%) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (33%) y cuyo principal negocio es la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares en la Argentina.
Conuar firmó este año un acuerdo estratégico con Terra para avanzar en el desarrollo y la estandarización de los métodos de fabricación de componentes estructurales y funcionales basados en aleaciones de zirconio y acero inoxidable. El acuerdo es para avanzar con un estudio de factibilidad de dicha iniciativa, según pudo saber EconoJournal.
Esta colaboración se basa en un convenio suscrito el año pasado que establece que Conuar diseñará y fabricará componentes críticos para el reactor SOLO. Otro punto importante del convenio es que abre la posibilidad de establecer en la Argentina un hub de ensamblaje y cadena de valor para Latinoamérica, desde donde se podrían distribuir los reactores micromodulares SOLO hacia Sudamérica y Centroamérica, lo que constituiría un paso importante en el proceso de internacionalización de Conuar.
Cómo será el reactor SOLO que abastacerá de energía a los datacenters
El reactorSOLO será un reactor refrigerado por gas. El núcleo del reactor incluirá un moderador sólido y un reflector hechos de grafito. Terra Innovatum inició en 2025 ante la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de los Estados Unidos la presolicitud de licenciamiento del diseño y construcción de una primera unidad prototipo con el propósito de realizar pruebas, investigación y entrenamiento.
Cada unidad estará diseñada para proporcionar energía eléctrica y/o térmica para sitios industriales. También puede emplearse para otros usos, como la desalinización de agua y la producción de radioisótopos médicos.
El combustible que empleará será el combustible tradicional que se utiliza en la flota de reactores de agua ligera (LWR), que emplean pastillas de dióxido de uranio en tubos revestidos a base de circonio. El uranio es de bajo enriquecimiento (LEU), a un nivel por debajo del 4,95%.
“La disponibilidad de una cadena de suministro establecida permite a Terra mejorar la viabilidad comercial, un cronograma más predictivo y reducir la incertidumbre en la estimación de costos”, dice la compañía en su aplicación a la NRC.
La energética Naturgy obtuvo a nivel global en el primer semestre de 2026 un beneficio neto de 1.215 millones de euros (1.397 millones de dólares), un 6 % más que en el mismo periodo del año anterior, y elevó su Ebitda (rentabilidad operativa antes de intereses, impuestos, y amortizaciones) hasta los 2.975 millones de euros, un 5 % más que en el año anterior.
“La evolución del periodo se apoya en la fortaleza de un modelo de negocio integrado, la disciplina en la gestión operativa y financiera, y la capacidad del grupo para adaptarse a escenarios exigentes”, destacó la compañía, con actividades en la Argentina en distribución de gas natural y de electricidad por redes domiciliarias (Naturgy BAN, Naturgy NOA, Naturgy SJ). Naturgy mantiene así una trayectoria de cumplimiento de sus compromisos con todos sus grupos de interés y avanza en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027 desde una posición de fortaleza, puntualizó.
El grupo Naturgy mejoró su perfil financiero durante el semestre. La deuda neta se situó en 11.745 millones de euros al cierre de junio, frente a los 12.317 millones registrados a cierre de 2025, apoyada en una fuerte generación de caja. La ratio deuda neta/Ebitda de los últimos doce meses fue de 2,2x, un nivel que otorga a la compañía una importante flexibilidad y capacidad financiera para acometer nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo la disciplina financiera y de asignación de capital, se describió.
Naturgy focalizó sus inversiones globales del periodo en redes de distribución y proyectos de generación renovable, los dos principales ejes de crecimiento contemplados en su Plan Estratégico 2025-2027, con criterios de rentabilidad, certidumbre de ejecución y aportación de valor a largo plazo.
En Renovables, la capacidad instalada alcanzó 8,4 GW, incluyendo baterías. La compañía cuenta con cerca de 1,3 GW adicionales en construcción, de los cuales está previsto que la mitad entre en operación antes del final del 2026, reforzando el crecimiento selectivo del grupo y su contribución a la transición energética.
Nueva etapa de crecimiento y mejora de perspectivas
La compañía encara ahora una nueva etapa de crecimiento con una elevada capacidad para inversiones que aporten valor de forma selectiva y sostenida, se indicó.
La evolución del primer semestre permite a Naturgy mejorar los objetivos previstos para 2026 dentro del Plan Estratégico 2025-2027: el Ebitda superará según las nuevas perspectivas los 5.500 millones de euros al cierre del ejercicio, un 4 % más, y el beneficio neto se situará por encima de los 2.100 millones, un 10 % más que en 2025. En cuanto a la deuda neta, se reducirá hasta los 13.000 millones, un 4 % menos.
Entre los hitos más relevantes del primer semestre destaca también la positiva evolución del free float, que ya supera el 46 %, el nivel más alto de la historia de la compañía.
“A la vista de los resultados conseguidos, el Consejo de Administración ha aprobado el pago de un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 0,60 euros por acción, que se abonará el próximo 29 de julio. Esta retribución se enmarca en la política de remuneración al accionista comprometida en el Plan Estratégico 2025-2027, y siempre condicionada al mantenimiento del rating BBB, algo que no está en riesgo”, se anunció.
Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy sostuvo que “Naturgy vuelve a demostrar la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para cumplir sus compromisos incluso en un entorno muy exigente. La compañía afronta ahora una nueva etapa con un balance sólido, una nueva estructura accionarial, y una estrategia centrada en la disciplina financiera y la creación de valor sostenible. La evolución de los precios internacionales del gas anticipa un invierno complejo ante el que la compañía trabaja para garantizar su compromiso con la seguridad de suministro”, señaló.
Los inversores de la plaza local volcaron su liquidez a títulos energéticos en el mercado local, donde el 99,4% de las emisiones del sector se estructuró en dólares.
Durante el primer semestre de 2026, las empresas energéticas captaron US$ 5.307 millones en el mercado local de Obligaciones Negociables, representando el 55,1% del total emitido en la Argentina. Con un marcado dinamismo entre el primer y segundo trimestre y una dolarización casi total del 99,4%, el sector consolidó su curva de crédito propia, aunque con una dispersión de tasas y plazos.
Un reporte de RICSA, sociedad de bolsa, detalló este martes que el mercado primario de ONs cerró el primer semestre de 2026 con un volumen total adjudicado de US$ 9.632 millones distribuidos en 169 series. Este resultado implicó un crecimiento del 8% en comparación con el mismo período del año anterior, reflejando un marcado dinamismo del financiamiento corporativo.
Dentro de este escenario, el sector energético volvió a posicionarse como el motor indiscutido del mercado -tal como ocurrió en 2025- al concentrar el 55,10% del monto total emitido, lo que equivalió a US$ 5.307 millones. El dato sobresale al constatar que este volumen se obtuvo con solo 24 emisiones, representando apenas el 14% del total de las series colocadas en el semestre.
El comportamiento del flujo financiero mostró una aceleración sustancial en el transcurso del año. Mientras que en el primer trimestre las empresas del sector captaron US$ 1.848 millones a través de 11 series, entre abril y junio el monto saltó un 87% hasta alcanzar los US$ 3.459 millones en 13 colocaciones.
Menos emisiones con mayor volumen de financiamiento
Un rasgo distintivo de la primera mitad del año radicó en la mayor envergadura de las operaciones, se destacó en el reporte. En relación con el primer semestre de 2025, la cantidad de series emitidas por empresas de energía cayó de 37 a 24, pero el promedio emitido por transacción trepó un 66%, al pasar de US$ 133 millones a US$ 221 millones por emisión.
En cuanto a la moneda de denominación, el sector operativo con necesidades intensivas de capital optó de manera casi unánime por el dólar. El 99,4% de las colocaciones energéticas se estructuró en moneda dura o instrumentos dollar linked, consolidando una diferencia drástica frente al mercado general, donde la emisión en pesos alcanzó un 42%.
La concentración del volumen por actores mantuvo el liderazgo de las grandes operadoras integradas y distribuidoras. La nómina estuvo encabezada por YPF S.A. con US$ 833 millones en tres series, seguida por Pampa Energía con US$ 700 millones, Edenor con US$ 640 millones, Pluspetrol con US$ 617 millones y Vista Energy con US$ 500 millones.
En conjunto, los diez principales emisores explicaron el 90,8% del financiamiento captado por el sector energético y el 50% de la masa de recursos colocados en todo el mercado de ONs. De hecho, la suma de los tres primeros —YPF, Pampa Energía y Edenor— justificó por sí sola el 41% de la liquidez capturada en el país durante los primeros seis meses del año.
Una dispersión de tasa para colocaciones selectivas
Respecto al costo del capital, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ponderada para la industria energética se ubicó en 8,1% en dólares, lo que representó un incremento frente al 7,3% registrado en el mismo lapso del período precedente. Este comportamiento se dio en un contexto de profundización en la evaluación del riesgo crediticio por parte del mercado.
La dispersión intra-sectorial evidenció un spread de hasta 640 puntos básicos entre los extremos de la curva. Mientras Pampa Energía logró convalidar la tasa más baja con un 5% TNA, la compañía CGC registró el tope superior de la franja al colocar títulos al 12% TNA. No obstante, más del 60% de las emisiones del sector se pactaron entre el 8% y el 10%.
Finalmente, la dinámica de plazos no mostró una penalización por extensión en la maduración de los títulos. Emisores como Vista Energy y Pampa Energía consiguieron financiamiento a plazos máximos de 146,1 y 139,8 meses —superando los 10 años— a tasas de 8% y 5% respectivamente, mientras que colocaciones de corto plazo a 2 y 3 años requirieron rendimientos del 11% al 12%.
El gobierno de Neuquén finalizó este año la primera etapa del bypass de Añelo, otro tramo clave de las rutas en Vaca Muerta.
El gobierno de Neuquén y empresas petroleras trabajan en los detalles finales de un nuevo esquema de financiamiento para pavimentar y repavimentar rutas en Vaca Muerta por unos 300 millones de dólares. A diferencia del fideicomiso que se creó el año pasado para la ejecución del bypass de Añelo, los aportes esta vez llegarían a través de adelantos de regalías y canon de producción.
El proyecto había sido anunciado por el gobernador Rolando Figueroa el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones legislativas, como una de las leyes a enviar en el primer semestre del año junto con el acuerdo con YPF por el GNL. Si bien este último ya fue aprobado por los diputados en junio, el financiamiento para las rutas petroleras viene más demorado.
A fines de marzo, Figueroa firmó con las 11 operadoras participantes una adenda al memorándum de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que ya habían acordado previamente en donde se definieron cuáles son las rutas que se financiarán con este esquema.
Las empresas que integran el acuerdo son YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy. Las dos últimas no habían participado del fideicomiso anterior.
Figueroa afirmó que son las obras de infraestructura que la provincia necesita para elevar la productividad de Vaca Muerta y llegar al plateau de producción esperado hacia el año 2030.
La saturación actual de las rutas del corredor petrolero de la provincia no solo representa pérdidas económicas para las operadoras, por las demoras que genera el mal estado de los caminos y la cantidad de camiones y vehículos que circulan, sino un incremento de incidentes de tránsito.
Tras una sucesión de siniestros, Neuquén tuvo que declarar el año pasado la emergencia vial e implementar un esquema de restricciones horarias con refuerzo de los operativos de control.
Las rutas que se van a ejecutar
La ampliación de infraestructura vial hacia los yacimientos de Vaca Muerta comenzó con el bypass de Añelo, cuya primera etapa finalizó la Provincia con financiamiento propio y que completarán las petroleras en los 51 kilómetros restantes a través del fideicomiso.
Esa obra fue adjudicada en abril a la UTE Luis Losi SA y Rovella Carranza SA directamente por las empresas, que son las encargadas de ejecutar y financiar la pavimentación. Según pudo saber EN/CLAVE, esos trabajos ya comenzaron, pero aún no se conoce fecha estimada de finalización.
Las obras que incluirá este nuevo convenio con operadoras implican la intervención sobre cuatro rutas provinciales.
La primera que se iniciará, según anunció el gobernador, será la pavimentación de la Ruta 8, desde el empalme de Ruta 6 hasta el Camino de la Tortuga. La Provincia ya está ejecutando con fondos propios el tramo de la Ruta 6 desde Rincón de los Sauces hasta esa intersección con Ruta 8, en la zona de Crucero Catriel, por lo que, además de sumar asfalto nuevo, se rehabilitará el que actualmente se encuentra deteriorado.
Esto permitirá conectar Neuquén capital con Rincón de los Sauces por pavimento, sin necesidad de pasar por Añelo.
Además, el convenio incluirá la pavimentación y repavimentación de la Ruta 51 (Mari Menuco), entre el empalme con la Ruta 8 y el empalme con la Ruta 17; la repavimentación de la Ruta 8, entre el empalme con la Ruta 51 y el empalme con la Ruta 7; y la repavimentación de la Ruta 7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la Ruta 8.
Anticipos de regalías
El gobierno acordó con las petroleras que participaron del fideicomiso Bypass de Añelo un esquema por el cual las propias operadoras financian, licitan y ejecutan la obra bajo supervisión de Vialidad Provincial. El acuerdo, que se ratificó por ley, establece que pasará a manos de Neuquén en calidad de donación con cargo cuando esté finalizada y su repago se hará a través del cobro de peaje.
En este segundo convenio, en cambio, los aportes serán considerados como anticipos de regalías y canon extraordinario de producción, con la posibilidad de sumar también una eventual contribución por peajes.
Desde el gobierno provincial indicaron a EN/CLAVE que la negociación con las empresas «avanzó bastante» y que solo resta firmar el documento final, algo que se estimó en alrededor de un mes.
Fuentes de la industria indicaron que la discusión actual involucra el plazo de repago y el costo financiero que implicará el adelanto de regalías. Figueroa había dicho en marzo, cuando anunció el convenio, que se trataba de las regalías «a cobrar recién con el incremental que tengamos por entre 2029 y 2030».
El esquema habilitaría un sistema de pagos en función del avance de las obras que, en este caso, quedarían en manos de la Provincia y no de las operadoras.
Si bien se había anunciado como un segundo fideicomiso, por lo que se conoció hasta el momento no se acudiría a este tipo de herramienta, sino que se firmará un acuerdo marco entre las empresas y el gobierno de Neuquén donde se fijen las condiciones, el cual será enviado luego a la Legislatura para su ratificación.
Cinco grupos empresarios continúan en carrera para quedarse con el paquete de control que la petrolera que conduce Horacio Marín.
El Citibank recibirá este jueves al mediodía las ofertas económicas vinculantes (binding offers) para adquirir la participación accionaria que YPF posee en Metrogas, la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina.
Cinco grupos empresarios continúan en carrera para quedarse con el paquete de control que la petrolera que conduce Horacio Marín busca desprenderse como parte de su estrategia de desinversión de activos no estratégicos.
Según pudo reconstruir EconoJournal, los interesados que llegarán a la instancia final del proceso son MSU Energy, la compañía que lidera Manuel Santos Uribelarrea; EcoGas, una de las cuatro principales empresas del segmento de distribución (controla Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana), que es propiedad de accionistas locales entre los que figuran Guillermo Reca, Ronaldo Strazzolini, Eduardo Escasany y Guillermo Pérez Moore, entre otros; Integra Capital, el holding encabezado por José Luis Manzano, que participará junto con algunos de sus socios en Edenor, entre ellos Edgardo Filiberti; el Grupo Pierri, propietario de Telecentro; y Grupo Sofía, uno de los accionistas de Litoral Gas.
En cambio, el grupo encabezado por el empresario Georgie Neuss, que analizaba participar con respaldo de un fondo de inversión de origen árabe, finalmente resolvió desistir del proceso y no presentar una oferta vinculante.
Fuentes privadas que participan de la operación estimaron que las propuestas económicas podrían ubicarse en un rango de entre US$ 500 millones y US$ 800 millones, aunque aclararon que el valor definitivo dependerá, entre otros factores, de la resolución de un aspecto regulatorio que todavía permanece abierto.
La licencia, el tema pendiente
Fuentes privadas que siguen de cerca la operación consultadas por EconoJournal manifestaron su sorpresa porque el proceso de venta ingresó en su etapa decisiva sin que el Estado nacional haya formalizado todavía la prórroga por 20 años de la licencia de distribución de Metrogas.
Las mismas fuentes señalaron que tanto las áreas técnicas y legales del ex Enargas —hoy integrado al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE)— como la Secretaría de Energía ya concluyeron el análisis jurídico y regulatorio necesario para extender la concesión, pero la formalización de la extensión está demorada desde hace meses.
Por ese motivo, las ofertas que recibirá el Citibank serán presentadas ad referendum de que el Gobierno finalmente apruebe la extensión de la licencia de distribución, tal como contempla el nuevo esquema regulatorio previsto por la Ley Bases.
En el mercado existía consenso en que la extensión de la concesión constituía una condición relevante para robustecer el atractivo del activo que YPF busca vender. Por eso, varios actores del sector observan con atención si la ausencia de una resolución formal terminará impactando sobre las valuaciones económicas que presentarán los interesados.
Cómo está estructurada la operación
YPF no está transfiriendo directamente las acciones que posee en Metrogas, sino su participación en Gas Argentino S.A. (GASA), la sociedad que controla la distribuidora. A través de GASA, YPF ejerce el control de Metrogas, mientras que el resto del capital permanece distribuido entre otros accionistas y el mercado.
Las ofertas que recibirá el Citibank serán presentadas ad referendum de que el Gobierno finalmente apruebe la extensión de la licencia de distribución.
A nivel de Metrogas, YPF posee aproximadamente el 70% del capital accionario. Esa participación comprende la totalidad de las acciones Clase A —equivalentes al 51% del capital— y una participación adicional en acciones Clase B. El resto del capital se reparte entre Integra Gas Distribution, con cerca del 9%; el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, con aproximadamente el 8%; y un flotante cercano al 13% que cotiza en el mercado local.
La operación que lidera el Citibank apunta a transferir el paquete de control de GASA y, con ello, el control efectivo de Metrogas, sin modificar la condición de la compañía como sociedad abierta que cotiza en Bolsa.
Un activo estratégico
Metrogas es la mayor distribuidora de gas natural del país y abastece a más de 2,4 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. Su área de concesión concentra la mayor demanda residencial y comercial de la Argentina, lo que la convierte en uno de los activos regulados más relevantes del sector energético.
Si la prórroga de la licencia continúa sin oficializarse, el mercado tendrá una referencia concreta sobre cuánto descuentan los inversores esa incertidumbre en el precio que finalmente estarán dispuestos a pagar por el control de Metrogas.
La balanza comercial energética volvió a consolidarse como uno de los principales motores del ingreso de divisas para la Argentina durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz, el saldo del sector mejoró u$s2.207 millones respecto del mismo período de 2025, explicado casi en su totalidad por el fuerte crecimiento de las exportaciones de energía.
El estudio señala que, solo en junio, la balanza energética registró un superávit de u$s611 millones, producto de exportaciones por u$s1.406 millones e importaciones por u$s794 millones. En el acumulado del primer semestre, la mejora interanual del saldo energético alcanzó los u$s2.207 millones.
Según el análisis de Argañaraz, este resultado se explica por un incremento de u$s2.274 millones en las exportaciones, parcialmente compensado por un aumento de u$s67 millones en las importaciones.
El informe que recibió Energy Report destaca que el desempeño responde tanto a una mejora en los precios internacionales como, principalmente, al crecimiento de los volúmenes exportados. Los dos motivos son dos: la guerra en Medio Oriente y una mayor actividad de Vaca Muerta.
Al descomponer la evolución del saldo comercial energético entre efecto precio y efecto cantidad, Argañaraz concluye que el primero aportó u$s552 millones, mientras que el aumento de las cantidades comercializadas explicó otros u$s1.656 millones. La combinación de ambos factores dio como resultado una mejora neta de u$s2.207 millones frente al primer semestre del año pasado.
En otras palabras, si bien la evolución de los precios internacionales colaboró con el resultado, el principal motor del superávit fue el incremento de la producción y de las exportaciones energéticas.
El mejor primer semestre de la última década
El gráfico elaborado por Argañaraz en base a datos del INDEC muestra un cambio de tendencia histórico en la balanza comercial energética. Tras varios años de fuertes déficits, con un piso cercano a los u$s5.200 millones en 2022, producto del incremento de las importaciones de gas y combustibles, el sector inició una rápida recuperación en 2023, consolidó el superávit en 2024 y alcanzó un nuevo récord en 2025.
Entre 2017 y 2022 la balanza energética alternó pequeños superávits con déficits crecientes, hasta tocar su peor registro en el primer semestre de 2022, con un rojo cercano a u$s4.600 millones, impulsado por el fuerte aumento del costo de las importaciones de energía tras la invasión rusa a Ucrania.
A partir de 2023 comenzó una recuperación acelerada. El déficit se redujo aproximadamente un 76% respecto de 2022, mientras que en 2024 el país volvió al superávit, con una mejora interanual superior al 350%. En 2025 el saldo positivo siguió expandiéndose otro 35,7%, y 2026 marca un nuevo récord histórico, con un superávit acumulado cercano a u$s6.000 millones, un 57,9% superior al de igual período del año anterior y el mejor primer semestre de toda la serie analizada.
Sin dudas, la evolución refleja el impacto del crecimiento de la producción de Vaca Muerta, el aumento sostenido de las exportaciones de petróleo y gas y la sustitución de importaciones energéticas, consolidando a la energía como uno de los principales motores de generación de divisas para la economía argentina.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que la provincia buscará recuperar la concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, actualmente en manos de Aluar desde hace tres décadas, sin que esto comprometa el contrato vigente con la empresa. La concesión fue extendida hasta diciembre de 2026, mientras se avanza en la organización de una nueva licitación internacional para definir su futuro.
Torres explicó que el control de la represa y el abastecimiento energético a Aluar son procesos que pueden coexistir. Subrayó que, aunque Aluar seguirá siendo cliente clave, eso no implica que mantenga un rol preponderante en la próxima concesión. En paralelo, la empresa está invirtiendo en parques eólicos y sistemas de almacenamiento para aumentar su autonomía energética.
El mandatario provincial remarcó que la estrategia judicial de Chubut persistirá para reclamar la titularidad de la concesión, fundamentando el reclamo en que los recursos hidroeléctricos pertenecen a la provincia según la Constitución. Considera la central un activo estratégico y un símbolo de soberanía energética para Chubut. La Justicia ya aceptó intervenir en la demanda presentada y, en caso de no alcanzar un acuerdo previo a la licitación, será el ámbito judicial quien determine el poder concedente.
Para despejar dudas sobre el futuro de Aluar en el nuevo esquema, Torres afirmó que la empresa continuará siendo un actor central, dado que mantiene vigente el contrato de suministro eléctrico y deberá participar en las negociaciones futuras sobre la compra de energía del complejo hidroeléctrico.
Este anuncio adquiere especial relevancia en medio del debate sobre la continuidad y el impacto que un cambio en la concesión podría tener en el suministro eléctrico de la planta de aluminio ubicada en Puerto Madryn, que depende de Futaleufú.
En paralelo, Aluar avanza en una estrategia para fortalecer su independencia energética. La compañía consolidó una capacidad de generación eólica propia de 582 MW, lo que le permite cubrir una parte creciente de su demanda con recursos propios. Además, recientemente obtuvo adjudicaciones en convocatorias oficiales que le sumarán 80 MW de potencia instalada en Buenos Aires y el noreste argentino.
Este proyecto incluye la instalación de dos centrales de almacenamiento con baterías —30 MW en San Fernando y 50 MW en Goya—, con una inversión cercana a los US$ 50 millones. Así, la empresa busca diversificar sus fuentes de energía, ganar flexibilidad operativa y afrontar la relicitación de Futaleufú con mayor capacidad de autoabastecimiento.
Vista Energy reportó un crecimiento destacado en su producción y resultados financieros durante el segundo trimestre de 2026, período en el que finalizó la adquisición de los activos de Equinor en Vaca Muerta. Esta combinación entre expansión orgánica y compra estratégica posicionó a la empresa como la principal productora independiente de petróleo y el mayor exportador de crudo del país.
Durante el trimestre de abril a junio, la producción de Vista alcanzó 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), lo que representa un aumento del 32% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este impulso se atribuye tanto al desarrollo de sus activos en Vaca Muerta como a la consolidación de los bloques adquiridos a Equinor desde mayo.
En cuanto a costos, el lifting cost –el costo de extracción por barril equivalente– descendió un 4%, ubicándose en 4,5 dólares por barril. Este descenso se produjo simultáneamente al crecimiento en la escala productiva, reflejando una mayor eficiencia operativa.
La compañía también destacó un aumento significativo en sus exportaciones, que crecieron un 54% interanual. En total, exportó 8,6 millones de barriles de petróleo en el trimestre, cifra que representa el 72% del total de sus ventas. “Desde la adquisición de los activos de Petronas en abril de 2025, Vista se mantiene como el mayor exportador de crudo del país”, afirmaron desde la empresa.
Los resultados económicos reflejan esta expansión: los ingresos totales alcanzaron 1.150 millones de dólares, un aumento del 89% respecto al segundo trimestre de 2025, impulsados por el mayor volumen de producción y la favorable evolución de los precios internacionales.
El Ebitda ajustado del trimestre se ubicó en 805 millones de dólares, casi duplicando (+99%) la cifra del año anterior, mientras que la utilidad neta fue de 322 millones de dólares, un 37% superior a la registrada en el mismo periodo de 2025 y un 199% más que en el trimestre previo.
Durante estos meses, la inversión de Vista ascendió a 467 millones de dólares, principalmente destinados a la perforación y completación de 27 nuevos pozos. El flujo de caja libre, excluyendo el pago por la compra de activos de Equinor, fue de 491 millones de dólares, gracias a la mejora en el Ebitda ajustado y la gestión del capital de trabajo.
Al cierre del trimestre, el ratio de apalancamiento neto fue de 1,41 veces el Ebitda ajustado, y en base proforma, considerando los últimos doce meses de los activos adquiridos, este indicador bajó a 1,25 veces.
En mayo, Vista anunció la compra de la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, con la expectativa de sumar 22.000 barriles diarios y alcanzar una producción superior a 160.000 boe/d. Si bien la producción del segundo trimestre quedó en 156.000 boe/d, representa un avance sustancial frente al año anterior.
Además, la empresa proyecta un plan de inversiones para 2026 de 1.800 millones de dólares, un 12,5% más que lo estimado en noviembre de 2025, y prevé un Ebitda ajustado anual de 3.000 millones de dólares, un 58% por encima de la proyección inicial. La meta es alcanzar una producción de 208.000 boe/d para 2028, con inversiones totales que podrían alcanzar los 5.600 millones de dólares entre 2026 y 2028.
Los precios internacionales del petróleo siguen en alza y se acercan a los US$95 este miércoles, ante la persistencia de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la inseguridad del paso por el estrecho de Ormuz.
El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 3,63%, cotizando a 94,28 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 3,35% y se ubica en 87,17 dólares por barril.
Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en los últimos días volvió a avanzar por nuevos desencuentros.
El retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, que incluye ataques de ambos lados en las últimas jornadas tras la declaración de Donald Trump sobre el fin del acuerdo al señalar que “se ha terminado”.
La continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones produce la inestabilidad del tránsito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.
En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, apuntó contra la voluntad negociadora de Irán al señalar que “el problema que tenemos ahora es que no se toman en serio las conversaciones. Si van en serio, nosotros hablamos en serio. Si no lo están, haremos lo necesario para proteger nuestros intereses y también los intereses de nuestros aliados”.
El Gobierno reglamentó la libre exportación de hidrocarburos y creó un nuevo registro simplificado para agilizar las ventas al exterior de petróleo, gasolinas y derivados.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 166/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La normativa instrumentada por la Secretaría de Energía redefine el marco regulatorio para la comercialización externa de recursos energéticos en Argentina en línea con la política desreguladora que viene implementando la administración de Javier Milei.
En el texto oficial, se explicó que el cambio normativo busca dar cumplimiento a los principios de libre mercado y libre concurrencia establecidos en el Decreto 70/2023 y la Ley Bases, limitando la intervención estatal solo a lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad del suministro.
El punto central de la reforma es la creación del Registro de Operaciones de Exportación, bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos. En este registro se asentarán todas las notificaciones de exportación, las eventuales objeciones y las “Constancias de Libre Exportación”.
Los productos alcanzados por este régimen de registro incluyen:
Aceites crudos de petróleo y de mineral bituminoso.
Gasolinas (excepto de aviación).
Gasoil.
Propano (crudo y otros).
Butano.
Gas Licuado de Petróleo (GLP).
La normativa derogó la Resolución 241/2017, bajo la cual, los exportadores debían demostrar que habían ofrecido previamente el producto al mercado interno antes de obtener el permiso de exportación. El Gobierno consideró que este mecanismo no cumplía con su finalidad de asegurar el abastecimiento y generaba distorsiones que no se adecuaban a los nuevos principios de libertad comercial.
Ahora, los permisionarios y concesionarios tienen el dominio sobre los hidrocarburos que extraen y pueden comercializarlos y exportarlos libremente, sujetos a un régimen de “no objeción” basado en criterios técnicos y económicos.
En este marco, se introdujo un procedimiento ágil realizado a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). La autoridad podrá realizar alguna objeción dentro de 30 días hábiles para aceites crudos, gasolinas y gasoil y en un lapso de 7 días hábiles para propano, butano y GLP.
En caso de que la Secretaría de Energía no se expida en esos plazos, se aplica el silencio con sentido positivo, permitiendo al interesado exigir la emisión de su Constancia de Libre Exportación. Esta constancia otorga estabilidad a la operación, garantizando que el derecho a exportar no sea interrumpido durante el programa de embarques.
Para contratos que excedan los 12 meses, la norma exige documentación adicional, como contratos firmes y proyecciones de reservas probadas de las áreas de origen. Asimismo, para proyectos que requieran nueva infraestructura, se contempla una articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), facilitando los trámites a quienes ya hayan iniciado su adhesión a dicho régimen.
La Secretaría de Energía de la Nación aprobó, a través de la Resolución 166/2026, un nuevo Procedimiento de Exportación de Hidrocarburos Líquidos y sus Derivados, y creó el Registro de Operaciones de Exportación, consolidando en un único marco normativo las reglas que estaban dispersas en tres resoluciones distintas, algunas con más de 30 años de vigencia.
La medida, se indicó, “se enmarca en los principios de libre mercado establecidos por la Ley Bases (27.742) y el Decreto 70/2023, que reconocen a productores y comercializadores el derecho a exportar libremente los hidrocarburos que extraen, sujeto únicamente a la no objeción de la Secretaría de Energía por razones fundadas de abastecimiento interno”.
La S.E. describió que hasta ahora el exportador debía publicar previamente una oferta de venta del producto en el mercado interno, dirigida a toda la cadena comercial, antes de poder tramitar la autorización de exportación.
“Este mecanismo, vigente desde 2017 y extendido en 2023 a las exportaciones de petróleo crudo por oleoductos transfronterizos, generaba pasos burocráticos adicionales sin cumplir eficazmente su objetivo original de garantizar el abastecimiento doméstico”, se argumentó, señalando que “A esto se sumaba una resolución de 1994 que exigía a los exportadores información adicional ya reportada por otras vías, duplicando trámites”.
Con la nueva resolución se elimina el requisito de oferta previa obligatoria y se avanza hacia un esquema de notificación de exportación, con un plazo acotado de 30 días para que la Secretaría formule objeciones fundadas en motivos técnicos o económicos vinculados a la seguridad de suministro.
Vencido ese plazo, la exportación queda habilitada. Se crea además un Registro único de Operaciones de Exportación que ordena todas las notificaciones, objeciones y constancias de libre exportación, y se derogan las tres normas superpuestas que regían la materia, simplificando el marco a un solo procedimiento.
Los productos alcanzados incluyen petróleo crudo, gasolinas, gasoil, propano, butano y GLP, y la Secretaría podrá ajustar ese listado según las condiciones del mercado interno.
Energía remarcó que “el Gobierno Nacional continúa con la eliminación de trabas burocráticas y en la construcción de un marco regulatorio previsible y alineado a las reglas del libre mercado, que impulse la inversión, la competitividad del sector energético y la integración de la Argentina al comercio internacional, sin resignar las herramientas necesarias para garantizar el abastecimiento energético de todos los argentinos”.
El próximo 5 de agosto, en los auditorios de la UCA, se realizará el II Congreso y Rueda de Negocios en Energía – El Mapa de la Demanda 2026/2027, organizado por Grupo Runrún. El encuentro está diseñado para que las pymes accedan, en un mismo día, a la información técnica que estructura los grandes proyectos energéticos y mineros del país y a una rueda de negocios B2B con responsables de Procura.
Durante la mañana, los Gerentes de Proyecto de las principales energéticas y mineras presentarán el estado general de sus desarrollos y el nivel técnico que exige cada operación. Las compañías expondrán la etapa en la que se encuentra cada proyecto, los avances de infraestructura habilitante, los estándares operativos aplicados y los requisitos técnicos que deben cumplir las empresas que buscan integrarse a operaciones de gran escala. Es una instancia diseñada para entender cómo se configuran los proyectos y qué capacidades serán necesarias en los próximos meses dentro de la cadena de suministros.
El Mapa de la Demanda 2026/2027 organiza la actividad en cinco sectores estratégicos: Oil & Gas, Minería, Electricidad, Industria y Tecnología. La información detallada se presenta en sala, directamente por las empresas, en un contexto de expansión simultánea de estos cinco vectores.
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Por la tarde, el encuentro se transforma en una rueda de negocios con foco operativo. Las corporaciones atienden únicamente a proveedores validados y precalificados, en reuniones uno a uno de quince minutos. Las agendas de la rueda son cerradas y no se modifican en sala, porque están diseñadas para conversaciones técnicas y evaluación de capacidades.
El networking general se desarrolla en las áreas comunes del Congreso, donde los asistentes pueden interactuar con otros proveedores, equipos técnicos y referentes del sector en un entorno abierto y no estructurado.
El evento también será el marco para la presentación de enerbuy.store, la plataforma desarrollada junto al CONICET para normalizar catálogos industriales, asegurar trazabilidad de calidad y ordenar la información técnica que circula en la cadena de suministros de energía, minería e industria. La herramienta incorpora a proveedores que hoy están fuera del ecosistema energético y establece un estándar operativo que se proyecta como referencia en las compras industriales de los próximos años.
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Las compañías interesadas en participar deberán completar el formulario correspondiente en:
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sumó dos nuevos proyectos de petróleo no convencional en Vaca Muerta.
El Ministerio de Economía aprobó la iniciativa de Pampa Energía para desarrollar el bloque Rincón de Aranda, mientras que Vista Energy presentó su solicitud para impulsar Bandurria Norte. En conjunto, las inversiones ascienden a US$ 10.300 millones y se integran a un paquete total de propuestas por US$ 67.000 millones vinculadas al desarrollo de la formación neuquina.
El proyecto de Pampa Energía contempla una inversión de US$ 4.522 millones para perforar 259 pozos horizontales y desarrollar el área Rincón de Aranda, en Añelo. La iniciativa incluye la construcción de una planta de tratamiento con capacidad para procesar 45.000 barriles diarios de crudo y 800.000 metros cúbicos de gas por día, además de oleoductos, gasoductos y obras de infraestructura asociadas para evacuar la producción. Se trata del primer proyecto de petróleo no convencional aprobado bajo el RIGI.
Vista Energy presentó su solicitud para desarrollar Bandurria Norte, con una inversión estimada de US$ 5.800 millones. El plan prevé la perforación de 332 pozos horizontales para alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios en una superficie de 10.700 hectáreas. La compañía estima generar exportaciones por US$ 17.000 millones a partir del desarrollo del bloque, que constituye su primer proyecto masivo fuera del hub operativo conformado por Bajada del Palo, Aguada Federal, Coirón Amargo Norte y las zonas de La Amarga Chica y Bandurria Sur.
El RIGI también concentra proyectos de infraestructura clave para la evacuación de hidrocarburos. Entre ellos se encuentra el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una obra de 473 kilómetros que conectará Allen con Punta Colorada y que implica una inversión de US$ 3.000 millones. El ducto, impulsado por un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol, permitirá transportar 180.000 barriles diarios hacia el Atlántico. En paralelo, el Gasoducto San Matías, aprobado bajo el RIGI, demandará US$ 1.300 millones y será la infraestructura base para el proyecto exportador de GNL en el Golfo San Matías.
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Otros operadores también presentaron solicitudes para proyectos de gran escala. Tecpetrol busca desarrollar Los Toldos II Este con una inversión de US$ 2.400 millones. Pluspetrol presentó un plan de US$ 12.000 millones para Bajo del Choique – La Invernada, que prevé más de 600 pozos y cuatro plantas de tratamiento. Chevron solicitó la adhesión al RIGI para El Trapial, con una inversión estimada en US$ 13.800 millones destinada al desarrollo de shale oil y obras asociadas.
El crecimiento de la producción en Vaca Muerta continúa acompañado por la expansión de la infraestructura. En mayo, la producción nacional de petróleo alcanzó 903.700 barriles diarios, un máximo histórico, con la formación neuquina aportando cerca del 70% del total. La actividad genera alrededor de 37.000 empleos directos y se proyecta un incremento asociado a las obras industriales y urbanas vinculadas a los nuevos desarrollos.
Las iniciativas presentadas bajo el RIGI combinan perforación masiva, plantas de tratamiento y ductos de evacuación, elementos centrales para sostener la expansión del shale y consolidar la capacidad exportadora del país. El régimen se consolida como una herramienta para ordenar proyectos de gran escala, articular infraestructura y acelerar la conversión de recursos en producción y divisas.
Argentina y Canadá avanzan en la actualización del Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones, firmado en 1992 y vigente desde hace más de tres décadas.
El tratado establece reglas de protección para el capital canadiense en el país y define estándares de trato justo, libre transferencia de fondos y mecanismos de resolución de disputas. La revisión del acuerdo se enmarca en un contexto de mayor interés de empresas canadienses por invertir en minería, energía y agro en Argentina.
El embajador de Canadá en el país, Stewart Wheeler, confirmó que ambos gobiernos trabajan en la modernización del FIPA, cuyo texto quedó desfasado frente a los estándares actuales de inversión internacional. La actualización permitiría incorporar cláusulas ambientales, mecanismos de transparencia y normas modernas de arbitraje, además de alinearse con las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Canadá y el Mercosur, que continúa en proceso de discusión.
Canadá es el principal origen de capital minero en Argentina. Más del 50% de las exploraciones en curso corresponden a empresas canadienses, con presencia en proyectos de litio en Catamarca, Salta y Jujuy; cobre en San Juan y Catamarca; y oro y plata en Santa Cruz y San Juan. El país norteamericano también participa en iniciativas vinculadas a hidrocarburos, energías renovables y servicios tecnológicos para redes eléctricas, consolidando una presencia diversificada en sectores estratégicos.
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El diplomático destacó que la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad regulatoria son factores determinantes para las decisiones de inversión. Señaló que la comunidad empresarial canadiense observa con atención las reformas económicas implementadas por el Gobierno argentino y evalúa oportunidades en minería, petróleo y gas, energías renovables y agroindustria. La complementariedad entre ambas economías, especialmente en minerales críticos y tecnología energética, es uno de los ejes que impulsa la agenda bilateral.
El FIPA de 1992 permitió consolidar la llegada de capital canadiense durante los años noventa, con un pico de inversión de USD 559 millones en 1997. La actualización del acuerdo busca adecuar ese marco a las condiciones actuales del mercado global y reducir el riesgo regulatorio para proyectos de gran escala, en un momento en que Argentina procura atraer inversiones para desarrollar su cartera de litio, cobre y energía.
La negociación del tratado y el avance del acuerdo Canadá–Mercosur conforman una agenda estratégica para ambos países. Para Argentina, representan la posibilidad de fortalecer la llegada de capital minero y energético; para Canadá, la oportunidad de consolidar su presencia en una de las jurisdicciones con mayor potencial geológico de la región.
La producción de petróleo de YPF se mantuvo estable en junio, pero la dinámica interna de sus bloques mostró un comportamiento heterogéneo.
Narambuena, ubicada en la ventana norte de Vaca Muerta, registró un crecimiento mensual del 25,3% y se convirtió en el bloque de mayor expansión dentro del portafolio de la compañía. Con 6.108 barriles diarios, escaló posiciones en el ranking y consolidó la tendencia de avance hacia zonas menos desarrolladas de la formación.
Los datos oficiales de la Secretaría de Energía indican que YPF produjo 348.521 barriles diarios en junio, apenas un 0,86% menos que en mayo. La estabilidad mensual convive con una reconfiguración interna marcada por el crecimiento de Narambuena y el aporte sostenido de los grandes desarrollos de la formación. Loma Campana volvió a liderar con 86.469 barriles diarios, equivalentes al 24,8% del total operado; La Amarga Chica produjo 82.994 barriles diarios y mostró una suba del 5,8%; Bandurria Sur alcanzó 60.269 barriles diarios.
Más atrás se ubicaron La Angostura Sur I, con 42.283 barriles diarios y una mejora del 3,7%; Aguada del Chañar, con 17.163 barriles diarios; La Angostura Sur II, con 11.644; Chachahuen Sur, con 10.515; Chihuido de la Sierra Negra, con 5.386; y Loma La Lata–Sierra Barrosa, con 5.127 barriles diarios. La composición del portafolio muestra que, aun con variaciones mensuales, la compañía sostiene un núcleo de producción consolidado en la ventana central y sur de la formación.
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El desempeño de Narambuena refleja el avance de la actividad hacia la ventana norte, una zona que comienza a ganar relevancia dentro de la estrategia de desarrollo de YPF. La compañía concentra toda su producción en la Cuenca Neuquina desde mayo, luego de retirarse de los campos convencionales de otras regiones. En ese marco, la ventana norte aparece como un área de crecimiento que complementa los desarrollos consolidados y amplía la frontera operativa del shale.
La comparación interanual muestra una dinámica distinta a la mensual. Mientras la producción total de YPF retrocedió 1,39% frente a junio del año pasado, la producción en la Cuenca Neuquina creció 17,94%, evidenciando el peso creciente de los desarrollos no convencionales dentro del negocio de la compañía. La expansión hacia nuevas áreas de la formación requiere infraestructura, servicios y logística capaces de acompañar la escala del shale, en un contexto donde la ventana norte comienza a integrarse al mapa productivo de Vaca Muerta.
Relevamientos técnicos de organismos nacionales y entidades multilaterales coinciden en que la infraestructura logística argentina enfrenta fallas estructurales en rutas, ferrocarriles, puertos y pasos fronterizos en un momento de expansión simultánea de hidrocarburos, minería y agro.
El diagnóstico surge de información de Vialidad Nacional, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos y reportes de BID, CAF y CEPAL.
Los datos oficiales muestran que el país moviliza 128 millones de toneladas anuales y deberá absorber cerca de 194 millones hacia 2035, impulsado por Vaca Muerta, la minería del litio y del cobre, y la producción agropecuaria. En ese contexto, los corredores viales más utilizados presentan deterioro severo y saturación. Vialidad Nacional registra deformaciones de entre 15 y 20 centímetros en tramos de las rutas 22 y 151, claves para la logística petrolera. En la Patagonia, la ruta 3 mantiene sectores no habilitados; en el Litoral, las rutas 11 y 33 muestran saturación de camiones y bacheo recurrente.
El sistema ferroviario también exhibe limitaciones. El corredor San Martín requiere intervenciones para sostener el aumento de carga. En Salta, los ramales C14 y C15 figuran como trazas críticas para la logística minera. No existe una conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Neuquén que permita trasladar arena de fractura hacia Vaca Muerta, lo que obliga a transportar por rutas unos 4,5 millones de toneladas anuales, equivalentes a 140.000 camiones por año.
Los pasos fronterizos presentan demoras y cierres frecuentes. El Paso Cristo Redentor registra interrupciones climáticas recurrentes y el Paso Pehuenche no está habilitado para cargas generales. En el NOA, la ruta 34 figura en estado crítico. En Mendoza, la obra de la ruta 40 hacia San Juan permanece paralizada.
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Los accesos a los puertos del Gran Rosario continúan congestionados y la indefinición sobre la administración de la Hidrovía agrega incertidumbre a la logística agroindustrial y energética. La combinación de saturación vial, limitaciones ferroviarias y cuellos de botella portuarios incrementa costos operativos y reduce competitividad exportadora.
Los reportes incorporan además un análisis económico sobre el costo de postergar intervenciones: el mantenimiento rutinario de una ruta demanda entre USD 15.000 y USD 40.000 por kilómetro al año, mientras que una reconstrucción completa puede costar entre USD 1,3 millones y USD 3,5 millones por kilómetro. Intervenir a tiempo resulta hasta diez veces más barato que reconstruir una traza deteriorada.
El estado actual de la infraestructura logística se convierte en un factor determinante para la expansión de Vaca Muerta, la minería y el agro, y condiciona la capacidad del país para sostener mayores volúmenes de producción y exportación.
En una Conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, respondió que “la República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida decisión final de inversión anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de autoridad competente argentina”.
Ravier respondió leyendo el texto antes citado cuando fue preguntado por los periodistas acreditados “si el Gobierno tiene pensado tomar alguna medida respecto a la empresa israelí Navitas, que está empezando el que va a ser el principal proyecto de exploración de petróleo en las Islas Malvinas, en la Cuenca Norte, y si han hablado con el Gobierno israelí, dado que tiene incidencia sobre esta petrolera al establecer la política energética del país con marcos regulatorios, fiscales y normativos, y además otorgar las licencias de exploración”.
El Vocero del Presidente leyó también que “La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización”.
“Dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia”, siguió leyendo Ravier.
No respondió si hubo contacto con el gobierno de israel para tratar este tema. Tampoco respondió acerca de si la Administración Milei tiene pensado tomar alguna medida al respecto. .
La petrolera de capitales colombianos GeoPark presentó su actualización operacional correspondiente al segundo trimestre de 2026, período en el que registró una producción consolidada promedio de 27.271 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd), prácticamente sin cambios respecto de los 27.249 boepd alcanzados en el trimestre anterior.
La empresa destacó que mantuvo niveles de producción estables mientras aceleró las actividades de desarrollo en sus principales activos de Colombia y avanzó en la ejecución de su programa de inversión en Vaca Muerta, Argentina. Durante el trimestre operó con ocho equipos, cuatro de perforación y cuatro de workover, y completó la perforación de seis pozos en los bloques colombianos Llanos 34 y Llanos 123, además de cinco pozos en Vaca Muerta, que al cierre de junio se encontraban en proceso de fracturación hidráulica.
En materia de seguridad, GeoPark informó que no registró incidentes con tiempo perdido (LTI), lesiones registrables (TRI) ni eventos de seguridad de procesos Tier 1 durante el período.
Avances en Vaca Muerta
En la Argentina, la producción promedio alcanzó 1.400 boepd, un nivel similar al registrado en el primer trimestre del año. La actividad se concentró en el bloque Loma Jarillosa Este, donde la compañía completó la perforación del Pad 1030, integrado por tres nuevos pozos horizontales. Según informó, el tiempo promedio de perforación fue de 14,2 días por sección horizontal, con laterales de aproximadamente 2.450 metros.
La campaña de fracturación avanzó sobre los cinco pozos del pad y, hacia fines de junio, se habían completado 119 de las 218 etapas previstas. Además, se perforaron dos pozos verticales destinados a la disposición de agua y tareas de observación.
Otro de los hitos destacados fue la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del bloque Loma Jarillosa Este, autorización que habilita el desarrollo de futuras campañas de perforación.
Contrato de perforación y capacidad de evacuación
Como parte de su estrategia de crecimiento en la formación neuquina, GeoPark firmó un acuerdo por tres años con Helmerich & Payne para contar con un equipo de perforación dedicado y los servicios asociados destinados al desarrollo de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. El inicio de la actividad con ese equipo está previsto para finales del cuarto trimestre de 2026.
La empresa también suscribió acuerdos con Pan American Energy para asegurar servicios de procesamiento y exportación de crudo provenientes de esos bloques, garantizando capacidad de evacuación hasta diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga. Los convenios contemplan acceso a las terminales de exportación de Puerto Rosales y Punta Colorada.
Asimismo, GeoPark y Gas y Petróleo del Neuquén presentaron una solicitud para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de acelerar el desarrollo de su hub de petróleo no convencional en Vaca Muerta. La iniciativa prevé inversiones superiores a US$ 1.000 millones y busca incrementar la producción desde 1.500 hasta 20.000 boepd en un plazo de tres años.
Desempeño en Colombia
El bloque Llanos 34, principal activo de la compañía, registró una producción promedio de 15.697 boepd netos (34.883 boepd brutos), prácticamente en línea con el trimestre anterior. La empresa destacó el aporte de los proyectos de recuperación secundaria mediante inyección de agua, que representaron el 20,6% de la producción total del bloque, así como el avance del proyecto de inyección de polímeros.
En el bloque CPO-5, la producción promedio fue de 6.132 boepd netos, un incremento de 0,4% respecto del trimestre previo, impulsado por el desempeño del campo Índico.
Por su parte, Llanos 123 alcanzó una producción promedio de 3.171 boepd netos, un crecimiento del 1,7% frente al primer trimestre y del 57,9% en comparación con igual período de 2025. La compañía destacó el desempeño del pozo Currucutu-3, que actualmente produce 910 barriles diarios de petróleo.
En Putumayo, el bloque Platanillo produjo en promedio 873 boepd, apoyado en optimizaciones operativas y la reactivación, a mediados de junio, del transporte a través del oleoducto OBA, luego de que esa vía permaneciera sin utilización desde comienzos de año por medidas regulatorias adoptadas en Ecuador.
Próximos pasos
Para el tercer trimestre de 2026, GeoPark prevé perforar entre seis y siete pozos brutos en Colombia, completar la fracturación hidráulica de los cinco pozos perforados en Vaca Muerta e iniciar posteriormente su producción.
La compañía también anticipó nuevas campañas de perforación en los bloques Llanos 34, CPO-5 y Llanos 123, en línea con su estrategia de sostener la producción en Colombia mientras acelera el crecimiento de sus operaciones no convencionales en Argentina.
A pesar de los cuestionamientos judiciales, las campañas sísmicas avanzaron y permitieron concretar un hecho sin precedentes para el país como la perforación del pozo exploratorio Argerich-1.
La exploración de hidrocarburos costa afuera volvió a ocupar un lugar central en la agenda energética argentina a partir del Concurso Público Internacional Costa Afuera N.º 1, lanzado en 2018. Aquella convocatoria marcó un punto de inflexión para una actividad que, si bien contaba con una larga trayectoria en la Cuenca Austral, permanecía prácticamente inactiva en el resto de la plataforma continental.
Tras años de estudios geológicos y campañas de adquisición sísmica, en 2019 se adjudicaron dieciocho bloques exploratorios distribuidos en las cuencas Argentina Norte (CAN), Austral (AUS) y Malvinas Oeste (MLO). El objetivo era ampliar el conocimiento geológico del Mar Argentino, promover nuevas inversiones exploratorias y abrir una nueva etapa para el desarrollo offshore del país.
La respuesta de la industria fue significativa. Empresas internacionales de primer nivel, entre ellas Equinor, ExxonMobil, Qatar Petroleum y Eni, asumieron compromisos de inversión para desarrollar programas exploratorios en aguas argentinas, incorporando tecnología y experiencia en proyectos de alta complejidad técnica.
A pesar de los cuestionamientos judiciales promovidos por distintos sectores ambientalistas, las campañas sísmicas avanzaron y permitieron concretar un hecho sin precedentes para el país: la perforación del pozo exploratorio Argerich-1, ubicado a 315 kilómetros de la costa de Mar del Plata y en aguas de más de 1.500 metros de profundidad. Tanto las tareas de adquisición sísmica como la perforación se desarrollaron sin incidentes ambientales ni operativos, demostrando que este tipo de actividades puede ejecutarse bajo elevados estándares de seguridad y control.
Si bien el pozo no confirmó la existencia de hidrocarburos comercialmente explotables, proporcionó información geológica de enorme valor para comprender el potencial de la Cuenca Argentina Norte. En exploración offshore, donde las decisiones de inversión se sustentan en procesos progresivos de reducción de incertidumbre, los datos obtenidos por un pozo exploratorio suelen constituir un activo estratégico para futuras campañas.
En los meses posteriores algunas empresas resolvieron revertir al Estado Nacional determinadas áreas exploratorias, particularmente en las cuencas Argentina Norte y Malvinas. Sin embargo, otras continúan ejecutando sus compromisos exploratorios y analizando la información obtenida, en un escenario que todavía presenta importantes oportunidades para el desarrollo futuro del offshore argentino.
El RIGI como punto de inflexión
La reciente modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) introduce un cambio de especial relevancia para el desarrollo offshore en Argentina. Mediante el Decreto N.º 105/2026, el Poder Ejecutivo incorporó expresamente la exploración, explotación y producción de hidrocarburos costa afuera entre las actividades alcanzadas por el régimen, reconociendo las particularidades de una industria que demanda inversiones intensivas, elevados niveles de riesgo y horizontes de recuperación que pueden extenderse por más de una década.
La reforma llega en un momento oportuno. Tras la finalización de las primeras campañas exploratorias de la Ronda Offshore Argentina y mientras las empresas continúan procesando la información geológica, el nuevo marco de incentivos busca preservar el interés inversor y mejorar la competitividad del país frente a otros destinos que hoy disputan el capital exploratorio internacional.
A diferencia de los desarrollos convencionales, la exploración offshore requiere desembolsos significativos desde sus etapas iniciales, mucho antes de que exista certeza sobre la presencia de hidrocarburos comercialmente explotables. Cada campaña sísmica, cada pozo exploratorio y cada estudio geológico implican inversiones millonarias que solo pueden justificarse en un contexto de estabilidad regulatoria y previsibilidad económica.
En ese escenario, el RIGI procura reducir parte de esa incertidumbre mediante un conjunto de incentivos especialmente valiosos para la actividad costa afuera. Entre ellos, se destaca la reducción del monto mínimo de inversión para acceder al régimen a 200 millones de dólares -frente a los 600 millones exigidos para la mayoría de los proyectos onshore-, una decisión que reconoce la naturaleza progresiva de las inversiones exploratorias.
A ello se suman treinta años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria; la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 % al 25 %; beneficios vinculados al IVA y a los derechos de exportación para nuevos proyectos, y un régimen gradual de libre disponibilidad de divisas que mejora las condiciones para recuperar inversiones en moneda extranjera.
Estos beneficios adquieren una dimensión particular en el offshore. La exploración costa afuera compite a escala global por capitales que se asignan en función del potencial geológico, pero también de la previsibilidad regulatoria. En una industria donde las decisiones de inversión se proyectan a veinte o treinta años, la estabilidad institucional suele pesar tanto como la calidad de los recursos.
La incorporación del offshore al RIGI no garantiza nuevos descubrimientos ni modifica el riesgo geológico inherente a toda exploración. Sin embargo, sí mejora las condiciones para que las empresas decidan continuar evaluando el potencial del Mar Argentino y asignen recursos a nuevas campañas exploratorias. En otras palabras, el régimen no reemplaza al recurso, pero puede convertirse en un factor decisivo para que las inversiones necesarias lleguen al país.
Una oportunidad que sigue abierta
El contexto regional contribuye a mantener vigente el interés en el offshore argentino. Uruguay ha logrado posicionarse como uno de los destinos exploratorios más atractivos del Atlántico Sur gracias a la continuidad de su política offshore y a la similitud geológica de sus cuencas con los recientes descubrimientos realizados frente a las costas de Namibia. Mientras se esperan nuevas perforaciones en aguas uruguayas, las compañías continúan analizando la información obtenida en el Mar Argentino y evaluando las oportunidades que aún ofrecen las áreas adjudicadas.
La actividad offshore no parte de cero. Argentina produce hidrocarburos costa afuera desde hace más de cuatro décadas en la Cuenca Austral, de donde proviene aproximadamente el 20 % del gas natural producido en el país. Esa experiencia constituye un activo relevante para afrontar una nueva etapa exploratoria bajo estándares ambientales y operativos consolidados.
La potencialidad de los nuevos desarrollos offshore en la Cuenca Argentina Norte (CAN) se vio reflejada en el interés despertado en ciudades como Mar del Plata y Necochea, que vislumbran en el despliegue del offshore, el despliegue de nuevos servicios y empleos asociados.
Al respecto, el Puerto de Mar del Plata, que ha servido de base operativa central para las actividades realizadas hasta ahora, continúa adaptando sus muelles para buques de suministro (supply vessels) y prospección, a fin de consolidar su rol como base logística crítica para dar soporte a la exploración en la Cuenca Argentina Norte (CAN).
Este interés se ha visto demostrado también en la repercusión del lanzamiento del curso de posgrado “Programa en Desarrollo Offshore de Hidrocarburos” en la Universidad Austral, dirigido por el Ing. Roberto Carnicer y coordinado por esta autora.
En este escenario, la incorporación del offshore al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones constituye una señal que trasciende los beneficios fiscales. Representa el reconocimiento de que la exploración costa afuera requiere reglas estables, previsibilidad y un horizonte de largo plazo compatible con la magnitud de las inversiones involucradas.
El éxito del offshore argentino dependerá, en definitiva, de la combinación de recursos, conocimiento técnico y confianza institucional. El nuevo RIGI no elimina el riesgo inherente a la exploración, pero sí contribuye a mejorar las condiciones para que las empresas continúen apostando por el Mar Argentino. En un contexto internacional que vuelve a valorar el desarrollo de nuevos recursos energéticos, esa puede ser la diferencia entre conservar áreas exploratorias activas o perder competitividad frente a otros destinos de inversión.
*Mg. Abog. Especialista en regulación energétca y sustentabilidad.
Trump recibió en mayo al presidente brasileño Lula da Silva en la Casa Blanca.
Estados Unidos aplicará desde este mes un arancel del 25% sobre las importaciones del Brasil, que excluirá a «productos energéticos» y tierras raras aunque alcanzará al bioetanol. La medida marca la intención de EE.UU. de retomar la presión comercialcontra sus socios comerciales tras una pausa forzada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de ese país que fue adverso en materia arancelaria para la administración de Donald Trump.
En concreto, la máxima instancia judicial estadounidense en febrero había dejado sin efecto los aranceles recíprocos que el gobierno aplicó contra decenas de países a mediados de 2025 invocando una ley de emergencia internacional (IEEPA).
Con ese recurso legal denegado por la corte, el gobierno estadounidense ahora recurrió a la Sección 301 de una ley comercial de 1974 para sancionar al Brasil, lo que anticipa probables aranceles también contra la India, China, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea en los próximos meses.
El Representante Comercial de los EE.UU., Jamieson Greer, anunció el jueves pasado la aplicación de un arancel general del 25% sobre las importaciones desde Brasil a partir del 22 de julio, tras una investigación sobre «prácticas comerciales desleales» amparada en la Sección 301.
El arancel del 25% alcanzará al etanol, azúcar, muebles, maquinaria, calzado y otros productos. En cambio, el gobierno dejó exceptuados a productos más sensibles como petróleo y sus combustibles derivados (“productos energéticos”), tierras raras, aeronaves y sus componentes, carne vacuna y café, entre otros.
La Oficina del Representante Comercial aclaró que este gravamen no afectará a los productos que ya están alcanzados por los aranceles aplicados bajo la Sección 232 de otra ley comercial de 1962, tales como acero, aluminio, cobre, automóviles y otros bienes. El acero brasileño está pagando un gravamen de 50%.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el presidente brasileño Lula da Silva y su gobierno «no han negociado con Estados Unidos de buena fe». «Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a alcanzar un acuerdo para el bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de ello», declaró Rubio en un posteo en X.
Aranceles: EE.UU. presiona a Brasil por el bioetanol
El petróleo y sus combustibles derivados han quedado exceptuados de todos los aranceles que la administración Trump aplicó hasta ahora contra otros países. Sin embargo, el bioetanol, un combustible producido a partir del maíz o la caña de azúcar, fue particularmente alcanzado en el nuevo arancel contra Brasil.
La Oficina del Representante Comercial justificó el arancel del 25% citando prácticas comerciales del Brasil que afectan al comercio con los EE.UU., que van desde el trato arancelario desigual para el etanol estadounidense y la falta de protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual, hasta la deforestación de la selva amazónica y las barreras al comercio digital.
«Las amplias negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no han resuelto estas cuestiones; sin embargo, seguimos abiertos a continuar negociando con Brasil para lograr los cambios, largamente necesarios, que aborden los problemas identificados en esta investigación», declaró Greer.
El ministro de Comercio de Brasil, Marcio Elias Rosa, evaluó que el 18% de las exportaciones brasileñas a EE.UU. se verán afectadas por este arancel, lo que representa unos 7000 millones de dólares. La Cámara de Comercio Estadounidense (Amcham) en Brasil señaló que la medida sitúa a «Brasil entre los países que enfrentan las condiciones más restrictivas para acceder al mercado estadounidense».
En lo que respecta al etanol se advierte que las exportaciones de EE.UU. a Brasil en 2025 totalizaron US$ 96 millones, una caída de 87% en comparación con 2018, debido al restablecimiento de un arancel. «Brasil ha dejado de aplicar el trato arancelario equilibrado que mantenía anteriormente y no ha correspondido al trato arancelario favorable que Estados Unidos otorga al etanol brasileño», argumentó el gobierno.
El impacto del arancel sobre los productores de bioetanol será acotado dado que las exportaciones ya eran bajas de por sí. Los productores más afectados serán los del nordeste del Brasil, aunque ahora pueden acceder al mercado europeo gracias al acuerdo comercialentre el Mercosur y de la Unión Europea.
Los productores brasileños afirman que EE.UU. lleva décadas aplicando políticas restrictivas contra la importación de azúcar, lo que compensa con creces el desequilibrio en el comercio de etanol y azúcar. Al mismo tiempo, el arancel aplicado al etanol estadounidense se rige por las normas del Mercosur.
«La política de etanol de Brasil está plenamente alineada con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se aplica de manera no discriminatoria y cumple con los compromisos multilaterales asumidos por Brasil», declaró la Asociación de la Industria de la Caña de Azúcar y Bioenergía de Brasil (Unica).
La entidad argumentó que la reducción de las exportaciones de etanol estadounidense al mercado brasileño se debe principalmente a la expansión de la producción nacional, especialmente de etanol a base de maíz.
La creciente producción es alentada en parte por el aumento en el corte obligatorio de etanol en los combustibles. El gobierno brasileño elevó este año el corte obligatorio de etanol en las naftas del 30 al 32% a partir del 1 de agosto.
Vista Energy anunció la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del bloque Bandurria Norte, en Vaca Muerta, un proyecto que prevé una inversión de 5.800 millones de dólares.
Bandurria Norte tiene 26.500 acres y es operado por Vista, que tiene el 100 % de participación.
El proyecto contempla la perforación y completación de 332 nuevos pozos en Vaca Muerta, con el objetivo de alcanzar una producción aproximada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d).
Además, prevé inversiones en infraestructura para el tratamiento y transporte de la producción de petróleo y gas, entre ellas una batería con capacidad para procesar alrededor de 40.000 barriles de petróleo, una estación compresora, oleoductos y gasoductos, entre otras obras.
Con este paso, Vista busca desarrollar un bloque que actualmente no cuenta con pozos en producción y que, además, sería el primero fuera del hub operativo de la compañía.
El proyecto se enmarca en la estrategia de crecimiento de Vista, que consolidó su escala en Vaca Muerta, y se posicionó como el principal productor independiente de petróleo y máximo exportador de crudo del país.
Hasta el momento, la compañía invirtió aproximadamente 7.000 millones de dólares en la Argentina; produce más de 160.000 boe/d; y exporta más del 70 % de su producción de petróleo.
La publicación resume los principales avances de la gestión 2025, un año marcado por la recuperación de la previsibilidad regulatoria, el fortalecimiento de la resiliencia operativa y la consolidación de una estrategia orientada al crecimiento sostenible y la planificación de largo plazo.
Camuzzi, la mayor distribuidora de gas natural del país, publicó su séptimo Reporte de Sustentabilidad, en el que presenta los principales resultados de su gestión 2025 en materia económica, social y ambiental. Elaborado bajo los Estándares GRI, incluyendo los indicadores específicos para el sector Oil & Gas y las métricas SASB, el documento contó con verificación externa independiente a cargo de Crowe.
El reporte refleja un año de transformación para la compañía. La recuperación de la previsibilidad regulatoria y la entrada en vigencia de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) marcaron un punto de inflexión que permitió consolidar un modelo de gestión centrado en la resiliencia operativa, la prevención de riesgos y la planificación de largo plazo.
Entre los principales hitos alcanzados durante 2025 se destacan:
Expansión y desarrollo comercial
Camuzzi alcanzó 2.262.721 usuarios activos, garantizando el suministro continuo de gas natural en 370 localidades mediante una red que supera los 52.400 kilómetros de extensión y abastece al 45% del territorio nacional.
En el marco de la adecuación tarifaria, fortaleció sus procesos comerciales y, mediante herramientas tales como las notificaciones digitales y los planes de pago, alcanzó una tasa de rehabilitación del 92,9% de los suministros suspendidos por mora, y un récord en su tasa de cobrabilidad.
Fortalecimiento institucional y financiero
Camuzzi Gas Pampeana regresó al mercado local de capitales con una emisión de Obligaciones Negociables, destinada a acompañar el cumplimiento de su Plan de Inversiones.
Asimismo, tras superar satisfactoriamente la auditoría integral realizada por ENARGAS sobre sus 30 años de operación, el organismo recomendó la prórroga de su licencia por 20 años adicionales.
Operación e innovación
La compañía continuó avanzando en la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, una inversión estratégica superior a $51.800 millones, que permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento y habilitar nuevas factibilidades para la región.
En materia de innovación, profundizó su transformación digital: la Oficina Virtual superó los 12 millones de visitas y el nivel de digitalización comercial alcanzó el 98,04% de los clientes. Además, se alcanzaron más de 46 mil tramites gestionados a través de terminales de autogestión y se consiguió un 0% de time out en chat center.
Gobernanza y desarrollo de las personas
Cerró el ejercicio sin multas ni sanciones por incumplimientos regulatorios, ambientales o comerciales.
Asimismo, avanzó en el desarrollo de nuevas herramientas de debida diligencia para contratistas, reforzando la gestión de riesgos en su cadena de valor.
En relación con su capital humano, con 1.685 colaboradores, la distribuidora registró una rotación voluntaria muy baja de alrededor del 1%, alcanzó una tasa de retención del 100% tras licencias parentales y logró un 98,44% de activación en la plataforma colaborativa Workvivo.
Además, brindó más de 12.400 horas-persona de capacitación, principalmente en Seguridad y Medio Ambiente, consolidando una cultura preventiva que permitió cerrar el año sin fatalidades registradas.
Desempeño ambiental y compromiso comunitario
La compañía finalizó el proceso de construcción del Inventario Corporativo de Gases de Efecto Invernadero, mediante la recopilación de fuentes de Alcance 1, 2 y 3 para calcular, ya a mediano plazo, su Huella de Carbono Corporativa.
En materia de inversión social, impulsó 25 iniciativas que beneficiaron de manera directa a más de 10.000 personas mediante programas de empleabilidad, promoción cultural, bienestar comunitario y prevención.
Asimismo, fortaleció su histórico acompañamiento a los cuerpos de Bomberos Voluntarios mediante la donación de recursos y la conformación, en Bahía Blanca, del primer equipo de Primeros Auxilios Emocionales orientado a brindar contención a rescatistas en situaciones críticas.
“El 2025 representó un punto de inflexión para Camuzzi. La recuperación de un escenario de mayor previsibilidad nos permitió fortalecer nuestra capacidad de planificación, impulsar inversiones estratégicas y seguir evolucionando hacia una gestión cada vez más resiliente, eficiente y sostenible. Este reporte refleja ese recorrido y nuestro compromiso permanente con la transparencia y la generación de valor para las comunidades donde estamos presentes”, afirmó Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.
BLG Power Generation impulsa una visión integral en la gestión de activos de generación eléctrica con su modelo O&M 2.0.
La gestión de activos de generación eléctrica atraviesa un proceso de cambios en el que el monitoreo de datos deja de ser suficiente. Así lo explicó BLC Power Generation, empresa del grupo BLC Global, durante su participación en el Energyear en Colombia. Para la compañía, el mayor desafío en la actualidad consiste en transformar datos en decisiones que maximicen el valor económico del activo en el largo plazo.
En el marco del panel “Digitalización, soluciones, contratos a largo plazo y capacitación local como oportunidades para garantizar una eficiente O&M en un mercado creciente”, BLC Power Generation planteó la necesidad de redefinir el enfoque tradicional de operación y mantenimiento de activos energéticos teniendo en cuenta tanto la digitalización de datos y procesos, como la incorporación de sistemas de almacenamiento (BESS) y la creciente complejidad operativa.
De la supervisión a la optimización de activos energéticos: el desafío operativo
La expansión de activos renovables, sumada a la integración de tecnologías como BESS y sistemas híbridos, están redefiniendo la forma en que se operan las plantas. En este contexto, ladigitalizacióndejó de ser un diferencial para convertirse en una condición necesaria, mientras que la operación eficiente comienza a tener un peso tan relevante como la construcción de los activos.
Para BLC Power Generation a lo largo del tiempo muchos proyectos fueron diseñados priorizando su desarrollo y puesta en marcha sin un enfoque integral sobre su desempeño a largo plazo. Esto se traduce, en la actualidad, en entornos donde existe gran disponibilidad de datos, pero con limitaciones para integrarlos y convertirlos en decisiones operativas efectivas.
“Hoy tenemos activos altamente monitoreados, pero que aún presentan oportunidades de mejora en su gestión”, señalaron desde BLC Power Generation. En esa línea, destacaron que el foco continúa puesto en indicadores técnicos, sin una conexión directa con el impacto económico real de la operación.
O&M 2.0: una gestión integral del activo energético
Frente a este escenario, BLC Power Generation impulsa un modelo de O&M 2.0 basado en una visión integral del activo energético. El enfoque combina la integración de sistemas, la gestión centralizada de la operación, la experiencia operativa en campo y el uso de herramientas digitales, incluyendo inteligencia artificial como soporte a la toma de decisiones.
El objetivo es evolucionar desde esquemas centrados en el monitoreo hacia modelos orientados a la optimización operativa, la flexibilidad y el desempeño financiero de largo plazo. Esto implica, entre otros aspectos, lograr una mayor integración entre plataformas como SCADA, sistemas de control y herramientas de gestión remota, así como consolidar información para mejorar tiempos de respuesta y eficiencia operativa.
Asimismo, desde la compañía remarcaron la importancia de entender los activos como sistemas dinámicos e interconectados, especialmente en contextos donde el almacenamiento introduce decisiones económicas en tiempo real y mayor complejidad en la operación.
Visión integral del activo energético: desafío clave para mercados en crecimiento
En línea con lo expuesto durante el panel, desde BLC Power Generation señalaron que esta evolución será determinante en mercados en expansión como Colombia, que podría incorporar hasta 9.500 MW de capacidad renovable en los próximos años.
“Para que ese crecimiento se materialice, es fundamental combinar estabilidad regulatoria, desarrollo de infraestructura y capacidad de operar los activos de manera eficiente en el largo plazo”, indicaron.
En este sentido, destacaron que la creciente complejidad de los sistemas eléctricos exigirá modelos de operación más integrados y profesionalizados, donde la digitalización, la centralización de activos y la operación remota jugarán un rol central.
Finalmente, concluyeron que en la próxima etapa de crecimiento del sector energético el diferencial no estará dado únicamente por la incorporación de tecnología, sino por la capacidad de integrar información, experiencia y operación para maximizar el valor de los activos en el tiempo.
El ministerio de Economía aprobó, a través de la Resolución 1025/2026, la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentada por Pampa Energía para el “Proyecto Rincón de Aranda” RDA , de desarrollo integral del área de hidrocarburos así denominada, en Vaca Muerta, como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.
Se trata de un proyecto enmarcado en el Sector “Petróleo y Gas”, Subsector “Explotación y Producción de Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos Costa Adentro”, y el plan de inversión presentado por Pampa. El citado Proyecto se localiza en el departamento de Añelo, Neuquén.
La inversión total prevista en tres etapas de desarrollo será de U$S 4.521 millones, hasta el año 2041.
Apunta al desarrollo integral del área, cuyo objeto consiste en: (i) la explotación de nuevos pozos hidrocarburíferos en el área RDA; (ii) el desarrollo, operación y/o prestación del servicio de tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transporte del petróleo, gas natural y agua extraídos por Pampa Energía S.A. y/o prestados a terceros, y la disposición final del agua incluyendo, la construcción y operación de plantas, oleoductos y gasoductos; (iii) la exportación y/o comercialización de los hidrocarburos y sus derivados obtenidos de la explotación de los nuevos pozos a desarrollarse en el área RDA.
La R-1025 determina como fecha de adhesión al RIGI el 25 de junio de 2026, en los términos de la Ley 27.742 (Ley Bases). Asimismo, se establece que “durante el primer y segundo año contados desde la fecha de notificación de la resolución, el Vehículo de Proyecto Único (VPU) deberá acreditar haber completado un monto de inversión en activos computables igual o superior al veinte por ciento (20 %) del monto de inversión mínima, de conformidad con lo previsto en el anexo I al decreto 749/2024 y sus modificatorios.
También se indica que la fecha límite para el cumplimiento del monto inversión mínima correspondiente a la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo) es el 1° de julio de 2031.
La R-1025 aprueba también el listado de mercaderías que el VPU podrá importar bajo la franquicia establecida en la ley 27.742. Asimismo, se encomendó a la Secretaría de Energía, en su carácter de área con competencia específica en la materia, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones de la ley 27.742 y sus normas reglamentarias y complementarias, respecto del proyecto presentado por Pampa Energía.
Economía dispuso comunicar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para que genere una Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) especial para el VPU Pampa Energía- Sucursal Dedicada Proyecto RDA, “RIGI”, y la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros contemplados en la Ley 27.742.
En el mismo orden, Economía comunicará la aprobación al Banco Central (BCRA) a fin de que aplique a Pampa como titular del “Proyecto Rincón de Aranda”, los incentivos cambiarios previstos en la ley 27.742.
EL PROYECTO
La empresa detalló que el Proyecto se ejecutará en tres (3) etapas sucesivas, previendo que cada una de ellas supere individualmente el monto mínimo de inversión de mil millones de dólares estadounidenses (U$S 1.000.000.000) exigido por el decreto 749/2024 y sus modificatorios, para los proyectos PEELP.
La primera etapa del Proyecto se desarrollará entre el 8 de julio de 2024 y el 1° de julio de 2028, con una inversión proyectada de U$S 1.159.000.000) destinada al desarrollo de infraestructura y transporte (Planta Central de Procesamiento, oleoductos y gasoductos) y la perforación de cincuenta (50) pozos.
La segunda etapa tendrá lugar entre el 1° de julio de 2028 y el 1° de julio de 2031, previendo una inversión de U$S 1.107.000.000 para la perforación de setenta (70) pozos adicionales, fecha en la que se habrá cumplido el compromiso de inversión mínima de la categoría PEELP de dos mil millones de dólares estadounidenses (U$S 2.000.000.000).
La tercera etapa se ejecutará desde el 1° de julio de 2031 hasta el año 2041, con una inversión de U$S 2.255.000.000) para la perforación y terminación de los últimos ciento treinta y nueve (139) pozos para el desarrollo total del campo.
Pampa Energía declaró una inversión total en activos computables de cuatro mil quinientos veintiún millones de dólares estadounidenses (U$S 4.521.000.000) y estimó el 1° de julio de 2031 como fecha límite para alcanzar la inversión mínima obligatoria correspondiente a su categoría.
A su vez, Pampa declaró que el monto inicial a invertir en activos computables durante el primer y segundo año, contados desde la fecha de aprobación de la solicitud de adhesión al RIGI y del plan de inversión presentado, es de U$S 521.000.000, y U$S 578.000.000 respectivamente, totalizando entonces U$S 1.099.000.000, resultando superiores al veinte por ciento (20 %) del monto de inversión mínima de 2.000 millones de dólares exigido para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).
La R-1025 señala que “el esquema de mediciones presentado resulta técnicamente consistente con metodologías de trazabilidad y segregación de la producción mediante la metodología de back allocation y el uso de medidores multifásicos, habitualmente utilizadas en desarrollos hidrocarburíferos integrados de características similares, permitiendo, en principio, identificar, segregar y auditar la producción atribuible al Proyecto”.
“La solicitante presentó el plan de desarrollo de proveedores, de acuerdo con lo previsto en el anexo deI decreto 749/2024”, se indicó.
También, que “Pampa Energía – Sucursal Dedicada Proyecto RDA prevé hacer uso de los beneficios cambiarios establecidos en el artículo 198 de la ley 27.742.
YPF, la petrolera bajo control estatal, anunció un split bursátil que comenzará a regir a partir del 4 de agosto. Esta operación consiste en dividir cada acción ordinaria en diez títulos, lo que implica que los accionistas recibirán nueve acciones adicionales por cada una que posean al 3 de agosto, sin necesidad de realizar trámites.
Como resultado, el valor nominal de cada acción disminuirá de AR$10 a AR$1, mientras que la cantidad total de acciones en circulación se multiplicará, pasando a ser 3.933.127.930 títulos, manteniéndose inalterado el capital social de la empresa. La maniobra busca incrementar la liquidez y facilitar el acceso al mercado de capitales para inversores minoristas.
La compañía comunicó formalmente esta decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), asegurando que esta medida no alterará el valor económico ni los derechos de voto de los accionistas.
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, explicó el propósito de la iniciativa: “Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”.
Además, la petrolera anticipó el desarrollo de una nueva funcionalidad en su aplicación móvil, que permitirá a los usuarios comprar acciones de forma directa a través de la APP YPF, ampliando así la accesibilidad para millones de usuarios que ya forman parte de su ecosistema digital.
Esta estrategia se enmarca en el contexto de expansión sostenida en la producción de Vaca Muerta, la formación neuquina que representa un pilar clave para el superávit energético del país. YPF concentra allí gran parte de su capital en el desarrollo de pozos horizontales y etapas avanzadas de fractura.
Con esta medida, la empresa apunta a que el crecimiento industrial en Vaca Muerta esté respaldado por un abanico más amplio de pequeños inversores, reduciendo las barreras económicas para sumarse a la dinámica exportadora y a los proyectos midstream.
El split también impactará en los mercados internacionales, donde el acuerdo con The Bank of New York Mellon modificará la relación de acciones Clase D representadas por cada American Depositary Share (ADS) en Wall Street, pasando de una acción por ADS a diez acciones por certificado.
La gestión de YPF fundamenta esta decisión en tres objetivos principales: mejorar la liquidez bursátil, facilitar la accesibilidad masiva mediante la reducción del precio nominal y adoptar prácticas financieras alineadas con las grandes compañías energéticas globales.
El Gobierno aprobó formalmente la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Rincón de Aranda” de Pampa Energía, que prevé una inversión de US$4.500 millones en desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta.
Este ingreso al RIGI quedó autorizado mediante la Resolución 1025/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, donde se calificó a la iniciativa como un “Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo” (PEELP) dentro del sector de petróleo y gas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado días atrás, al momento de anunciar su aprobación, que “generará aproximadamente 800 empleos directos y 1.000 indirectos” y precisó que “prevé la exportación de US$17.000 millones a partir de la producción de 305 millones de barriles de petróleo durante sus 30 años de duración”.
Al valorar la inserción del proyecto al régimen, Caputo sostuvo que “las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área”.
El denominado “Proyecto Rincón de Aranda” se localizará en el departamento de Añelo, provincia de Neuquén. El objetivo central es el desarrollo integral de recursos hidrocarburíferos no convencionales mediante la perforación de 259 nuevos pozos horizontales y la construcción de la infraestructura asociada necesaria.
La normativa detalló que el proyecto no solo contempla la explotación de los pozos, sino también el tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transporte de petróleo, gas natural y agua, incluyendo la operación de plantas, oleoductos y gasoductos.
La empresa ha declarado una inversión total en activos computables de US$4.521 millones. Este plan se ejecutará en tres fases sucesivas:
Primera etapa (2024-2028): se prevé una inversión de US$1.159 millones para infraestructura de transporte (Planta Central de Procesamiento, ductos) y la perforación de los primeros 50 pozos.
Segunda etapa (2028-2031): con un desembolso de US$1.107 millones, se perforarán otros 70 pozos, alcanzando en esta fecha el compromiso de inversión mínima de US$2.000 millones exigido para su categoría.
Tercera etapa (2031-2041): se destinarán US$2.255 millones para los últimos 139 pozos que completarán el desarrollo total del campo.
La calificación del proyecto como “estratégico” se fundamenta en su potencial para posicionar a la Argentina como un proveedor global de petróleo crudo en mercados donde actualmente posee una participación inferior al 10%. De hecho, los informes técnicos indicaron que la participación nacional actual es menor al 1%.
Al estar bajo el marco del RIGI, el vehículo de proyecto único (VPU) accederá a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, como la exención de aranceles para la importación de mercaderías necesarias para el proyecto y beneficios en la liquidación de divisas.
La decisión de San Antonio Internacional (SAI) de retomar sus operaciones en Santa Cruz fue valorada por la Cámara de Servicios Petroleros (CaSePe) como una muestra del proceso de recuperación que atraviesa la industria hidrocarburífera provincial, y de las oportunidades que comienzan a abrirse para las empresas de servicios y los proveedores locales.
Tras la reunión encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente de CaSePe, Tomás Hess, sostuvo que la decisión de la compañía de retomar sus operaciones, responde al escenario de inversiones que se viene consolidando en la provincia.
“El regreso de San Antonio Internacional, es el resultado de las oportunidades y las condiciones que está generando Santa Cruz para concretar inversiones e incrementar la actividad. Se trata de una empresa con amplia trayectoria en el sector, que vuelve a la provincia con la experiencia y el conocimiento adquiridos durante años de trabajo”, afirmó luego de la reunión.
Hess señaló que la incorporación de una empresa de estas características, tendrá un efecto directo sobre la actividad económica vinculada al petróleo, al precisar que “cuando una empresa de esta magnitud decide volver a operar, se fortalece el ecosistema de servicios petroleros, se generan nuevas oportunidades de empleo y se impulsa toda la cadena de valor”.
Mayor demanda para proveedores locales y mayor demanda laboral
Respecto del impacto sobre las empresas santacruceñas, explicó que la puesta en marcha de nuevos equipos, también representa una mayor demanda para los proveedores locales: “Cada equipo que vuelve a operar, moviliza una importante red de proveedores locales, como empresas de logística, alquiler de equipos, hotelería, seguridad, servicios ambientales y muchos otros rubros que forman parte de la operación diaria. Esto significa más trabajo para las empresas santacruceñas, mayor demanda de mano de obra local, y la posibilidad de consolidar capacidades para acompañar nuevos proyectos”.
Finalmente, el directivo destacó la capacidad de respuesta del entramado empresarial provincial y la importancia de sostener un trabajo articulado entre todos los actores del sector, al asegurar que “los proveedores de Santa Cruz han demostrado una gran capacidad de adaptación. Hoy están respondiendo al incremento de la actividad con compromiso, experiencia y conocimiento de las necesidades operativas de la industria. Estamos preparados para acompañar este proceso, trabajando junto a las operadoras, las empresas de servicios, los sindicatos y el Gobierno Provincial para garantizar un crecimiento sostenible”.
En el marco del Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías, la Provincia de Buenos Aires, a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), adjudicó la incorporación de una nueva capacidad de almacenamiento de energía, una iniciativa que permitirá fortalecer el sistema eléctrico bonaerense, mejorando la calidad del servicio en zonas estratégicas.
Impulsado por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el programa prevé la instalación de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) con el objetivo de incrementar la confiabilidad del suministro eléctrico en nodos críticos de la provincia.
El proyecto cuenta con una inversión estimada en $31.200 millones y contempla una potencia total de 25 MW, además de una capacidad de almacenamiento de 125 MWh, que se distribuirán en cuatro nodos estratégicos ubicados en las localidades Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.
El inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de 2026, mientras que la puesta en operación de los sistemas se proyecta para enero de 2027, planificada para resolver los picos de consumo de energía por las altas temperaturas.
La incorporación de esta tecnología permitirá optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, reduciendo las restricciones en el sistema de transporte, brindar mayor flexibilidad operativa, facilitar la integración de energías renovables y disminuir la utilización de generación térmica de respaldo.
El programa se financia mediante el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), canalizado a través del FITBA, consolidando un esquema que articula la planificación pública, el financiamiento específico y la implementación operativa a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA).
Con esta obra, la Provincia continúa avanzando en la modernización de su sistema energético, incorporando soluciones tecnológicas que fortalecen la red eléctrica, mejoran la respuesta ante la demanda y acompañan la transición hacia una matriz energética más eficiente y sustentable.
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación abrió una instancia de consulta pública para que los ciudadanos y organizaciones accedan a información sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto AMBA I, y conozcan las medidas de mitigación previstas.
El proyecto forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla 16 obras prioritarias orientadas a mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver los cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los puntos de generación hacia los centros de consumo. AMBA I se encuentra, además, en proceso de obtención de la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Qué comprende el proyecto AMBA I
* Construcción de una nueva estación transformadora (E.T. Plomer). * Ampliación de la E.T. 25 de Mayo. * Adecuación de las estaciones transformadoras E.M. Atucha, E.T. Ezeiza, E.T. General Rodríguez, E.T. Mercedes, E.T. Luján, E.T. Zapalorto y E.T. Pantanosa. * Construcción de las líneas asociadas.
Formatos de participación
Evento presencial
Autoridades de la Secretaría de Energía expondrán los impactos ambientales y sociales del proyecto AMBA I y sus medidas de mitigación. * Sede: Paseo Cultural “El Galpón”. * Dirección: Avellaneda 2441 (esquina Gral. Roca), Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. * Fecha y hora: 22 de julio de 2026, 11 hs.
Consultas virtuales
Quienes no puedan asistir de manera presencial pueden realizar consultas o comentarios sobre el proyecto a través de esta web o escribiendo a ampliaciontransporte@mecon.gov.ar. Todas las consultas serán respondidas de manera online.
Vista Energy, la mayor productora independiente de Argentina, anunció la presentación formal de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del bloque Bandurria Norte, ubicado en la ventana de petróleo no convencional de Vaca Muerta. El proyecto contempla un plan de inversión estimado en US$ 5.800 millones.
Bandurria Norte cuenta con una superficie de 26.500 acres y es operado en un 100% por la firma presidida por Miguel Galuccio. El desarrollo prevé la perforación y completación de 332 nuevos pozos horizontales, con la meta de alcanzar una producción aproximada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d).
Dado que se trata de un área que actualmente no posee pozos en producción, la inversión contempla un importante despliegue de infraestructura de tratamiento y evacuación de petróleo y gas natural. Entre las obras principales Vista prevé la construcción de una batería con capacidad para procesar alrededor de 40.000 barriles de petróleo por día, una estación compresora de gas, y los tendidos de oleoductos y gasoductos de interconexión necesarios para transportar el fluido.
Hasta el momento, Vista ha invertido aproximadamente US$ 7.000 millones en la Argentina, produce más de 156.000 barriles equivalentes diarios y destina más del 70% de su oferta de crudo al mercado de exportación, lo que la posiciona como el principal operador independiente y máximo exportador del país. Además, este representará el primer desarrollo masivo de Vista ubicado fuera de su hub operativo tradicional encabezado por Bajada del Palo Oeste y Bajada del Palo Este.
En abril de este año, la petrolera había comunicado sus intenciones de solicitar al RIGI proyectos para desarrollar Bandurria Norte y Águila Mora con el objetivo de traccionar inversiones que, de otra manera, hubieran quedado relegadas en el cronograma de la compañía. Según había expresado Galuccio, el impacto del RIGI es determinante para mejorar las tasas de retorno en estos bloques no desarrollados. Sin estos incentivos fiscales, el desarrollo masivo de ambas áreas recién se habría priorizado cerca de 2030, pero el marco normativo permitirá acelerar el despliegue de capital.
Resultados
Días atrás Vista presentó los resultados correspondientes al segundo cuatrimestre de 2026 e informó ingresos totales por US$ 1.150 millones, un 89% más a los registrados en el segundo trimestre del año anterior. Además, reportó un incremento de la producción del 32% respecto del mismo período de 2025, impulsado por el desarrollo de los activos de la compañía en Vaca Muerta, como así también la consolidación de los activos que había adquirido a la noruega Equinor.
La petrolera conducida por Galuccio reportó un aumento de las exportaciones de petróleo por un 54% interanual, alcanzando los 8.6 millones de barriles durante el trimestre y representando el 72% del volumen total de ventas de petróleo de la compañía.
En abril de 2025, Vista había adquirido los activos de Petronas en La Amarga Chica, por un total de US$ 1340 millones. Esto le permitió hacerse de una de las áras estratégicas del principal hub de shale oil de Vaca Muerta y convertirse en el mayor exportador de crudo del país.
Con el propósito de congregar a los principales referentes de la industria, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP®) anuncia la apertura de las inscripciones para el 9no. Seminario del Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente® (PCRMA®), el cual se llevará a cabo el próximo 16 de octubre. El encuentro cuenta, como es habitual, con el respaldo del Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Química (ICCA).
Propiciar un canal sólido de articulación público-privada es el objetivo de esta novena edición, que se estructurará bajo las premisas de gobernanza responsable, compromiso y buenas prácticas. A través de las ponencias de autoridades gubernamentales, académicos y especialistas del ámbito corporativo, se buscará construir consensos y plantear propuestas frente a los desafíos de sustentabilidad, gestión ambiental, innovación y competitividad que marcan las demandas productivas actuales.
El PCRMA®, presente en más de 70 países y reconocido globalmente como “Responsible Care”, es una iniciativa voluntaria de la industria química y petroquímica que promueve la gestión segura y responsable de los productos químicos a lo largo de todo su ciclo de vida. En la Argentina, es liderado por la CIQyP® desde 1992, impulsando a las empresas adherentes a avanzar en la mejora continua en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, al tiempo que fomenta la transparencia y la confianza con la sociedad. Cabe destacar que el Programa está acreditado bajo la certificación IRAM-ISO/IEC 17067:2015, lo que le otorga un marco de excelencia y competitividad internacional.
Principales ejes
Entre los principales ejes temáticos y la agenda actual del sector, el seminario articulará sus debates en torno a paneles clave que abarcarán diversas temáticas, entre las que se destacan:
· Relación con las comunidades: El rol de la transparencia en la gestión para construir y consolidar confianza con el entorno.
· Mejora continua e indicadores: El valor estratégico de la estandarización para optimizar la competitividad y los procesos de la industria.
· Seguridad en el transporte: La logística y el transporte de carga como aliados estratégicos de la reputación y la confiabilidad del servicio.
· Economía circular: Experiencias corporativas y académicas orientadas a la conversión de residuos en recursos con valor agregado.
Durante la jornada, se llevará a cabo la tradicional ceremonia de entrega de las distinciones anuales mediante los “Premios PCRMA® Awards”, reconociendo a aquellas industrias y transportistas del sector que han registrado el mejor desempeño en materia de seguridad, ambiente y salud ocupacional durante el último período.
De esta manera, la CIQyP® continúa brindando a sus empresas socias y a la cadena de valor herramientas y conocimientos sobre temáticas de máxima relevancia local e internacional.
El encuentro es gratuito para los socios de la CIQyP®, mediante inscripción previa. Para más detalles contactarse a informacion@ciqyp.org.ar.
Camuzzipresentó su séptimo Reporte de Sustentabilidad, en el que resume los principales resultados de su gestión durante 2025 en materia económica, social y ambiental. Elaborado bajo los estándares GRI, con indicadores específicos para el sector Oil & Gas y métricas SASB, el documento fue sometido a una verificación externa independiente realizada por Crowe.
La compañía señaló que 2025 representó un año de transformación, impulsado por la recuperación de la previsibilidad regulatoria y la entrada en vigencia de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), factores que, según indicó, permitieron consolidar una estrategia enfocada en la resiliencia operativa, la prevención de riesgos y la planificación de largo plazo.
Usuarios activos de Camuzzi
En el plano operativo, la distribuidora informó que alcanzó los 2.262.721 usuarios activos y que continúa prestando servicio en 370 localidades a través de una red de más de 52.400 kilómetros, que abastece al 45% del territorio nacional. Asimismo, destacó que, en el marco de la adecuación tarifaria, reforzó sus procesos comerciales mediante herramientas como las notificaciones digitales y los planes de pago, alcanzando una tasa de rehabilitación del 92,9% de los suministros suspendidos por mora y un récord en su nivel de cobrabilidad.
En materia financiera e institucional, Camuzzi Gas Pampeana volvió al mercado local de capitales con una emisión de Obligaciones Negociables destinada a financiar su plan de inversiones. Además, la empresa informó que, tras superar una auditoría integral realizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) sobre sus tres décadas de operación, el organismo recomendó la prórroga de su licencia por otros 20 años.
Las inversiones de la distribuidora
Entre las inversiones destacadas figura la continuidad de las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, un proyecto que demanda más de $51.800 millones y que apunta a incrementar la capacidad de abastecimiento de gas natural y habilitar nuevas factibilidades para la región.
El reporte también da cuenta del avance de la estrategia de transformación digital de la compañía. Durante 2025, la Oficina Virtual superó los 12 millones de visitas y el nivel de digitalización comercial alcanzó al 98,04% de los clientes. Además, se gestionaron más de 46.000 trámites mediante terminales de autogestión y el servicio de chat registró un índice de 0% de interrupciones por tiempo de espera.
Gobernanza y capital humano
En términos de gobernanza, la distribuidora informó que finalizó el ejercicio sin multas ni sanciones vinculadas con incumplimientos regulatorios, ambientales o comerciales. También incorporó nuevas herramientas de debida diligencia para contratistas con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos en su cadena de valor.
Respecto de su capital humano, la empresa indicó que cuenta con una dotación de 1.685 colaboradores, registró una rotación voluntaria cercana al 1%, alcanzó una tasa de retención del 100% tras licencias parentales y logró un nivel de participación del 98,44% en la plataforma colaborativa Workvivo. Asimismo, durante el año se impartieron más de 12.400 horas-persona de capacitación, principalmente en Seguridad y Medio Ambiente, y la compañía cerró el período sin registrar fatalidades laborales.
Eje ambiental y comunidades
En el eje ambiental, Camuzzi informó que concluyó la construcción de su Inventario Corporativo de Gases de Efecto Invernadero mediante el relevamiento de emisiones de Alcance 1, 2 y 3, como paso previo al cálculo de su huella de carbono corporativa.
En cuanto al vínculo con las comunidades, la empresa señaló que desarrolló 25 iniciativas de inversión social que beneficiaron de manera directa a más de 10.000 personas a través de programas de empleabilidad, promoción cultural, bienestar comunitario y prevención. También destacó la continuidad de su apoyo a cuerpos de Bomberos Voluntarios mediante donaciones y la creación, en Bahía Blanca, del primer equipo de Primeros Auxilios Emocionales destinado a brindar contención a rescatistas en situaciones críticas.
«El 2025 representó un punto de inflexión para Camuzzi. La recuperación de un escenario de mayor previsibilidad nos permitió fortalecer nuestra capacidad de planificación, impulsar inversiones estratégicas y seguir evolucionando hacia una gestión cada vez más resiliente, eficiente y sostenible. Este reporte refleja ese recorrido y nuestro compromiso permanente con la transparencia y la generación de valor para las comunidades donde estamos presentes», afirmó Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.
El séptimo Reporte de Sustentabilidad se encuentra disponible para su consulta en el sitio web de la compañía.
De izquierda a derecha: Griselda Lambertini, Vicente Serra, Marcelo Nachon y Sergio Falzone.
Un conflicto entre los municipios mendocinos de San Rafael y General Alvear por el acceso a la capacidad disponible de un gasoducto recién construido generó un nuevo enfrentamiento dentro del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege). El presidente Javier Milei oficializó a comienzos de mayo la designación de la conducción del organismo y apenas un mes después su flamante titular Marcelo Lamboglia renunció en medio de una fuerte interna que ni siquiera esa salida ayudó a descomprimir y que resurge cada vez que se debate un tema relevante.
La disputa en esta ocasión es por la capacidad remanente que el Gasoducto Sur incorporó al sistema y que aún no está comprometida. El municipio de San Rafael fue el impulsor de la obra, concretada con fondos aportados mayoritariamente por el Estado Nacional, y quiere forzar a su vecino General Alvear a realizar un aporte económico que compense parte de esa inversión antes de que pueda tener acceso a esa capacidad remanente.
El directorio del organismo avaló, en los hechos, la posición de San Rafael a través de una nota enviada a Distribuidora Gas Cuyana (Ecogas), operadora del gasoducto, el 18 de junio. En ese texto le indica que no avance con el otorgamiento de factibilidades a General Alvear, paso previo indispensable para que ese municipio se conecte a la red, sin antes acordar un procedimiento con la municipalidad de San Rafael.
El primer vocal del Enrege, Marcelo Alejandro Nachon, votó en contra de esa decisión, generando un cortocircuito con sus pares. En una nota que pidió insertar como anexo del acta de la última reunión del directorio, Nachon cuestiona la decisión y expone detalles de una reunión de trabajo en la cual se discutió esa nota que finalmente fue enviada a la distribuidora. La carta forzó al vicepresidente del ente a cargo del organismo, Vicente Serra, a tener que responder con otra nota que también figura como anexo del acta de directorio.
Nachon fue el que más se enfrentó con Lamboglia y ahora parece haber encontrado en Serra a un nuevo oponente.
La historia de la obra
El 18 de noviembre de 2020 la Secretaría de Energía y el Municipio de San Rafael firmaron un convenio para avanzar con la construcción del Gasoducto Sur destinado a potenciar el abastecimiento de gas natural en ese municipio mendocino y en la localidad vecina de General Alvear. El proyecto contemplaba la construcción de una interconexión entre el gasoducto GasAndes, que transporta gas a Chile, y la ciudad de San Rafael, con sus correspondientes instalaciones de superficie complementarias.
El financiamiento corrió por cuenta en su gran mayoría del Estado Nacional en concepto de aporte no reintegrable, conforme a los parámetros establecidos en la resolución 268/2007 del ex Ministerio de Planificación Federal.
Aquella norma había sido diseñada por el entonces ministro Julio De Vido cuando las tarifas de gas estaban congeladas y se decidió girarle dinero a los municipios para que hicieran las obras que, en un contexto de normalidad, deberían haber sido realizadas por las distribuidoras.
Entonces se hizo valer la figura del “tercero interesado”, contemplada en la ley 24.076 que regula el mercado del gas, que habilita a un sujeto distinto al distribuidor a realizar una obra de expansión o mejora del servicio cuando el responsable directo no la está llevando adelante.
El acuerdo inicial preveía un desembolso de 1500 millones de pesos. En junio de 2021 se firmó una adenda para elevar esa cifra a 2133 millones y en noviembre de 2023 se firmó una nueva adenda de actualización presupuestaria por un monto adicional de 4402 millones.
Apenas asumió, el gobierno de Javier Mileise negó a girar los fondos pendientes, situación que llevó a la municipalidad de San Rafael a interponer en abril de 2024 una medida cautelar en la Justicia para que cumpliera con los pagos.
Luego de perder en primera y segunda instancia y de que la Corte Suprema le denegara un recurso extraordinario, el gobierno nacional desembolsó el dinero pendiente y en abril de 2025 acordó con San Rafael aportar otros 5200 millones de pesos para finalizar el gasoducto, que por ese entonces tenía un grado de avance del 90%.
El origen de la pelea entre los municipios
La obra finalmente se inauguró en junio de este año, pero la disputa entre los municipios surgió cuando General Alvear se presentó ante Ecogas, encargada de operar el gasoducto, para solicitar que le otorgue factibilidad, es decir, que certifique que existe capacidad disponible en la red para abastecer un nuevo consumo. Ese es el paso previo a habilitar nuevas conexiones a la red de gas natural.
El Gasoducto del Sur se inauguró el mes pasado en el sur de Mendoza.
San Rafael se opuso y le envió una carta a Enrege el 12 de junio en la que solicitó que intervenga para que no se le otorguen factibilidades a General Alvear con el argumento de que no llevó adelante la obra ni realizó ningún aporte económico posterior.
Enrege reaccionó rápido y el 18 de junio le envió una carta a Ecogas advirtiéndole que no avance hasta no coordinar con San Rafael “un procedimiento para el otorgamiento de dichas factibilidades y su registro para contabilizar las mismas hasta lograr el agotamiento total de la capacidad resultante”
“El cumplimiento de dicho deber en cabeza de la Distribuidora, debe entenderse como un instrumento de coordinación destinado a preservar los derechos derivados de la inversión realizada por el Municipio en carácter de tercero interesado”, agregó en la nota, que fue avalada por el área de legales del ex Enargas.
Las críticas de Nachon
Nachon no estuvo de acuerdo con la decisión del ente y forzó una votación que terminó perdiendo 3 a 1. Luego pidió dejar sentada su disidencia por escrito en una nota que se adjuntó al acta de la última reunión de directorio realizada a fines de junio.
En ese texto revela que el directorio discutió el tema en una reunión realizada el 17 de junio en la que también participaron Silvana Onorati, Marina Suarez y Matías Tau de la Unidad Legal del ex Enargas, Fabián Bello y Alejandro Hassan de la Unidad de Desempeño y Economía del ex-Enargas y Guillermo Lanzillotti de la Unidad de Distribución de ex Enargas.
Sostiene que, según revelaron Bello y Hassan, el gobierno nacional realizó un aporte financiero para la construcción del gasoducto que, a valores constantes, puede ser estimado en un porcentaje superior al 90% de la obra.
Luego afirma que los derechos del municipio de San Rafael deben ser proporcionales a su aporte, que no llegó al 10 por ciento. “Una interpretación contraria, es decir, que amplíe los derechos de MSR (Municipalidad de San Rafael) más allá de su efectivo aporte, implica la extensión de un privilegio, lo que es contrario al principio de acceso abierto que debe prevalecer en toda interpretación del regulador”, subraya en su nota.
Luego afirma que los representantes de la Unidad Legal manifestaron en esa reunión no recordar si enotra resolución del ex Enargas se le otorgó un reconocimiento de derechos en forma explícita a un eventual tercero interesado, queriendo dejar en claro que lo que decidió la mayoría del directorio es inédito.
“Las demás personas que trabajaron en el ex Enargas, tampoco recordaron que hubiera una resolución del organismo autorizando el inicio de obras con este reconocimiento hacia el tercero interesado (en este caso San Rafael), lo cual es coherente con el Régimen de Acceso Abierto. Esta circunstancia de una resolución que autoriza el inicio de obras apartándose del Régimen de Acceso Abierto permite caracterizar este caso como excepcional”, agregó queriendo exponer a Vicente Serra, Griselda Lambertini y Sergio Falzone, los tres directores que votaron a favor.
Luego sostuvo que la nota enviada por el Enrege a Ecogas es “inadecuada e inconveniente porque se solicita a la distribuidora que acredite haber implementado un procedimiento, cuando no
depende exclusivamente de ella sino que debe ser acordado con la MSR (Municipio de San Rafael), otorgando potestades que no corresponden dentro del marco normativo vigente, y requiriéndose esa acreditación en forma previa a que la distribuidora otorgue factibilidades”.
Por último, el primer vocal del Enrege sostiene que la posición del ente viola el principio de acceso abierto al gas natural y menoscaba los objetivos del Estado Nacional como aportante principal de la obra.
La respuesta del vicepresidente del Enrege
La crítica de Nachon forzó al vicepresidente del Enrege, Vicente Serra, a responder a través de una carta que también fue inserta en el acta de la última reunión de directorio. Lo que argumenta Serra es que Nachon parte de una “premisa falsa” como ser considerar que el derecho reconocido a la Municipalidad de San Rafael respecto de la capacidad resultante debe limitarse proporcionalmente al porcentaje de recursos propios aportados por ese municipio. “Dicha regla de proporcionalidad no surge del Convenio Marco, de sus Adendas, de la naturaleza jurídica del aporte no reintegrable ni del artículo 10 de la resolución Enargas N° 70/21”, respondió.
Luego agrega que cuando esa resolución 70 hace referencia al “aporte respectivo” del municipio “refiere al recurso que obtenía San Rafael en ese momento (el aporte no reembolsable)”. Es decir, a la totalidad de los fondos que le giró la Nación y no a lo que eventualmente terminó aportando San Rafael como recurso propio para terminar la construcción. “Por lo tanto, incorporar una distribución porcentual de la capacidad según el origen económico de los fondos implica introducir una condición que el acto administrativo vigente no estableció nunca, mediante ningún documento de vinculación jurídica”, agrega.
Serra sostiene que no se encuentra cuestionado el hecho de que la obra haya tenido como finalidad mejorar las condiciones generales del sistema y producir beneficios sobre distintas localidades. “Sin embargo, el beneficio técnico derivado de una infraestructura no convierte automáticamente a todos sus beneficiarios indirectos en titulares jurídicos de derechos sobre la capacidad incremental.El Convenio Marco y los instrumentos posteriores identificaron una relación jurídica concreta: Secretaría de Energía de la Nación – Municipalidad de San Rafael. General Alvear no fue parte contractual, no recibió fondos, no asumió obligaciones de ejecución, no debió rendir cuentas ante la Secretaría de Energía ni asumió responsabilidad alguna vinculada con la culminación del proyecto”, subrayó.
Serra dice que “la Secretaría de Energía no ejecutó directamente una obra pública nacional ni contrató una obra en beneficio de distintos municipios. El mecanismo utilizado fue un aporte no reintegrable otorgado a un sujeto determinado -la Municipalidad de San Rafael- bajo obligaciones específicas de aplicación, ejecución y rendición”.
Luego agrega que, si la voluntad del gobierno nacional hubiera querido transformar ese aporte no en una participación económica divisible sobre la capacidad futura generada, podría haberlo hecho celebrando convenios con otros municipios, estableciendo obligaciones concurrentes, determinando porcentajes de participación o reservando derechos sobre capacidad futura, pero nada de eso no ocurrió.
“Durante más de veinte años, los aportes no reintegrables otorgados por el Estado Nacional han sido instrumentados atendiendo al sujeto beneficiario del aporte y responsable de su cumplimiento, no generando derechos autónomos en cabeza de terceros indirectamente beneficiados por la finalidad pública perseguida. Interpretar lo contrario implicaría desnaturalizar la figura del aporte no reintegrable y modificar retroactivamente la lógica administrativa bajo la cual fueron ejecutados numerosos proyectos, que le constan al organismo”, remarcó.
Por último, Serra insiste con que Ecogas deben acordar con el municipio de San Rafael un procedimiento para el otorgamiento de factibilidades ya que “cualquier consideración en contrario a lo establecido en el presente representaría un enriquecimiento sin causa tanto para la distribuidora como para terceros ajenos al municipio de San Rafael”.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) pidió que la Mesa Federal Minera, presentada el 7 de mayo en San Juan, comience a funcionar para ordenar la coordinación entre el Gobierno nacional, las provincias y las empresas en un momento de expansión simultánea de proyectos sin antecedentes en el país.
El espacio fue lanzado durante la Exposición Internacional San Juan Minera con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores, compañías y sindicatos, pero más de dos meses después aún no está operativo.
El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, sostuvo que la Mesa Federal debe ser coordinada por el Gobierno nacional con una fuerte participación de las provincias para compatibilizar criterios y avanzar en políticas comunes que acompañen el crecimiento del sector.
El dirigente señaló que uno de los principales desafíos es aumentar la participación de proveedores nacionales y locales en los grandes proyectos, en un contexto donde el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fija un piso del 20% de Compre Local.
Cacciola afirmó que ese porcentaje debe interpretarse como un punto de partida y que el objetivo es mejorar la competitividad de las empresas argentinas sin generar trabas burocráticas que afecten la construcción de minas.
En esa línea, indicó que las provincias también deberán trabajar para fortalecer a sus proveedores y, en algunos casos, revisar cargas impositivas si eso contribuye a mejorar sus condiciones frente a la competencia internacional.
El titular de CAEM destacó que Argentina atraviesa un momento excepcional por la cantidad de proyectos que podrían avanzar en forma simultánea.
Según explicó, ese escenario obliga a coordinar esfuerzos entre el Estado, las empresas y los proveedores para formar recursos humanos, desarrollar capacidades industriales y sostener una cadena de valor capaz de acompañar el crecimiento del sector.
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En ese marco, Cacciola reveló que CAEM trabaja junto con la Secretaría de Minería de la Nación en una matriz de necesidades de los distintos proyectos para identificar qué bienes y servicios demandarán las futuras inversiones y facilitar la preparación de la industria nacional. El objetivo es anticipar requerimientos y ordenar la información que permita a las empresas locales planificar su desarrollo.
La discusión sobre el alcance de la Mesa Federal Minera expone un vacío institucional que afecta directamente la preparación del país para el ciclo inversor. En Argentina no existe un organismo técnico que certifique competencias, homologue estándares operativos o valide la calidad de los servicios que ofrecen las pymes proveedoras.
La experiencia internacional muestra que los países mineros desarrollaron entidades específicas para ordenar la formación, anticipar vacantes críticas y garantizar que los proveedores cumplan requisitos ambientales, de seguridad y de operación continua.
En este contexto, la creación de un ente nacional de certificación minera permitiría establecer criterios federales, mejorar la competitividad de la industria local y asegurar que las empresas argentinas puedan integrarse de manera efectiva a los grandes proyectos.
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La puesta en marcha de la Mesa Federal también abrió un debate sobre su alcance. En el portal Minería y Desarrollo se planteó la posibilidad de que las compañías compartan información sobre sus futuras necesidades de bienes y servicios para facilitar el desarrollo de proveedores nacionales y provinciales.
CAEM considera que contar con esa información puede ayudar a que las empresas locales planifiquen inversiones y desarrollen capacidades para abastecer a los proyectos que ingresarán en etapa de construcción.
Sin embargo, dentro del sector existen voces que advierten que esa información es comercialmente sensible y que su difusión debe compatibilizarse con las políticas de ética y compliance de las compañías, además de evitar generar nuevas instancias burocráticas para las operadoras. El debate refleja la necesidad de contar con un ámbito institucional activo que ordene la articulación entre Nación, provincias y empresas en un ciclo inversor que exige capacidades técnicas y coordinación federal.
La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que en 2026 los sectores energético y minero generarán más de US$ 23.000 millones en divisas por exportación.
El cálculo surge de la estimación sectorial que identifica un aporte de US$ 14.400 millones desde combustibles y energía y más de US$ 9.000 millones desde minería, dentro de un total exportador de US$ 57.168 millones previsto para el año.
El informe señala un cambio en la estructura del ingreso externo. La energía y la minería incrementan su participación relativa y reducen la estacionalidad del flujo de divisas, tradicionalmente concentrado en el primer semestre.
Para 2026, la BCR estima US$ 29.793 millones entre julio y diciembre y US$ 27.375 millones en la primera mitad del año, con un segundo semestre impulsado por la producción de hidrocarburos y la expansión minera.
En el sector energético, la Argentina alcanzaría en 2026 la mayor producción de petróleo de su historia, superando el máximo de 1998. La mayor disponibilidad de crudo y el crecimiento de Vaca Muerta permiten proyectar exportaciones de combustibles y energía por más de US$ 14.400 millones y un superávit comercial energético superior a US$ 12.000 millones.
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La puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) hacia finales de 2026 agregaría 190.000 barriles diarios de capacidad de evacuación, reforzando el flujo exportador hacia el cierre del año.
La minería también incrementa su peso en la balanza comercial. Las exportaciones mineras superarían los US$ 9.000 millones, equivalentes a alrededor del 10% del total. El crecimiento se explica por la expansión del litio en el NOA y por la mejora en los precios internacionales del oro y la plata.
La mayor actividad minera contribuye a un flujo de divisas más estable, al no depender de ciclos estacionales y al sostener ingresos durante todo el año.
El aporte combinado de energía y minería supera los US$ 23.000 millones y modifica la composición sectorial del ingreso externo. La estructura exportadora incorpora mayor peso de hidrocarburos y minerales, con un flujo menos concentrado en el primer semestre y con impacto directo en la disponibilidad de divisas durante la segunda mitad de 2026.
La construcción de la terminal exportadora de Punta Colorada, en el Golfo San Matías, abrió un frente marítimo de escala inédita para la infraestructura energética argentina.
El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) moviliza una flota de unidades geotécnicas, cargueros, buques multipropósito, remolcadores oceánicos, transportes pesados y plataformas autoelevables que ejecutan la obra offshore necesaria para despachar petróleo neuquino hacia los mercados internacionales.
La secuencia técnica comenzó con el estudio del fondo marino. El buque geotécnico Fugro Resilience realizó perforaciones y caracterización del subsuelo para definir la capacidad resistente de los sedimentos y las ubicaciones de las dos monoboyas.
Una unidad del Servicio de Hidrografía Naval efectuó relevamientos batimétricos y sonar de barrido lateral para identificar pendientes, obstáculos y condiciones de tendido de cañerías. Estos datos permitieron diseñar el sistema de fondeo y la infraestructura submarina.
El ingreso de materiales pesados se distribuyó entre varios puertos patagónicos y bonaerenses. Coreship OL descargó aproximadamente 8.000 toneladas de chapas de acero destinadas a los seis tanques de almacenamiento.
Sider Liu y Happy Delta aportaron chapas y cañerías de gran porte, mientras CS Fortune trasladó módulos habitacionales y contenedores para el obrador central. Puerto Madryn, San Antonio Este, Quequén, Dock Sud y Bahía Blanca funcionaron como nodos de recepción y transferencia terrestre hacia Punta Colorada.
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La instalación del sistema de fondeo requirió anclas de alta capacidad y cadenas de gran longitud. El BBC Odesa ingresó doce anclas de aproximadamente 42 toneladas y doce cadenas de cerca de 400 metros.
El buque Skandi Hera, especializado en manejo de anclas, completó dos campañas entre Quequén y Punta Colorada para colocar las líneas de fondeo que fijarán las monoboyas y absorberán los esfuerzos transmitidos por los petroleros durante la operación de carga.
El ducto submarino que conectará la terminal terrestre con las monoboyas se ejecutará mediante el buque Seminole, que instalará alrededor de cinco kilómetros de tubería revestida con hormigón.
El Athanasia trasladó desde Dock Sud 721 tubos destinados a esa conexión, cuyo peso y revestimiento aseguran estabilidad sobre el fondo marino y comportamiento adecuado frente a corrientes y esfuerzos longitudinales.
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El transporte pesado también forma parte del dispositivo. El White Merlin navega hacia Bahía Blanca con los remolcadores EDT Aeolus y Spring 360 sobre su cubierta, unidades que asistirán maniobras offshore y operaciones de fondeo.
En San Antonio Este se montó la plataforma autoelevable C‑728, utilizada como base estable para montajes, izajes y trabajos de conexión en una posición fija sobre el lecho.
La Armada Argentina aportó relevamientos y control costero mediante el patrullero oceánico ARA Almirante Storni y el aviso ARA Teniente Olivieri, que efectuaron reconocimientos de accesos, profundidades y navegación en aguas restringidas. Estas operaciones son necesarias para preparar el área que recibirá unidades de apoyo y petroleros de gran porte.
La infraestructura de Punta Colorada contempla seis tanques de hasta 750.000 barriles cada uno, dos monoboyas aptas para operar buques VLCC y un ducto submarino de 38 pulgadas con derivaciones hacia cada posición de carga.
VMOS proyecta transportar inicialmente 180.000 barriles diarios y avanzar hacia una capacidad de 550.000 barriles por día, con estudios orientados a incrementar el caudal mediante mayor potencia de bombeo.
Qué cambia con esta obra
La terminal de Punta Colorada modifica la estructura energética y logística del país en varios planos:
1. Capacidad exportadora:
La posibilidad de operar buques VLCC habilita volúmenes de carga que Argentina no tenía y establece una salida atlántica directa para el crudo de Vaca Muerta.
2. Geografía energética:
El corredor Allen–Punta Colorada incorpora a Río Negro como infraestructura activa de exportación, con participación fiscal, logística y portuaria.
3. Logística marítima y portuaria:
La obra integra a Madryn, San Antonio Este, Quequén, Dock Sud y Bahía Blanca en una cadena coordinada de acero, cañerías, fondeo y apoyo offshore, lo que requiere nuevas cartas náuticas, balizamiento y procedimientos de navegación.
4. Operación offshore:
La instalación de monoboyas, fondeo de doce anclas de gran porte y ducto submarino de 38 pulgadas establece un estándar técnico que Argentina no tenía en exportación de crudo.
5. Estructura económica y fiscal:
Los decretos 395/25 y 466/26 fijan ingresos provinciales, mano de obra local y contratación de proveedores rionegrinos, incorporando a la provincia en la cadena de valor del petróleo.
6. Articulación federal:
Neuquén aporta el recurso; Río Negro aporta la infraestructura; los puertos bonaerenses aportan logística. Es la primera obra que integra tres jurisdicciones en un corredor de exportación de crudo.
7. Posición internacional:
La capacidad de despachar grandes volúmenes desde el Atlántico amplía la oferta exportable y mejora la competitividad en mercados que operan con petroleros de gran porte.
San Juan alcanzó en marzo de 2026 un total de 5.579 puestos de trabajo mineros registrados, según el último informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera. La provincia se ubicó como la segunda jurisdicción con mayor empleo del sector en Argentina, detrás de Santa Cruz, y mostró una de las tasas de crecimiento interanual más altas del país.
Mientras el empleo minero nacional aumentó un 1,2% en los últimos doce meses, San Juan registró una expansión del 8,4%, impulsada por la actividad metalífera.
El desempeño provincial se explica por la presencia de proyectos de gran escala y por la estructura laboral que caracteriza a la minería metalífera. A nivel nacional, este segmento alcanzó 13.026 trabajadores y concentró el 32,5% del empleo minero, con un incremento interanual del 6,6% equivalente a 808 nuevos puestos.
Se trata del rubro que más empleo generó en términos absolutos y que sostiene buena parte de la recuperación laboral del sector. San Juan y Santa Cruz reúnen el 36% del empleo minero total del país.
El litio también aportó dinamismo. Con 5.382 trabajadores y un crecimiento del 6,5% interanual, este segmento sumó 327 nuevos empleos y ubicó a Catamarca como la provincia de mayor expansión relativa, con una suba del 21,9%.
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La combinación de proyectos metalíferos y de litio explica que el empleo minero nacional alcanzara 40.141 trabajadores directos en marzo, marcando la segunda mejora interanual consecutiva desde mediados de 2024.
El informe oficial muestra además una reducción en la cantidad de empresas mineras. En marzo se contabilizaron 993 firmas, 57 menos que un año antes, lo que representó una caída del 5,4%.
Sin embargo, el empleo continuó creciendo debido al peso de los proyectos de gran escala, que requieren plantillas laborales significativamente mayores que otros segmentos de la industria. Aunque las compañías metalíferas representan apenas el 5,9% de las empresas mineras del país, concentran más de un tercio del empleo total.
El escenario refleja una estructura donde la minería argentina muestra señales de recuperación laboral y donde San Juan se posiciona entre las jurisdicciones con mejor desempeño.
La expansión del empleo se vincula con la evolución de proyectos metalíferos y con la creciente actividad asociada a los desarrollos de litio, en un contexto donde las provincias con grandes yacimientos continúan traccionando la demanda de trabajadores y proveedores especializados.
La refinación de petróleo registró en mayo una utilización de la capacidad instalada del 88,7%, el nivel más alto de toda la industria argentina según el INDEC.
El incremento se explica por la mayor disponibilidad de crudo para procesar y por la ampliación operativa de plantas que incorporaron equipamiento para manejar petróleo más liviano. La actividad refinadora se convirtió en la principal incidencia positiva del mes dentro del sector industrial.
Los datos oficiales muestran un aumento significativo en la producción de combustibles. La elaboración de gasoil alcanzó 1.308.000 m³, con una variación interanual del 23,8%, mientras que las naftas llegaron a 823.000 m³, con un crecimiento del 18,3%. El volumen total de combustibles elaborados superó los 2,1 millones de m³, uno de los niveles más altos desde 2018.
El destino del incremento no se orienta al mercado interno. La Secretaría de Energía registra un consumo doméstico estable de naftas y gasoil, sin variaciones que expliquen el aumento de la refinación.
El crecimiento se vincula con la expansión de las exportaciones de combustibles, que avanzaron 34% interanual y encontraron mejores condiciones comerciales en países de la región. Paraguay, Uruguay y Chile absorbieron buena parte del volumen adicional.
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La estructura del sistema refinador establece límites claros. La capacidad instalada nacional se ubica en torno a 550.000 barriles diarios, sin proyectos oficiales para construir nuevas refinerías ni para ampliar de manera significativa las existentes.
La expansión del negocio depende del máximo aprovechamiento de la infraestructura disponible y de la posibilidad de colocar mayores volúmenes en mercados externos.
Para el canal minorista, el efecto es acotado. El alto nivel de refinación asegura abastecimiento si la demanda interna recupera dinamismo, pero no modifica precios, volúmenes comercializados ni rentabilidad de las estaciones de servicio. La estabilidad del consumo doméstico y la orientación exportadora del incremento productivo mantienen sin cambios la estructura comercial del mercado interno.
La refinación opera así en un esquema de alta utilización, mayor producción y destino externo predominante, con impacto limitado sobre el consumo local y con un techo definido por la capacidad instalada del sistema.
Un eventual bloqueo del estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los hutíes podría agravar la crisis en Oriente Medio, afectar el abastecimiento mundial de petróleo y profundizar las interrupciones en las cadenas globales de comercio.
Según un análisis del Council on Foreign Relations (CFR), mientras la atención internacional sigue centrada en la disputa entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, otro corredor marítimo estratégico comienza a generar preocupación: el mar Rojo.
De acuerdo con un análisis el reciente anuncio de los rebeldes hutíes de imponer un bloqueo naval total contra Arabia Saudita reavivó los temores sobre una posible escalada en el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los principales pasos marítimos del comercio internacional.
El grupo insurgente, respaldado por Irán y con control sobre buena parte de la costa occidental de Yemen, no precisó el alcance del bloqueo, aunque su posición geográfica le permite influir sobre el tránsito por Bab el-Mandeb, puerta de acceso al mar Rojo desde el océano Índico. La medida se suma a la prohibición anunciada semanas antes contra embarcaciones israelíes o vinculadas a Israel.
Un corredor clave
El mar Rojo constituye una de las arterias comerciales más importantes del planeta. Según el CFR, entre el 12 % y el 15 % del comercio marítimo mundial —valorado en más de un billón de dólares anuales— atraviesa esta ruta, que conecta el Canal de Suez con el estrecho de Bab el-Mandeb y une el Mediterráneo con el Índico.
Además del intenso tráfico de mercancías, por esta vía circula alrededor del 30 % del comercio mundial de contenedores y millones de barriles diarios de petróleo y derivados. Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), citados por el CFR, indican que durante el primer semestre de 2025 unos 4,2 millones de barriles diarios atravesaron Bab el-Mandeb, mientras que otros 4,9 millones circularon por el Canal de Suez y el oleoducto SUMED.
La importancia estratégica del mar Rojo también alcanza al mundo digital. Cerca del 90 % de los cables submarinos de fibra óptica que conectan Europa con Asia pasan por esta región, por lo que cualquier interrupción podría afectar servicios de internet y comunicaciones en varios continentes.
Un nuevo frente
Los especialistas del CFR advierten que el mar Rojo podría convertirse en un nuevo escenario de confrontación dentro del conflicto más amplio entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Desde finales de 2023, los hutíes atacaron embarcaciones comerciales y militares en solidaridad con Hamás durante la guerra en Gaza. Aunque esos ataques disminuyeron tras el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás a fines de 2025, la reciente amenaza contra Arabia Saudita eleva el riesgo de una interrupción del tráfico marítimo.
La protección de la libertad de navegación fue históricamente uno de los principales intereses estratégicos en Oriente Medio primero del Reino Unido primero y luego de los Estados Unidos. En ese contexto, considera que un eventual cierre simultáneo de los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb representaría un desafío sin precedentes para el comercio energético mundial.
Mercado petrolero
Arabia Saudita exporta entre 4 y 5 millones de barriles diarios de petróleo (MM/bdp) a través de terminales ubicadas sobre el mar Rojo por lo que un bloqueo efectivo del estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los hutíes podría dificultar seriamente esas exportaciones.
El antecedente más cercano ocurrió entre 2023 y 2024, cuando los ataques hutíes redujeron el tránsito petrolero por la zona desde 9,3 hasta apenas 4,1 MM/bdp, obligando a numerosas navieras a modificar sus rutas. Si bien existen alternativas, como rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, el CFR advierte que esos desvíos incrementan considerablemente los tiempos de navegación y los costos logísticos.
Riesgos
El conflicto involucra a varios actores regionales e internacionales. Los hutíes mantienen respaldo militar y logístico de Irán; Israel ha respondido con bombardeos sobre infraestructura en Yemen; mientras que Estados Unidos y varios aliados europeos desplegaron operaciones navales para proteger la navegación comercial en el mar Rojo.
El análisis del CFR también advierte que una escalada podría tener consecuencias más allá de Oriente Medio. La inestabilidad podría agravar las crisis políticas y de seguridad en el Cuerno de África y el noreste del continente, donde confluyen conflictos en Sudán, Somalia y las disputas por el acceso a puertos estratégicos.
Aunque un cierre total del estrecho de Bab el-Mandeb resulta complejo desde el punto de vista operativo, los especialistas consideran que una interrupción simultánea de este corredor y del estrecho de Ormuz comprometería rutas por las que circula cerca de una cuarta parte del petróleo transportado por vía marítima en el mundo, con impacto directo sobre los precios de la energía, las cadenas de suministro y la economía global.
¿Y el precio del petróleo?
Un cierre parcial del estrecho de Bab el-Mandeb probablemente incorporaría una nueva prima de riesgo geopolítico al mercado petrolero. Analistas del sector energético señalan que una interrupción limitada del tránsito marítimo elevaría principalmente los costos de transporte y los seguros para las embarcaciones, lo que podría traducirse en aumentos moderados del precio del crudo.
Según Reuters, en el escenario actual, con el Brent cotizando en torno a los US$ 85 por barril, una interrupción parcial y de corta duración podría impulsar subas de entre US$ 5 y 15 por barril, dependiendo de la magnitud del bloqueo y de la capacidad de las navieras para desviar sus rutas.
Sin embargo, si las restricciones en Bab el-Mandeb coincidieran con nuevas limitaciones en el estrecho de Ormuz, el mercado enfrentaría un escenario mucho más severo. Diversos analistas advierten que una disrupción simultánea de ambos corredores —por donde circula una parte sustancial del comercio mundial de hidrocarburos— podría llevar temporalmente al Brent por encima de los US$ 100 o incluso US$ 110 por barril. En hipótesis extremas de cierre prolongado de ambos pasos marítimos, algunas estimaciones mencionan valores cercanos a los US$ 200, aunque ese escenario es considerado de baja probabilidad y requeriría una interrupción sostenida de la oferta global.
DLS Archer anunció la incorporación de un equipo de perforación de última generación que comenzará a operar en Vaca Muerta durante el primer trimestre de 2027, en el marco del plan para fortalecer los desarrollos en la formación neuquina.
El nuevo rig, denominado Súper High Spec DLS-177, está equipado con tecnología Managed Pressure Drilling (MPD), un sistema que permite un control más preciso de la presión durante la perforación. Esta innovación apunta a mejorar la seguridad en las operaciones y a optimizar la eficiencia en pozos no convencionales.
Esta incorporación forma parte del acuerdo de largo plazo entre DLS Archer e YPF, cuyo objetivo es ampliar la capacidad operativa y adaptar las soluciones tecnológicas a las crecientes demandas del shale argentino.
Gerardo Molinaro, vicepresidente de Land Drilling de DLS Archer, señaló que “la llegada del nuevo equipo fortalece el vínculo estratégico con YPF y acompaña el crecimiento sostenido que viene mostrando el shale argentino”. Además, destacó que este rig permitirá “elevar los niveles de productividad y mantener altos estándares de seguridad en cada operación”.
El nuevo equipo se suma a la estrategia de expansión que la empresa inició meses atrás, cuando supervisó en Houston, Estados Unidos, el acondicionamiento de dos rigs eléctricos APEX 1500 de 1.500 HP. Estos equipos están diseñados especialmente para perforaciones no convencionales y cuentan con sistemas automatizados para el manejo de tuberías, top drive de 500 toneladas y equipos de circulación de alta presión, características que agilizan los tiempos y reducen riesgos en Vaca Muerta.
La inversión, que forma parte de un contrato quinquenal entre DLS Archer e YPF valorado en aproximadamente 600 millones de dólares, contempla la operación de siete equipos de perforación con servicios integrados, incluyendo la tecnología MPD, considerada clave para optimizar el desempeño en formaciones de baja permeabilidad.
Pampa Energía anunció una inversión de US$2.700 millones para desarrollar en Bahía Blanca la planta de producción de urea granulada más grande de Sudamérica y una de las más importantes a nivel global. Este proyecto se emplazará en un predio de 80 hectáreas dentro del Polo Industrial, con conexión directa a los gasoductos que transportan gas natural extraído de Vaca Muerta.
La iniciativa, que ya fue presentada para sumarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), busca aprovechar el crecimiento de Vaca Muerta para agregar valor al gas argentino. La construcción demandará aproximadamente tres años y medio, con la planta comenzando a operar hacia finales de 2029.
El complejo tendrá una capacidad anual para producir 2,1 millones de toneladas de urea granulada, lo que equivale a unas 6.000 toneladas diarias distribuidas en dos líneas de producción. Además, contará con una planta de amoníaco, sistemas de almacenamiento y una infraestructura diseñada para abastecer tanto al mercado interno como a las exportaciones, mediante transporte por camiones y buques.
Esta inversión estratégica apunta a fortalecer el suministro de fertilizantes para el sector agrícola argentino, reduciendo la dependencia de importaciones. También se espera generar ingresos por ventas al exterior, especialmente hacia Brasil, que actualmente importa entre siete y ocho millones de toneladas anuales de urea.
Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, subrayó que se trata del proyecto de inversión más significativo en la historia de la empresa, ya que conecta el desarrollo gasífero de Vaca Muerta con la producción agropecuaria, “garantizando un suministro más estable y competitivo de fertilizantes”.
La ingeniería y construcción estarán a cargo de SACDE y Tecnimont, la unidad de la firma italiana MAIRE. La tecnología para la producción de amoníaco y urea será suministrada por Nextchem, a través de su subsidiaria Stamicarbon, y por la empresa KBR.
El proyecto incluye además obras complementarias para mejorar la infraestructura de Bahía Blanca. Entre ellas se destaca la construcción de una planta desalinizadora, que abastecerá de agua al complejo industrial sin afectar el consumo urbano, y la ampliación del sistema portuario local para incrementar la capacidad operativa y facilitar la salida de la producción hacia los mercados internacionales.
YPF alcanzó un nuevo hito en la explotación de Vaca Muerta al completar 203 horas continuas de fractura hidráulica en el bloque Bandurria, entre el 2 y el 11 de julio. Esta operación, que equivale a más de 8 días y 11 horas de trabajo sin interrupciones, se realizó bajo un sistema totalmente remoto y autónomo, sin registrar incidentes.
Durante este período, la empresa llevó a cabo 86 etapas de fractura que fueron monitoreadas desde su Real Time Intelligence Center (RTIC). Esta metodología forma parte de la estrategia de YPF para aumentar la productividad en desarrollos no convencionales mediante la automatización y el uso de tecnología avanzada.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que este logro representa «un nuevo hito para Vaca Muerta» y remarcó que la operación los acerca a los estándares de productividad de la cuenca estadounidense del Permian. «Este logro refleja una operación de fractura 100% remota y autónoma, con cero incidentes. Es un hito para Vaca Muerta que nos acerca aún más a los estándares del Permian y demuestra que, cuando apostamos por la innovación, la tecnología y la excelencia operativa, podemos competir con los mejores del mundo», afirmó.
Marín también resaltó el esfuerzo colectivo y la incorporación de nuevas tecnologías como factores clave para alcanzar este resultado, señalando que «el resultado es fruto del trabajo conjunto, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora continua de los procesos».
Este récord refuerza la apuesta de YPF por optimizar sus operaciones a través de la automatización y el monitoreo remoto, herramientas que permiten reducir tiempos, mejorar la eficiencia y aumentar la competitividad del shale argentino.
Con esta marca, YPF continúa avanzando en su meta de posicionar a Vaca Muerta entre los desarrollos no convencionales más eficientes a nivel mundial, en un contexto donde la productividad es clave para sostener el crecimiento tanto de la producción como de las exportaciones de petróleo y gas.
La energética de mayoría accionaria estatal YPF informó que el 4 de agosto implementará el cambio de valor nominal (split) de sus acciones ordinarias registradas en la Caja de Valores S.A., en una relación de 10 acciones por cada acción existente.
Como resultado de esta operación, por cada acción de YPF que un accionista posea antes de la fecha de implementación del split recibirá nueve acciones adicionales, totalizando 10 acciones. En consecuencia, el valor nominal de cada acción pasará de AR $10 a AR $1.
La operación se realizará de manera automática, por lo que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones, comunicó la compañía.
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF afirmó al respecto que “Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”.
Además, la compañía avanza en el desarrollo de una nueva funcionalidad que permitirá comprar acciones de YPF directamente a través de APP YPF, acercando el mercado de capitales a millones de usuarios de su ecosistema digital, se indicó.
Este cambio en el valor nominal reducirá el precio unitario de la acción en el mercado local facilitando el acceso a un universo más amplio de inversores y favoreciendo una mayor liquidez.
La medida no implica cambios en el patrimonio de los accionistas ni en los derechos asociados a sus tenencias, se destacó. La operación implicará pasar de 393.312.793 acciones ordinarias escriturales de $ 10 valor nominal cada una a 3.933.127.930 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 cada una, según la nota presentada a la CNV. Cada acción mantendrá un voto.
El área offshore CAN 200, incorporada por el gobierno nacional al proceso de licitación para la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino, está ubicada a 249 kilómetros de Mar del Plata en su punto más cercano, una distancia que la convierte en una de las áreas de exploración más próximas a la ciudad dentro de la Cuenca Argentina Norte. El bloque, de unos 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, es además lindero con el CAN 102, donde YPF y Equinor ya llevaron adelante trabajos exploratorios sin resultados positivos.
Aunque la actividad se desarrollará mar adentro, la cercanía con la costa bonaerense vuelve a poner a Mar del Plata como uno de los principales puntos de referencia para el desarrollo offshore en el país, con los antecedentes de conflicto que ya vivieron en años recientes. El límite más cercano del bloque se encuentra a unos 249 kilómetros del centro de la ciudad, mientras que el extremo más alejado alcanza aproximadamente los 354 kilómetros.
La distancia resulta apenas mayor que la que tiene el CAN 107, otro de los bloques de la Cuenca Argentina Norte que llegó a ser concesionado y cuyo punto más cercano se ubicaba a 196 kilómetros de Mar del Plata. Ese bloque, finalmente, fue devuelto al Estado luego de que las empresas decidieran no continuar con la exploración ante la acumulación de resultados negativos tras las exploraciones sísmicas realizadas.
En cuanto a sus dimensiones, el CAN 200 abarca alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados, una superficie que equivale a más de tres veces la extensión del partido de General Pueyrredon, que posee aproximadamente 1.460 kilómetros cuadrados.
Frente a la costa bonaerense
El bloque se encuentra en el sector norte de la Cuenca Argentina Norte, sobre el límite lateral marítimo entre Argentina y Uruguay. Su ubicación lo sitúa frente a distintos municipios de la costa bonaerense.
Tomando una referencia en línea recta, el extremo norte del área queda aproximadamente frente a Punta Médanos, en el Partido de La Costa, mientras que el límite sur se ubica a la altura de La Caleta, en el partido de Mar Chiquita. En consecuencia, la zona de exploración se proyecta mar adentro frente a las costas de Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell y Mar Chiquita, además de mantenerse relativamente próxima a General Pueyrredon.
Otro dato relevante es que el CAN 200 limita con el bloque CAN 102, concesionado al consorcio integrado por YPF y Equinor, donde se desarrolló una de las primeras perforaciones exploratoria de aguas profundas de la Cuenca Argentina Norte.
Durante 2024, las petroleras llevaron adelante la etapa de explotación sísmica a través del buque panameño Pxgeo2. Si bien los trabajos permitieron obtener una importante cantidad de información geológica sobre la cuenca, las empresas concluyeron que el prospecto no contenía hidrocarburos en volúmenes comercialmente explotables, por lo que no se confirmó un descubrimiento.
La proximidad entre ambas áreas hace que buena parte de la información geológica obtenida en el CAN 102 resulte de interés para evaluar el potencial del nuevo bloque, que ahora buscará atraer inversiones privadas a través de la licitación lanzada por el Gobierno nacional.
De concretarse una futura adjudicación, el CAN 200 pasará a integrar el conjunto de áreas offshore que concentran las expectativas de encontrar nuevos recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina, con Mar del Plata como la principal ciudad de referencia logística sobre la costa atlántica.
En la provincia de Buenos Aires continúa la ampliación del plan de infraestructura renovable diagramado por la gobernación de Axel Kicillof con la construcción de ocho nuevos parques solares distribuidos en distintos municipios.
Las iniciativas forman parte de un pan de generación distribuida solar que impulsa el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto con el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA), a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED).
¿Dónde están los cinco parques solares ya en construcción?
De los ocho proyectos previstos, cinco ya se encuentran en ejecución en Alberti; 16 de Julio (Azul); Pehuen –Co (Coronel Rosales); Pipinas (Punta Indio); y San Cayetano.
En los parques de San Cayetano y Pehuen-Có se incorporan sistemas de almacenamiento mediante baterías, lo que permite atender demandas específicas de la red eléctrica, mejorar la calidad del servicio y dar respuesta a consumos estacionales.
En total, los cinco parques actualmente en ejecución sumarán una potencia fotovoltaica de 3,5 MW (mega watt) de potencia solar y 2.900 kWh (Kilo Watt hora) de almacenamiento, lo que permitirá aumentar la disponibilidad de energía en localidades con restricciones de abastecimiento a la vez que acompañar el crecimiento de las comunidades a partir de energías renovables.
Los tres parques solares en proceso de licitación
A estas intervenciones se suman tres nuevos emprendimientos en Castilla (Chacabuco), Marisol (Coronel Dorrego) y Gorchs (General Belgrano) que actualmente están en proceso de licitación.
En ese sentido, el parque solar Castilla contará con una potencia de 400 kWp y será operado por la cooperativa eléctrica de Chacabuco. Su incorporación permitirá reforzar el abastecimiento en una zona ubicada en punta de línea, donde las características de la red generan limitaciones en la calidad del servicio. En tanto, el parque solar Marisol dispondrá de una potencia de 200 kWp y estará asociado a un sistema de almacenamiento de 1.500 kWh; y el de Gorchs tendrá una potencia de 400 kWp y un sistema de acumulación de 1.600 kWh, permitiendo aliviar restricciones en una red caracterizada por extensas líneas de distribución y una importante demanda de usuarios rurales e industriales.
Plan de generación de energía solar
El plan de generación distribuida solar tiene como objetivo brindar soluciones energéticas sustentables en localidades con limitaciones de infraestructura eléctrica, especialmente aquellas ubicadas en puntas de línea. Esto significa que se encuentran en el extremo final de la red de transmisión o distribución eléctrica. Al estar al final del tendido, cualquier falla que se produzca en el trayecto previo interrumpe directamente el suministro.
Con la entrada en operación de estas nuevas instalaciones durante 2027, la provincia de Buenos Aires alcanzará un total de 34 parques solares en funcionamiento y una potencia fotovoltaica instalada de 12 MWp, consolidando uno de los programas de generación distribuida renovable más importantes del país.
En su conjunto, estos desarrollos generarán alrededor de 21.000 MWh anuales, energía equivalente al consumo de aproximadamente 7.000 hogares bonaerenses. Además, permitirán evitar la emisión de más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Los arroyos Saladillo García y el Saladillo Chico desbordaron y cuatro cursos más convergieron en una sola corriente que alcanzó 1.700 metros de ancho al cruzar la Ruta Nacional 3 Sur, justo frente al complejo de TGS.
El 7 de marzo de 2025 el complejo industrial de líquidos derivados del gas natural que Transportadora Gas de Sur tiene en General Cerri, a solo 15 kilómetros de Bahía Blanca, quedó anegado bajo un volumen de agua equivalente al doble de las Cataratas del Iguazú.
Fue un hecho sin precedentes queobligó durante casi dos meses a parar la planta donde se producen más de un millón de toneladas por año de etano, propano, butano y gasolina natural. Cuáles fueron los daños, cómo se recuperaron las instalaciones y de qué se trata el Plan de Adaptación Climática que se puso en marcha.
«Se fortalecieron los planes de emergencia y revisaron los escenarios de respuesta ante eventos climáticos extremos frente a desafíos que, producto de la variabilidad climática, podrían repetirse”, informó la empresa a EconoJournal.
El día de la tragedia
Aquel día cayeron más de 290 milímetros en menos de doce horas sobre Bahía Blanca y su zona de influencia: un evento excepcional con un período de recurrencia superior a los 100 años, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Los arroyos Saladillo García y el Saladillo Chico desbordaron y cuatro cursos más convergieron en una sola corriente que alcanzó 1.700 metros de ancho al cruzar la Ruta Nacional 3 Sur, justo frente al complejo de TGS, antes de ingresar a General Cerri, localidad ubicada sobre la Ría de Bahía Blanca y cuya población estuvo entre las más afectadas.
Profesionales del INTA, la Universidad Nacional del Sur (UNS) y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS, UNS-CONICET) hicieron un diagnóstico del daño y calcularon el caudal del volumen de agua que ingresó a esa zona en particular: 3.675 metros cúbicos por segundo.
“Un volumen que se asemeja al de un gran río nacional en régimen de crecida y equivale a más del doble del flujo promedio de las Cataratas del Iguazú. Esta comparación permite tomar dimensión de la escala del fenómeno, que transformó por un tiempo limitado a una cuenca rural en un sistema fluvial activo de altísimo caudal, con un potencial destructivo considerable sobre infraestructuras, suelos y viviendas”, señalaron en un informe.
El complejo de TGS quedó “completamente anegado”, informó TGS, lo que interrumpió la producción de líquidos del gas natural y redujo temporalmente la capacidad de transporte. Además de costos económicos relevantes, asociados a los propios daños, la interrupción operativa y los gastos de recuperación: la pérdida económica registrada en el ejercicio 2025 fue de 54,3 millones de pesos, parcialmente compensada por cobros de seguros, según informó la empresa en su reporte Ambiente, Social y Gobernanza 2025.
A su lado, sobre el kilómetro 704 de la misma Ruta Nacional 3 Sur, la Termoeléctrica Guillermo Brown (TGB), con 580 MW de potencia instalada, dos turbinas a gas en ciclo abierto y utilizando principalmente gas como combustible, sufrió impactos de magnitud similar y también tuvo que detener sus operaciones.
Recuperación, pérdidas y seguros
La recuperación fue una carrera para TGS. El 14 de marzo, a los siete días de la inundación, se puso en marcha la Planta Compresora Fiat para garantizar el transporte de gas. Diez días después se logró la energización parcial y entró en servicio la Planta Solar. Luego arrancó el primer tren de la Planta Criogénica, con producción de GLP y gasolina. A los 59 días el complejo volvió a operar al 100%. Trabajaron equipos técnicos de TGS llegados de distintos puntos del país junto a más de 150 proveedores y contratistas.
Desde TGS señalaron a EconoJournal que la reconstrucción fue una oportunidad para fortalecer los planes de emergencia: “Se impulsaron estudios específicos de riesgo hídrico junto con la Universidad Nacional del Sur y otros organismos especializados. Estos trabajos permitieron comprender con mayor profundidad el comportamiento de las cuencas y sistemas que confluyen sobre Cerri, identificando medidas para aumentar la resiliencia de las instalaciones y del entorno”.
En términos operativos, el complejo incorporó mejoras en los sistemas de drenaje, redundancias eléctricas y elevación de salas críticas. Todas esas acciones se integran ahora en un Plan de Adaptación Climática 2026-2028, señalaron desde la compañía, alineado con estándares y recomendaciones de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), un marco internacional de reporte de riesgos climáticos.
Creado en 2015 por el Consejo de Estabilidad Financiera a pedido del G20, se trata de un marco para que las empresas divulguen de manera transparente cómo el cambio climático puede afectar su desempeño financiero.
El objetivo es organizar esa divulgación en gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y si bien se disolvió en 2023, las recomendaciones fueron absorbidas por nuevos estándares internacionales de reporte de sostenibilidad de la Fundación IFRS, un organismo internacional con sede en Londres que establece normas de reporte financiero y siguen siendo referencia para empresas de todos los sectores, incluido el energético.
La experiencia dejó una lección que va más allá de Bahía Blanca y General Cerri: en un territorio donde la infraestructura energética y la ocurrencia creciente de eventos climáticos extremos conviven, la pregunta que deja un hecho así tal vez no sea si puede llegar a repetirse, sino cuándo.
Como parte del proceso para destrabar la construcción del AMBA I, la Secretaría de Energía convocó a la consulta pública ambiental y social del proyecto para el 22 de julio en Marcos Paz.
La Secretaría de Energía realizará la Consulta Ambiental y Social para el proyecto AMBA 1 este miércoles 22 de julio. La convocatoria responde a los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que actuará como garante financiero del canon estatal a la adjudicataria. Tras meses de postergación, este paso busca destrabar la licitación de una obra estratégica de US$ 1.100 millones para el sistema metropolitano.
El proceso para reconfigurar el sistema de transporte eléctrico en el nodo de mayor consumo de la Argentina suma una etapa administrativa necesaria con el encuentro abierto que se llevará a cabo de manera presencial en el municipio de Marcos Paz y mediante canales virtuales para receptar observaciones de la ciudadanía.
La activación de esta instancia responde al marco regulatorio y a las salvaguardas socioambientales que impone el BID. Para que el organismo multilateral ratifique su participación en la obra, resulta ineludible que el Estado nacional someta a revisión pública el EIAS, garantizando la evaluación socioambiental de las trazas y los planes de mitigación correspondientes.
El rol del BID en esta licitación trasciende la figuta de dador de crédito de fomento. La arquitectura financiera posiciona a la entidad multilateral como un garante de última instancia ante la empresa o consorcio privado que resulte adjudicatario de la construcción y operación. Esta figura apunta a blindar la cobrabilidad de la futura contratista.
El Poder Ejecutivo oficializó en los últimos días de diciembre un cambio estructural en la gestión de la infraestructura energética al habilitar el régimen de concesión de obra para la ampliación del sistema de transporte de electricidad. Si bien la medida ya era contemplada por la Ley de Bases, requería un decreto reglamentario correspondiente.
Cómo actuará la garantía del BID sobre el canon
Si la administración pública incurriera en retrasos en la liquidación del canon, aplicara procesos de pesificación o alterara los esquemas de actualización previstos, el BID responderá como garante financiero para asegurar el flujo de fondos.
El mecanismo busca reducir el riesgo soberano e incentivar la presentación de ofertas internacionales en un proyecto que demanda una inversión global cercana a los US$ 1.100 millones, estructurada con un tramo relevante de financiamiento y avales del propio multilateral.
En el plano técnico y territorial, el EIAS elaborado para AMBA 1 abarca la intervención en más de diez municipios del oeste y sur del conurbano bonaerense como Marcos Paz, General Rodríguez, Las Heras, Cañuelas y Esteban Echeverría.
El núcleo de la obra comprende la construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) Plomer en 500/220 kV, la ampliación de la ET 25 de Mayo y el tendido de más de 300 kilómetros de líneas de alta y extra alta tensión para interconectar nodos críticos como Atucha, Ezeiza y Zappalorto.
El EIAS destaca la dificultad de trazar la servidumbre de paso en la franja de mayor concentración urbana del país, con interferencias de infraestructura existente, cruces fluviales y zonas densamente pobladas.
El diagnóstico ambiental identifica que el principal desafío constructivo radica en la apertura de las franjas de servidumbre de paso y la afectación temporal del suelo durante la hincada de torres y el tendido de conductores.
Al atravesar áreas de interfaz periurbana y periurbana-rural, los estudios hicieron foco en la caracterización del uso de la tierra, la preservación de la cubierta vegetal nativa en cruces de cursos de agua (como las cuencas de los ríos Luján y Reconquista) y la gestión del ruido y polvo en la fase de obra civil.
El Plan de Manejo Ambiental y Social
La evaluación socioambiental contempla un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) específico para mitigar las interferencias con la infraestructura existente y el tránsito local.
Para esto se incluyeron protocolos para el despeje de vegetación sin uso de defoliantes químicos, medidas de protección para el avistamiento de avifauna mediante la instalación de desviadores de vuelo en los cables de guardia y un programa de reasentamiento o indemnización por servidumbre en los predios privados requeridos para la traza.
Desde la perspectiva operativa, la fundamentación ambiental del proyecto subraya que la ejecución de AMBA 1 generará un impacto neto positivo de escala regional. La red actual opera al límite de su capacidad física durante los picos de demanda estacionales, forzando la quema de combustibles fósiles en centrales térmicas de menor eficiencia ubicadas dentro del nodo de consumo para sostener la tensión en los alimentadores.
La incorporación de las nuevas líneas de 500 kV y la descongestión del anillo metropolitano permitirán desplazar de la matriz la generación distribuida más costosa y contaminante, reduciendo las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) en el Gran Buenos Aires. A su vez, la obra resolverá el riesgo de colapso en cadena ante fallas simples en la infraestructura existente, que hoy abastece 14 millones de usuarios.
La realización de la consulta en Marcos Paz permitirá elevar al directorio del BID el expediente ambiental consolidado para habilitar el tratamiento del crédito y los avales. Cumplido este requisito en Washington, el Gobierno nacional quedará en condiciones de publicar los pliegos de la licitación pública internacional, una convocatoria diferida desde el año pasado que el mercado eléctrico considera prioritaria para el desarrollo de la infraestructura de transporte.
El precio minorista del combustible cruzó un umbral sensible por la reanudación del conflicto entre Washington y Teherán, pero el crudo de referencia se sostiene lejos de los picos que auguraban los analistas.
Este lunes la nafta promedio en Estados Unidos volvió a perforar hacia arriba la barrera de los US$4 por galón, de acuerdo con la American Automobile Association. No ocurría desde mediados de junio. Este desacople también tiene lecturas directas para la ecuación exportadora de Vaca Muerta. Detrás del salto está el rebrote del enfrentamiento entre Washington y Teherán, que volvió a trabar el paso de crudo por el Estrecho de Ormuz, corredor por el que circula cerca de un quinto del petróleo que se comercia en el mundo.
¿Por qué sube el surtidor si el barril no acompaña con la misma intensidad? Ahí está el dato que conviene mirar de cerca. El Brent operó este lunes en torno a los US$88 por barril, tras haber trepado por encima de los US$90 durante la jornada. El nivel está muy por debajo del pico de US$126 que el propio Brent tocó a comienzos de año, cuando arrancó el conflicto, y todavía más lejos de las proyecciones de US$150 o US$200 que circulaban entonces.
Un mercado con oferta física holgada
La explicación del techo relativamente bajo del crudo pasa por el lado de la oferta. Arabia Saudita incrementó con fuerza sus despachos desde el puerto de Yanbu, sobre el Mar Rojo, compensando parte de los barriles que dejaron de salir por Ormuz. Los operadores describen un mercado con abundante disponibilidad física de petróleo, lo que amortigua la reacción del precio ante cada nueva escalada. A eso se suma un factor de demanda: China, el mayor importador del mundo, recortó sus compras de crudo hacia junio al menor nivel en casi una década.
¿Y qué explica que el minorista suba con esa fuerza? Los inventarios de nafta cuentan parte de la historia: cerraron la semana pasada en 210,5 millones de barriles, unos 1,5 millones por debajo de la media de los últimos cinco años. Pero hay un segundo frente. Ucrania viene golpeando la infraestructura de refinación rusa, y esa capacidad perdida ajustó todavía más la disponibilidad de producto terminado. El resultado es un margen de refinación que se despegó del precio del barril y empujó el minorista al alza.
La lectura argentina
Para el productor local, el nivel del Brent es la variable que ordena la ecuación. Con la referencia sostenida en torno a los US$88, la paridad de exportación mejora para el crudo Medanito de Vaca Muerta, cuyo diferencial se calcula sobre ese benchmark. Un precio internacional firme refuerza el atractivo de los proyectos no convencionales y la recaudación por regalías en las provincias productoras, siempre que el barril se mantenga en la franja alta.
La contracara es conocida: un crudo internacional elevado tensiona la discusión de precios internos de los combustibles y la fórmula de paridad que siguen las refinerías locales. El desacople entre barril y surtidor que hoy se observa en Estados Unidos es, en el fondo, la misma tensión que atraviesa cualquier mercado que exporta petróleo y a la vez abastece su demanda interna de naftas.
La Secretaría de Energía de la Nación convocó para el miércoles 22 de julio a una consulta pública para que ciudadanos y organizaciones accedan a información sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de transporte de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA I, y conozcan las medidas de mitigación previstas.
El proyecto forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla 16 obras prioritarias orientadas a mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver los cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los puntos de generación hacia los centros de consumo.
AMBA I se encuentra, además, en proceso de obtención de la garantía de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El referido proyecto comprende:
Construcción de una nueva estación transformadora (E.T. Plomer).
Ampliación de la E.T. 25 de Mayo.
Adecuación de las estaciones transformadoras E.M. Atucha, E.T. Ezeiza, E.T. General Rodríguez, E.T. Mercedes, E.T. Luján, E.T. Zapalorto y E.T. Pantanosa.
Construcción de las líneas asociadas. La participación en la sesión de consulta pública será presencial. Autoridades de la Secretaría de Energía expondrán los impactos ambientales y sociales del proyecto AMBA I y sus medidas de mitigación.
Consultas virtuales Quienes no puedan asistir de manera presencial pueden realizar consultas o comentarios sobre el proyecto a través de esta web o escribiendo a ampliaciontransporte@mecon.gov.ar. Todas las consultas serán respondidas de manera online.
La Sede para la realización de la consulta presencial será el Paseo Cultural “El Galpón”.
Dirección: Avellaneda 2441 (esquina Gral. Roca), Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
Rolando Figueroa coloca deuda internacional por primera vez en su gestión.
El gobierno de Neuquén inició este lunes un road show con inversores en Nueva York para presentar lo que será la primera emisión de bonos de la gestión de Rolando Figueroa y un regreso a los mercados internacionales para la provincia tras casi una década. La búsqueda de financiamiento es por un monto de hasta 500 millones de dólares, de los cuales un 70% deberá tener como destino la obra pública.
Neuquén llega a esta instancia con el impulso de Vaca Muerta y tras un proceso de reordenamiento de su deuda pública que le permitió reducir el stock en más de un 40% desde el inicio de la gestión. El mes pasado, Fitch Ratings elevó la calificación de la provincia como emisora de largo plazo de CCC- a B-, una mejora que valoró la mayor capacidad para afrontar sus vencimientos, resultados fiscales «equilibrados» y el crecimiento de los ingresos propios.
Este lunes, la calificadora informó oficialmente que asignó la calificación esperada a largo plazo de B-(EXP) a los bonos propuestos por Neuquén por un monto de hasta 500 millones de dólares.
Los bonos tienen denominación dólares y pagarían una tasa de interés fija que se determinará al momento de la emisión. Según pudo saber EN/CLAVE de fuentes del gobierno provincial, está previsto que el jueves se realice el «pricing» para fijar el valor de venta de los títulos.
Por ahora se supo que tendrán una estructura de amortización con tres pagos anuales en 2032, 2033 y 2034 y no tendrán garantía, pese a que la provincia ha utilizado las regalías en emisiones anteriores. Los intereses se pagarán semestralmente y los bonos vencerán en un plazo máximo de ocho años.
Fitch ratificó que el perfil crediticio individual actual de Neuquén es B-, «lo que indica un riesgo de refinanciamiento relativamente bajo». «La provincia ha mantenido resultados fiscales equilibrados y un crecimiento en sus ingresos propios en un entorno geopolítico global favorable. Persiste la incertidumbre a mediano plazo, ya que los indicadores clave de calificación dependen en gran medida del sector de petróleo y gas en comparación con sus pares nacionales», aclaró en el informe.
TiPDeN, los bonos de Rolando Figueroa
El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo autorización de la Legislatura para emitir deuda por hasta 500 millones de dólares en 2024, pero no la había utilizado hasta el momento. Recién en marzo de este año creó por decreto 419 el «Programa para el Financiamiento de Infraestructura y Pago de Deuda del Neuquén» para la emisión de títulos en el mercado internacional o local.
El decreto autorizó los Títulos Públicos de Infraestructura y Pago de Deuda del Neuquén (TIPDeN), a colocarse con o sin garantía, un plazo máximo de amortización de 15 años y la posibilidad de que los actuales tenedores de deuda provincial puedan hacer un canje.
Según se indicó desde el gobierno, se buscará un plazo de amortización máximo de ocho años para esta colocación.
La legislación detrás de este programa establece que, por lo menos el 70% del monto que se obtenga de la emisión deberá ser utilizado para obra pública, mientras que el 30% restante podrá aplicarse a la amortización de la deuda.
Neuquén tiene vencimientos este 2026 por más de 300 millones de dólares, la mayoría denominados en moneda extranjera. El aumento de las regalías de gas y petróleo por efecto de la Guerra en Medio Oriente le viene dando oxígeno al gobierno este año para cubrir los pagos.
Desendeudamiento y vuelta al mercado
Esta es la primera emisión en el mercado de Neuquén desde el 2017, cuando la gestión de Omar Gutiérrez colocó los bonos Tideneu que debió salir a reestructurar apenas tres años más tarde. El sucesor de Rolando Figueroa tomó deuda por más de 900 millones de dólares en sus dos mandatos, lo que generó un cúmulo de capital e intereses que a la administración actual le tocó gestionar.
Además de los bonos Tideneu, Neuquén tiene en circulación los Ticade, garantizados con regalías, ambos con vencimiento en abril y mayo del 2030 y por los que la Provincia paga una tasa del 6,875% y del 8,625%, respectivamente. El stock actual por estos instrumentos supera los 300 millones de dólares.
Neuquén también tiene pendiente de amortización la última etapa del préstamo del Credit Suisse que tomaron las gestiones de Gutiérrez y de Jorge Sapag, del que queda un remanente de 50 millones de dólares con vencimiento el año que viene. Ese crédito, que se tomó para afrontar desequilibrios de caja tras los incrementos salariales otorgados en la previa a disputas electorales, paga una tasa de interés del 7,3%.
Hasta ahora, el gobierno de Figueroa había evitado recurrir al mercado para hacerse de recursos, iniciando un proceso de desendeudamiento que achicó el stock de la provincia en más de un 40%. «Muchas eran letras tomadas para pagar gastos corrientes, con tasas elevadas de interés”, había salido a cuestionar el mandatario, quien defendió el cambio propuesto por su gestión: «Ordenar las cuentas con una administración austera y responsable, transformando las arcas de la provincia para poder avanzar en las obras que la gente necesita».
Esta emisión es la primera de Figueroa en el mercado, aunque no es su primera toma de crédito. El gobierno firmó acuerdos con organismos internacionales como el BID y la CAF para financiar obras de infraestructura que está ejecutando, principalmente, en rutas del interior del territorio.
Argentina se encuentra ante la posibilidad de ingresar en el mayor ciclo de inversiones mineras de su historia. Los proyectos de cobre, litio, oro y plata en distintas etapas de desarrollo podrían transformar la matriz exportadora del país y consolidar al sector como uno de los pilares de crecimiento de la próxima década.
Sin embargo, el avance de estas inversiones depende de un factor decisivo que no surge de la geología ni de los precios internacionales: la disponibilidad de técnicos, ingenieros y proveedores capacitados para operar una minería moderna de escala global.
Las estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras indican que los siete proyectos de cobre más avanzados podrían generar alrededor de 125.000 empleos durante su fase de construcción y cerca de 100.000 puestos directos e indirectos en operación. A esto se suma la expansión del litio en el NOA y la continuidad de la minería metalífera tradicional, que incrementarán la demanda laboral en todas las provincias cordilleranas.
El desafío excede la contratación directa en la boca de mina: cada proyecto moviliza un entramado de pymes metalmecánicas, constructoras, firmas de ingeniería, desarrolladoras de software, laboratorios, transportistas y especialistas en automatización y gestión ambiental.
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La minería del siglo XXI requiere perfiles que hoy escasean en el mercado local: técnicos electromecánicos, operadores de equipos autónomos, programadores, analistas de datos, soldadores de alta precisión y especialistas en ciberseguridad industrial. La formación de estos perfiles demanda planificación estratégica y coordinación institucional.
La experiencia internacional demuestra que ningún país minero exitoso dejó el desarrollo de su capital humano librado a la dinámica del mercado. Australia, Canadá y Chile construyeron ecosistemas donde empresas, institutos técnicos, universidades y centros tecnológicos operan de manera articulada para anticipar vacantes críticas y estandarizar competencias.
En Argentina existe un antecedente relevante: el modelo de articulación desarrollado en torno al Instituto Vaca Muerta, que permitió coordinar empresas, sindicatos, gobiernos provinciales y el sistema educativo para formar trabajadores con estándares de seguridad y eficiencia acordes a una industria de escala mundial.
Ese aprendizaje ofrece una base metodológica valiosa, pero la minería requiere una arquitectura institucional propia, adaptada a sus procesos, tecnologías y geografías. La formación minera demanda competencias específicas en geotecnia, tronadura, operación de flotas de gran porte, metalurgia, procesos de flotación y lixiviación, química de salmueras, automatización industrial y gestión de relaves, entre otras.
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La construcción de capacidades no se limita a las personas. La competitividad del sector depende también de la calidad técnica de las pymes proveedoras. Sin estándares de certificación, las empresas locales enfrentan dificultades para integrarse a cadenas de valor que exigen trazabilidad ambiental, mantenimiento crítico, operación segura de equipos y cumplimiento de normas internacionales.
La ausencia de un sistema federal de certificación de proveedores mineros puede convertirse en un cuello de botella para los proyectos de cobre y litio, obligando a las operadoras a importar servicios que podrían desarrollarse en el país.
En este contexto, la creación de un Instituto Nacional de Capacidades Mineras aparece como una pieza estratégica para coordinar la formación técnica, anticipar la demanda laboral, certificar competencias a nivel federal y actualizar la oferta educativa en función de las tecnologías de operación reales.
Su misión debería incluir la capacitación de pymes locales para integrarlas con éxito en la cadena de valor global y la articulación entre provincias cordilleranas, empresas, universidades y centros tecnológicos. Complementariamente, un Sistema Federal de Certificación de Proveedores Mineros permitiría homologar estándares operativos y ambientales, garantizar la calidad técnica de los servicios y aumentar el contenido local en los grandes proyectos.
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La discusión minera suele concentrarse en variables macroeconómicas, regímenes cambiarios e infraestructura de transporte. Estos factores son indispensables, pero pueden volverse insuficientes si se descuida el desarrollo del capital humano y la capacidad técnica de los proveedores.
La verdadera riqueza de la minería moderna se construye en la superficie: en las aulas, los talleres, los laboratorios y las pymes donde se forman las competencias que sostienen la competitividad de largo plazo. Las minas tienen una vida útil finita; las capacidades construidas en las personas y en las empresas perduran más allá del agotamiento de los yacimientos.
El desafío para Argentina es transformar este ciclo inversor en una oportunidad para consolidar una economía más robusta, innovadora y preparada para competir en el escenario global.
El documento “Productividad y Desarrollo en Viedma 2026”, elaborado por Praxis Consultora, ofrece una radiografía exhaustiva del impacto que tendrán las megainversiones energéticas sobre la costa de Río Negro. El estudio parte de un escenario concreto: la reconfiguración del proyecto Argentina LNG bajo la sociedad YPF–ENI–ADNOC, la ejecución del oleoducto Vaca Muerta Sur y la llegada de infraestructura industrial de escala inédita al corredor Atlántico.
En conjunto, estas obras movilizarán más de USD 48.000 millones, con efectos directos sobre empleo, servicios profesionales, logística, abastecimiento y planificación urbana.
La lectura completa del informe permite identificar dos capas de análisis. La primera, estructural, plantea transformaciones profundas: integración territorial entre Sierra Grande, San Antonio Este, Valcheta, Viedma y el Valle Inferior; reconversión de la matriz laboral de la capital provincial; creación de una gobernanza regional; y reorganización del sistema productivo para evitar que la provincia funcione como un enclave exportador.
Son medidas técnicamente válidas, pero de ejecución compleja, alto costo y tiempos prolongados.
La segunda capa surge al contrastar el diagnóstico con las prácticas reales de YPF, ENI y ADNOC en proyectos de LNG y grandes infraestructuras en África, Medio Oriente y el Mediterráneo.
Allí aparece un conjunto de soluciones más realizables, de menor complejidad institucional y con impacto inmediato sobre la captura de valor local. Son medidas que no requieren modificar la estructura laboral de Viedma ni crear nuevas agencias regionales, y que permiten avanzar mientras se desarrollan las transformaciones mayores que propone Praxis.
Entre estas alternativas de implementación rápida se destacan:
Registro Único de Proveedores del Corredor Atlántico — una base oficial que habilite a empresas y profesionales rionegrinos a ser contratados por YPF–ENI–ADNOC y Oldelval, evitando la migración automática de servicios hacia Buenos Aires, Neuquén o Córdoba.
Acuerdos marco de contenido local con YPF–ENI–ADNOC — cláusulas de contratación mínima de proveedores locales, siguiendo modelos que ENI y ADNOC aplican en Nigeria, Egipto, Mozambique y Emiratos Árabes.
Centro Provincial de Servicios Industriales en Viedma — un nodo técnico que concentre ingeniería, ambiente, agrimensura, servicios informáticos y financieros, aprovechando la densidad institucional existente en la capital.
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Oficina Única de Permisos Industriales — una ventanilla que centralice habilitaciones y certificaciones para acelerar la radicación de empresas vinculadas a los megaproyectos.
Acuerdos de abastecimiento alimentario con el Valle Inferior — contratos de provisión de alimentos para la masa laboral que llegará al corredor, potenciando la producción de frutos secos, ganadería, lácteos y horticultura intensiva.
Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP) adaptados a LNG y VMS — certificación técnica, financiamiento y capacitación para pymes locales, replicando modelos que YPF, ENI y ADNOC ya utilizan en otros países.
Estas medidas no sustituyen las transformaciones estructurales que identifica Praxis, pero sí permiten capturar valor local en el corto plazo, reducir la dependencia de grandes centros urbanos y fortalecer la posición del corredor Atlántico frente a la llegada de inversiones energéticas de escala inédita.
La clave es avanzar en paralelo: implementar soluciones rápidas mientras se construyen las capacidades institucionales de largo plazo que el informe considera necesarias para consolidar un nuevo ciclo de desarrollo provincial.
Vista Energy registró resultados récord en el segundo trimestre de 2026, impulsados por el crecimiento de su producción de hidrocarburos y por la mejora en los precios internacionales del petróleo.
La compañía alcanzó una producción total de 156.100 barriles equivalentes de petróleo por día, lo que representa un incremento interanual del 32%, con una suba del 33% en la producción de crudo.
Este desempeño se apoya en la consolidación de los activos adquiridos en Vaca Muerta y en la expansión de su base productiva de shale oil.
La empresa logró trasladar plenamente la suba del Brent a sus precios realizados, que se ubicaron en USD 89,4 por barril, un 44% más que en el mismo período del año anterior. Este nivel de precio, combinado con el aumento de volúmenes, elevó los ingresos totales a USD 1.154 millones, un 89% por encima del segundo trimestre de 2025.
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El EBITDA ajustado alcanzó USD 805 millones, reflejando una mejora significativa en la generación de caja operativa y en la rentabilidad de sus operaciones de shale.
En el mercado financiero, los resultados llevaron a que actores especializados mantengan una lectura favorable sobre el desempeño de Vista, con un precio objetivo de USD 87 por ADR y un potencial de suba del 39% respecto de las cotizaciones actuales.
La combinación de crecimiento de producción, captura de precios internacionales y consolidación de activos posiciona a la compañía como uno de los referentes del desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina.
El fortalecimiento de Vista tiene implicancias directas sobre la cadena de valor petrolera, al sostener mayores niveles de inversión en desarrollo de pozos, infraestructura asociada y servicios industriales.
Este dinamismo contribuye al empleo y a la actividad económica en las regiones vinculadas a la producción de hidrocarburos, en un contexto de precios internacionales del crudo que favorecen la expansión de proyectos orientados al mercado exportador.
El crecimiento está vinculado al avance de obras de cobre, oro, plata y litio, y a la aprobación de 16 proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que acumulan compromisos por USD 30.000 millones. La combinación de CAPEX en ejecución y expansión de capacidad productiva configura un salto estructural para la matriz exportadora del país.
En cobre, Josemaría y Filo del Sol, ubicados en San Juan y operados por BHP y Lundin Mining a través de Vicuña Argentina, obtuvieron en junio de 2026 la aprobación del RIGI en la categoría de mayor alcance (PEELP). La inversión inicial asciende a USD 9.700 millones, escalable a USD 18.000 millones en una década. Josemaría ya se encuentra en etapa de construcción.
En la misma provincia, Los Azules (McEwen Copper) fue el primer proyecto de cobre en ingresar al régimen, con USD 2.672 millones dentro de un programa total de USD 4.000 millones. La compañía prevé alcanzar la Decisión Final de Inversión hacia fines de 2026 e iniciar obras tempranas —campamento, rutas de acceso y línea eléctrica— a comienzos de 2027.
Agua Rica (Catamarca) y El Pachón (San Juan), ambos de Glencore, continúan en evaluación para sumarse al RIGI, con inversiones estimadas de entre USD 3.800 y 6.700 millones y USD 9.500 millones, respectivamente.
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En oro y plata, Calcatreu (Río Negro), operado por Patagonia Gold, ingresó en producción durante 2026 tras completar su etapa de construcción.
El proyecto prevé una cosecha anual de 31.734 onzas de oro y 127.952 onzas de plata, con un horizonte a cinco años de más de 256.700 onzas de oro y exportaciones acumuladas por USD 1.800 millones. En San Juan, la ampliación de Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, fue aprobada por el RIGI en marzo de 2026 (Resolución 413/2026), con una inversión de USD 380 millones. Las obras están en ejecución y el inicio de operaciones está previsto para diciembre de 2028.
A nivel sector, la producción física de oro cayó 6% en 2025 por el agotamiento de yacimientos maduros, pero la mejora de precios internacionales elevó las exportaciones auríferas a USD 4.094 millones, frente a USD 3.141 millones en 2024.
En litio, Argentina concentra el 21% de los recursos mundiales y cuenta con más de 20 proyectos en distintas etapas de desarrollo. Rincón (Salta), operado por Río Tinto Lithium, y Hombre Muerto Oeste (Catamarca), de Galán Lithium, cuentan con aprobación del RIGI y avanzan en etapa de construcción, según el SIACAM.
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En Catamarca, la expansión del proyecto Fénix (Río Tinto y Livent) sumó 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional de carbonato de litio, con una inversión de USD 530 millones y un inicio de operaciones previsto para julio de 2026. El proyecto Mariana (Salta), de Ganfeng Lithium, quedó suspendido del régimen por no cumplir los requisitos mínimos de inversión.
La industria proyecta exportaciones de litio por USD 1.400 millones en 2026, con una producción de 172.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, un 48% más que el año previo.
Con la maduración de los grandes proyectos de cobre, CAEM estima que las exportaciones mineras podrían alcanzar USD 22.000 millones anuales hacia 2032, duplicando el empleo sectorial hasta 200.000 puestos entre directos e indirectos.
El avance simultáneo de obras de cobre, oro y litio configura un vector de expansión que incrementa la demanda de proveedores en construcción, energía, transporte, químicos, perforación, ingeniería y servicios industriales.
Tecpetrol realizará el Ciclo Cadena de Valor Neuquina el 22 de julio, a las 9 hs, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235, Neuquén). La actividad es exclusiva para Proveedores Neuquinos Certificados bajo la Ley 3338 y requiere inscripción previa mediante formulario oficial:
La certificación de proveedores neuquinos está regulada por la Ley Provincial 3338 y administrada por el Centro PyME‑ADENEU.
El Ciclo Cadena de Valor Neuquina es un programa oficial del Gobierno de Neuquén para vincular operadoras con proveedores locales.
Tecpetrol publica requisitos de incorporación y homologación en su política de proveedores.
La imagen institucional del evento confirma fecha, lugar, rubros y modalidad de inscripción.
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Tecpetrol, junto al Centro PyME‑ADENEU y el Gobierno de Neuquén, presentará los requisitos para integrar su red de proveedores, detallando procesos de incorporación y oportunidades de negocio vinculadas al desarrollo operativo en Vaca Muerta. La jornada está dirigida a empresas que operan en rubros críticos de la cadena de valor energética:
Ingeniería y construcción de facilities
Logística y transporte
Operación y mantenimiento
Provisión de productos, equipos y materiales
Perforación y servicios específicos al pozo
La actividad forma parte de las acciones oficiales para fortalecer el entramado de proveedores neuquinos, promoviendo su integración en los principales proyectos de inversión que se desarrollan en Vaca Muerta y ampliando las oportunidades de contratación para empresas certificadas.
En los procesos industriales, la calidad de un análisis depende en gran medida de que la muestra obtenida represente fielmente las condiciones reales de operación. En ese contexto, el diseño del sistema de toma de muestras se convierte en un factor determinante para garantizar resultados confiables y preservar la seguridad durante la operación.
Con ese objetivo, ABAC desarrolla soluciones de ingeniería para sistemas de toma de muestras, acompañando a sus clientes desde la definición técnica hasta la fabricación de los equipos. La empresa diseña y fabrica paneles para líquidos y gases, adaptados a las características de cada instalación y a los requerimientos específicos de cada proceso.
¿En qué consisten los paneles toma muestras?
Los paneles toma muestras son sistemas concebidos para extraer una muestra representativa de un líquido o gas desde una tubería, un tanque o un equipo de proceso, y conducirla de manera segura hasta un recipiente destinado a su posterior análisis. Su implementación permite verificar las condiciones de operación, realizar controles de calidad sobre el producto y mejorar la confiabilidad de los resultados obtenidos en laboratorio.
Entre las principales ventajas de estos sistemas se destacan la obtención de muestras representativas, el incremento de la seguridad para los operadores, la reducción de emisiones y pérdidas de producto, la disminución del riesgo de contaminación de la muestra y la posibilidad de realizar procedimientos de muestreo rápidos, seguros y repetibles. Estos aspectos contribuyen a mejorar la precisión de los análisis y la toma de decisiones en los procesos industriales.
Diseño de los paneles
El diseño de cada panel se realiza en función de las características particulares de la aplicación. Para ello, se consideran variables como el tipo de fluido —líquido o gas—, las condiciones de presión y temperatura de operación, la compatibilidad química de los materiales, los requerimientos de purga y acondicionamiento, el tipo de muestreo (continuo o puntual), el recipiente de recolección, los materiales constructivos, la necesidad de enfriamiento de la muestra y las normas técnicas aplicables al proyecto.
Desde la empresa señalan que cada sistema se desarrolla contemplando las condiciones específicas de operación y las necesidades del laboratorio, con el objetivo de ofrecer soluciones confiables, eficientes y aptas para operar en entornos industriales de alta exigencia.
De esta manera, la ingeniería aplicada al diseño de los paneles toma muestras busca responder a los desafíos particulares de cada proceso, priorizando la seguridad operativa, la confiabilidad del sistema y la obtención de resultados consistentes para cada aplicación.
La segunda edición de la Jornada COMEX Norpatagónica (JCN26) se realizára el próximo 13 de agosto.
La Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), a través de su Comisión de Comercio Internacional, realizará el próximo 13 de agosto la segunda edición de la Jornada COMEX Norpatagónica (JCN26), un encuentro orientado a empresarios, directivos, profesionales y actores del ecosistema productivo de Neuquén y Río Negro con el objetivo de analizar las oportunidades y desafíos que presenta el comercio internacional para la región.
El evento se desarrollará en el Centro de Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén, y contará con once bloques temáticos integrados por más de quince especialistas que abordarán cuestiones vinculadas a la inserción internacional, la competitividad empresarial, la logística, la regulación y las herramientas disponibles para facilitar las operaciones de exportación e importación.
La jornada COMEX
La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento del comercio exterior de la Norpatagonia, impulsado principalmente por el desarrollo energético, la actividad industrial y la producción agroalimentaria. Según datos difundidos por la organización, durante 2025 las exportaciones de Neuquén superaron los USD 6.300 millones, con un incremento cercano al 30% interanual. Ese desempeño representó aproximadamente el 50% de las exportaciones de la Patagonia y el 7,2% del total nacional.
Desde ADINEU señalaron que el objetivo de la jornada es acercar a las empresas herramientas prácticas, información estratégica y espacios de vinculación que les permitan fortalecer su competitividad en un escenario internacional en constante transformación.
«La inserción en los mercados internacionales permite generar empleo, atraer inversiones, incorporar innovación y mejorar la productividad, mientras que las importaciones estratégicas facilitan el acceso a maquinaria, tecnología e insumos que fortalecen la capacidad competitiva de las empresas», sostuvo Natalia Muguerza, vicepresidenta de la entidad.
La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento del comercio exterior de la Norpatagonia, impulsado principalmente por el desarrollo energético, la actividad industrial y la producción agroalimentaria.
La convocatoria
La convocatoria cuenta con el respaldo del Gobierno de la Provincia del Neuquén, Centro Pyme ADENEU, Zona Franca Zapala, Depósito Fiscal y Aduanero, la Federación de Cámaras del Sector Energético del Neuquén (FECENE), la Federación Argentina de Comercio Internacional (FACI), la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), el Centro Despachantes de Aduana (CDA), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Patagonia Argentina y empresas vinculadas a la cadena de valor del comercio internacional.
Reconocimiento académico
La edición 2026 también recibió reconocimientos del ámbito universitario. La Universidad Patagonia Argentina declaró al encuentro de Interés Académico, destacando su aporte al desarrollo económico y productivo regional, mientras que la Universidad Nacional de Río Negro lo declaró de Interés Institucional por su contribución a la formación en comercio exterior y a la articulación entre el sector productivo y el sistema universitario.
Según los organizadores, estas distinciones refuerzan el perfil de la Jornada COMEX Norpatagónica como un espacio de articulación entre empresas, Estado y universidades para promover la internacionalización y el desarrollo de capacidades en la región.
Una agenda enfocada en la competitividad
La apertura estará a cargo de autoridades provinciales de Neuquén y Río Negro, quienes expondrán sobre las estrategias de desarrollo productivo y de internacionalización para la Norpatagonia.
Uno de los paneles centrales estará dedicado al contexto internacional y será encabezado por Marcelo Elizondo, quien analizará los cambios geopolíticos, la evolución de las cadenas globales de valor y las oportunidades que estos procesos generan para Argentina.
La infraestructura logística será otro de los ejes del encuentro. Representantes de puertos argentinos y chilenos del corredor bioceánico sur, junto con referentes de la Zona Franca Zapala y del Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén, debatirán sobre las alternativas para fortalecer la conectividad con los océanos Atlántico y Pacífico y mejorar la competitividad regional.
La agenda también incluirá paneles sobre normativa aduanera e impositiva, regulación bancaria vinculada al comercio exterior, acceso a divisas, pagos internacionales y aspectos operativos para exportadores e importadores.
Durante la tarde, especialistas presentarán herramientas relacionadas con la digitalización de procesos, facilitación comercial, seguros internacionales, gestión de riesgos, inteligencia comercial, identificación de mercados, búsqueda de proveedores e incorporación de tecnología para optimizar las operaciones de comercio exterior.
Los expositores de la jornada
Entre los expositores confirmados se encuentra Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), quien expondrá sobre los desafíos para ampliar la base exportadora argentina y fortalecer la inserción internacional del país.
La jornada concluirá con un panel dedicado a los costos logísticos y la eficiencia operativa, además de la presentación de experiencias de empresas exportadoras e importadoras que compartirán casos concretos sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan en el escenario actual.
La segunda edición de la Jornada COMEX Norpatagónica se realizará el jueves 13 de agosto, de 8.30 a 17 horas, en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén. El evento será de carácter arancelado, con cupos limitados y beneficios para instituciones adheridas. La inscripción y la información sobre el programa completo se encuentran disponibles en el sitio web de ADINEU.
El nuevo equipo de perforación de última generación identificado como DLS-177 se suma a las operaciones con YPF y contribuye a la consolidación del plan de inversiones de la compañía en desarrollos no convencionales.
DLS Archer, líder en soluciones integradas para desarrollos no convencionales, anunció la incorporación del equipo de perforación Súper High Spec DLS-177 a su flota en Vaca Muerta. La nueva unidad operará para YPF y representa un nuevo hito en el plan estratégico de inversiones de la compañía.
El DLS-177 es un equipo de última generación que integra tecnología MPD – Managed Pressure Drilling.
De esta manera, DLS Archer continúa respondiendo de forma directa al incremento de la demanda de servicios de perforación de alta performance para operaciones no convencionales y amplía su capacidad de brindar soluciones integrales de mayor valor agregado.
La puesta en marcha del perforador DLS-177 fortalecerá el contrato de largo plazo vigente con YPF y consolidará el posicionamiento de DLS Archer como socio estratégico clave para el desarrollo de la industria energética nacional. La alianza entre ambas compañías combina experiencia global y liderazgo local para elevar los estándares de eficiencia, seguridad e innovación en cada pozo.
Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling de DLS Archer, afirmó:
“YPF lidera la industria y en DLS Archer estamos para acompañar ese crecimiento. La llegada del DLS-177 refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y expande nuestra presencia en el mercado no convencional de Vaca Muerta. Con esta unidad súper high spec con capacidades MPD, consolidamos una relación estratégica que transforma la industria y garantiza productividad y seguridad en cada operación.”
La llegada del equipo DLS-177 durante el primer trimestre de 2027, ratifica la visión de DLS Archer: invertir en tecnología, innovación y talento para construir un sector energético argentino cada día más competitivo.
«El Zeus es un set 100% eléctrico. Esa electricidad la vamos a generar en el sitio», sostuvo Hernán Carbonell, gerente de desarrollo de negocios de Halliburton.
Halliburton pondrá en marcha en Vaca Muerta en los próximos meses sus servicios de fracturación eléctrica bajo la tecnología Zeus. Así lo confirmó Hernán Carbonell, gerente de desarrollo de negocios de la compañía en el país, durante una nueva edición de Aguas Arriba, el ciclo de EconoJournal enfocado en la cadena de valor del sector energético.
“Se trata de una inversión pesada, propia de una tecnología muy nueva, que la escala actual de Vaca Muerta empieza a justificar con el avance del VMOS, los proyectos de LNG, y los récords que se rompen día a día en la cuenca», detalló Carbonell.
El anuncio fue uno de los ejes centrales de una mesa técnica que reunió también a Luis Lanziani, Supplier Development Director de Tecpetrol; Alberto Piwien, socio gerente de Plotec; y Sabina Trossero, consultora especializada en energía y minería, bajo la conducción de Nicolás Gandini, director de EconoJournal. El objetivo fue poner el foco en el desarrollo de la cadena de valor del sector energético para apuntalar a los proveedores locales, en un momento clave en el que el negocio empieza a crecer y a marcar el terreno para los próximos años.
«El Zeus es un set 100% eléctrico. Esa electricidad la vamos a generar en el sitio, y esto se viabilizó logrando que la tecnología de generación venga con los sets eléctricos. De otra manera, hubiese sido necesario generar una infraestructura eléctrica hasta el set de fractura”, dijo Carbonell.
Un spread completo de fractura suele requerir entre 20 y 30 MW de potencia eléctrica, y las configuraciones de mayor capacidad rondan los 30 MW. Esa cifra equivale a la potencia instalada de un parque solar pequeño o de una ciudad de unos 30.000 hogares.
“Es tanta la necesidad, entre 20 y 30 MW, que lo necesito generar ahí. Así como está desarrollado el proyecto, lo que necesito es llegar con el commodity –el gas natural-, si es gas comprimido lo tengo que descomprimir y si es licuado lo tengo que gasificar», agregó. Es decir, en lugar de llevar electricidad al equipo, van a llevar gas y generarán la electricidad en el lugar donde se realiza la fractura.
–En un escenario optimista, si sale bien lo que están planificando, ¿van a tener un equipo 100% eléctrico y cuántos duales? –le preguntó Nicolás Gandini.
–Cuando uno ve Vaca Muerta no puede dejar de ver lo que sucede en Permian donde la tecnología eléctrica fue lo que más creció y todas las otras tecnologías son intermedias. Son las que están camino a una tecnología como esta. Nosotros vemos un crecimiento grande de los equipos eléctricos, pero va a haber proyectos en los que tengas menos escala o no tengas tanta continuidad o volumen y en esos casos se van a justificar las otras tecnologías, que son bombas 100% a gas o bombas duales gas-diésel.
Luis Lanziani de Tecpetrol arriesgó un número sobre el impacto que puede tener este proceso de electrificación e hibridización sobre el consumo de diésel del sector: «De acá a cuatro años el consumo de diésel en fractura se puede reducir en un 60%, siendo conservador».
«Para mí lo que se viene en materia energética es una forma distinta de pensar el negocio gracias a la escala», complementó Lanziani. «La variable que moverá las inversiones es el costo unitario, que tiene que ser muy bajo. Por ejemplo, en la fractura hoy el diésel es un componente que carga muchísimo el precio y entonces hay que pasar a gas o eléctrico, y hay que elegir según las soluciones que hay. Eso no estaba en el pasado. Vamos a pasar a un modelo muy americano donde en realidad conviven muchas tecnologías y se va a usar la que sea más costo-eficiente en cada caso», agregó.
Sobre la dinámica actual entre operadoras, Lanziani contó que ya hay al menos siete proyectos de estaciones de carga a granel de GNC en marcha en la cuenca neuquina, dos de ellos en construcción y tres más cristalizándose, producto de que «todos los actores principales estamos empezando a compartir y ecualizar esfuerzos para bajar los costos y hacer sustentable el negocio sin cargarlo de ineficiencias”.
De izquierda a derecha: Alberto Piwien (Plotec), Luis Lanziani (Tecpetrol), Nicolás Gandini (EconoJournal), Hernán Carbonell (Halliburton) y Sabina Trossero, consultora especializada en energía y minería.
La necesidad de gas en minería: el proyecto de Plotec en la Puna
Mientras la industria del shale discute cómo electrificar sus equipos, en la Puna ya hay una mina de litio que funcionará desde esta semana con GNL traído en camión desde Chile. Del proyecto se encarga Plotec, la empresa de Alberto Piwien.
Ante la falta de oferta local de GNL, la solución fue importarlo desde Chile hasta que exista producción nacional. El gas llega licuado a la terminal chilena de Mejillones y desde ahí baja a los tanques de un pool de empresas del que participa YPF como operador y comprador del commodity. Plotec se encarga de la tecnología, el transporte y el diseño y construcción de la planta, además de operar como almacenador —una figura que, contrario a lo que su nombre indica, reemplaza a una distribuidora o transportista de gas—.
Las dos plantas previstas ya están operativas, y una de ellas debería empezar a generar energía eléctrica con GNL el 22 de julio. Las plantas apuntan a la pequeña o media escala. Las plantas generan 8 MW de energía eléctrica de forma permanente, con una capacidad de reserva adicional de 4 MW. A eso se suman las calderas —dos por planta, más un calentador de agua en una de ellas— que también consumen gas. En total, el proyecto demanda unos 6.000 m³ diarios de gas natural.
La elección del GNL por sobre el GNC respondió a dos variables: la altura de las minas, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el estado de los caminos de acceso, sin rutas pavimentadas. “El primer chasis que llevó GNL hasta la zona se destruyó en un solo viaje. Hubo que reforzarlo para poder sostener el transporte”, aseguró.
Alberto Piwien, socio gerente de Plotec.
Cuánta demanda de gas puede traccionar la reconversión
¿Es posible estimar cuánta demanda adicional de gas generaría una transformación completa del equipamiento de fractura? «La respuesta rápida es no», aseguró Lanziani. Explicó que todas las operadoras ya reforzaron sus áreas comerciales para explorar nuevos consumos, en un contexto en el que la producción de petróleo no convencional viene de la mano de gas asociado que necesita encontrar salida. Por ahora, dijo conocer sólo dos proyectos de generación eléctrica con termoeléctricas a GNL. Para el ejecutivo, la clave no es tanto el volumen sino el plazo: «Estamos muy acostumbrados a que todo se tiene que resolver en un mandato presidencial y eso es muy complicado. Ahora todos pusimos el foco en, al menos, diez años».
El GNL que se licúe en Río Negro para exportación no tendrá ventana hacia el mercado interno. «Ese gas que se va a licuar en un barco o en dos barcos en el futuro va a ser exclusivamente para exportación», afirmó Piwien.
La demanda doméstica, coincidieron, crecerá por otro lado: proyectos de menor escala como el que Triar prevé instalar en San Nicolás, consumos industriales de 6.000 a 10.000 m³ diarios —similares a los de la minería— y el transporte vehicular, donde desde 2027 todo colectivo nuevo en la ciudad de Buenos Aires deberá ser a gas o eléctrico.
Luis Lanziani, Supplier Development Director de Tecpetrol.
La logística de arena de fractura
La mesa dejó planteado otro debate para una futura edición de Aguas Arriba: la reconversión a gas de la logística de arena de fractura, un insumo clave para cada pozo que hoy se transporta mayormente con camiones a diésel.
Según adelantó Lanziani, el desafío tiene dos tramos distintos. Está la milla corta, el recorrido final desde un punto de acopio cercano al yacimiento hasta el pozo, con camiones preparados para el terreno irregular de Vaca Muerta. Y la milla larga, el trayecto de cientos de kilómetros que trae la arena desde su origen —muchas veces por asfalto— hasta la cuenca neuquina, donde el reemplazo del diésel por gas apunta menos a un ahorro directo que a ganar competitividad de escala y ordenar la logística como si fuera una línea de producción.
El nuevo complejo se construirá en una predio de 80 hectáreas en el área portuaria y contará con dos líneas de producción con una capacidad de 6.000 toneladas diarias de urea granulada.
Pampa Energía anunció la aprobación del Final Investment Decision (FID) por US$ 2.700 millones para la construcción de una planta de producción de urea granulada en el Polo Industrial Bahia Blanca, proyecto que ya fue presentado a mediados de abril al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).
El holding del empresa Marcelo Mindlin explicó que con este desembolso la compañía construirá la planta de producción de urea granulada más grande de la región y una de las de mayor envergadura a nivel mundial, la cual prevé alcanzar su fase operativa hacia fines de 2029 con una capacidad estimada en 2,1 millones de toneladas anuales.
Este decisión de inversión permitirá a Pampa entrar a un negocio inédito para la empresa y abrirá una nueva fuente de generación de divisas estimado en unos u$s1.000 millones anuales. Este beneficio a la balanza comercial será producto tanto por la sustitución de importaciones actuales como por el saldo exportable que generará el complejo petroquímico.
La producción de la futura planta apuntará principalmente a abastecer el mercado de Brasil, un socio comercial clave que actualmente demanda la importación de entre 7 y 8 millones de toneladas de urea al año. Para apuntalar la viabilidad de la iniciativa, el proyecto espera la aprobación de su adhesión al RIGI.
El complejo se emplazará sobre una superficie de 80 hectáreas dentro del área portuaria, con una conexión directa a los gasoductos troncales de Vaca Muerta. Las instalaciones incluirán una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea granulada con capacidad combinada de 6.000 toneladas diarias, silos de almacenamiento y sistemas de carga automatizados para camiones y buques.
Mafrcelo Mindlin: «El país tendrá su propio abastecimiento de urea, más previsible y competitivo, y podrá exportar a la región y al mundo»
Hasta el momento la única planta de producción de urea granulada que opera en la Argentina es la de la empresa Profertil. Tras una operación valuada en u$s1.200 millones, la empresa cambió de dueños y ahora está controlada en un 90 % por Adecoagro y en un 10 % por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Los nuevos dueños tienen prevista la ampliación de la planta que permitrá duplicar su capacidad.
Quiénes tendrán a cargo la ingeniería y la obra
Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, afirmó que la de hoy «es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años. La Argentina depende de fertilizantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia, desde regiones con alta inestabilidad geopolítica».
«Con esta planta, el país tendrá su propio abastecimiento de urea, más previsible y competitivo, y podrá exportar a la región y al mundo. Permitirá generar divisas, conquistar nuevos mercados y conectar el gas de Vaca Muerta con uno de los sectores más importantes de la economía argentina, como es el campo”, agregó el empresario.
Con un plazo de ejecución estimado de tres años y medio, el proyecto impulsará la generación de empleo y desarrollo para Bahía Blanca y su región. Durante la etapa de construcción demandará más de 3.500 puestos directos en su pico de obra, además de miles de empleos indirectos asociados a la cadena de valor.
Una vez en operación, la planta generará alrededor de 300 empleos permanentes. Pampa priorizará la contratación de mano de obra local y de proveedores de Bahía Blanca y la región. Asimismo, ofrecerá oportunidades de incorporación a colaboradores de la compañía de otras áreas que deseen sumarse a este nuevo proyecto.
El proyecto estará a cargo de Tecnimont, parte de la Business Unit E&C Solutions de MAIRE, y SACDE. Tecnimont, líder global en ingeniería y ejecución de grandes proyectos industriales, se enfocará en las actividades de ingeniería y procurement, mientras que SACDE estará a cargo de la construcción.
MAIRE combina las capacidades de ingeniería de proyectos de clase mundial de Tecnimont con el portafolio tecnológico líder de Nextchem -al frente de la Business Unit STS de MAIRE- para desarrollar proyectos industriales de gran escala a nivel global. Tecnimont cuenta con trayectoria en el sector de fertilizantes, habiendo completado más de 100 plantas de amoníaco y más de 75 plantas de urea en todo el mundo.
La empresa de servicios petroleros para desarrollos no convencionales DLS Archer anunció este viernes la incorporación de un equipo de perforación Súper High Spec de última generación que operará para YPF a partir del primer trimestre de 2027. La decisión es parte de la necesidad que se advierte en la industria por ampliar la capacidad operativa en Vaca Muerta.
Esta incorporación representa el tercer equipo que la compañía de servicios petroleros levanta para Vaca Muerta en un período de alrededor de seis meses, lo que ratifica su plan estratégico de inversiones frente al incremento de la demanda de servicios de alta performance.
La disponibilidad de torres de perforación se presenta como uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento del sector upstream. En un escenario donde resulta urgente elevar la actividad de perforación de pozos para abastecer la infraestructura de transporte proyectada como el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y la ya incorporada a partir de las ampliaciones de Oldelval.
La compañía precisó que el nuevo perforador DLS-177 integra tecnología MPD (Managed Pressure Drilling o perforación con presión controlada), una herramienta de alta especificidad que permite elevar los estándares de eficiencia, innovación y seguridad en pozos complejos.
Proveedores y servicios aceleran el salto de escala
«YPF lidera la industria y en DLS Archer estamos para acompañar ese crecimiento. La llegada del DLS-177 refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y expande nuestra presencia en el mercado no convencional de Vaca Muerta», afirmó Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling de DLS Archer.
El directivo enfatizó que la unidad «consolidará una relación estratégica que transforma la industria y garantiza productividad y seguridad en cada operación». La puesta en marcha de la unidad fortalecerá el contrato de largo plazo vigente entre DLS Archer e YPF. Esta alianza combina la experiencia global con el objetivo de dotar de mayor competitividad a las operaciones del upstream en el sector.
Los equipos integran servicios de Perforación Controlada por Presión (MPD)
La velocidad en la respuesta de las empresas de servicios petroleros anticipa parte de los debates que cruzará la agenda sectorial en las próximas semanas. El rol de los proveedores es, de hecho, el eje central del lema del Supplier Day de EconoJournal, el encuentro clave enfocado en la cadena de valor que se desarrollará el próximo 11 de agosto.
Allí se analizará en profundidad cómo el entramado de empresas proveedoras y de servicios técnicos debe acelerar y acompañar el inminente salto de escala de la industria, impulsado por la puesta en marcha de las megaobras de transporte de hidrocarburos.
Los nuevoe equipos que están llegando
Los equipos integran servicios de Perforación Controlada por Presión (MPD). Este sistema permite optimizar los tiempos de ejecución garantizando resultados seguros. Es un proceso mediante el cual la presión ejercida por el fluido de perforación en el pozo se controla a través de la contrapresión superficial que surge del sellado de la tubería en la superficie por un cabezal giratorio y un colector de estrangulamiento.
Esto permite una perforación ininterrumpida a través de estrechas ventanas de presión de fractura de poro. El control de la presión se mantiene mediante una combinación de densidad del fluido, fricción circulante y ajustes de presión de superficie.
El gobernador Rolando Figueroa junto al gabinete de Plottier.
El gobierno de Rolando Figueroa comenzó esta semana a reconstruir su relación política con Plottier, una ciudad clave para la provincia por su cercanía a la capital y su crecimiento poblacional, pero asediada en las últimas décadas por malas administraciones y cimbronazos institucionales.
A poco más de dos meses de la renuncia del intendente Luis Bertolini, la Provincia desembarcó con su gabinete en la ciudad para comprometer un paquete de obras a Malena Resa, la concejal que asumió en reemplazo, a cambio de un alineamiento al «pacto de gobernanza» propuesto por la gestión.
«Decidimos acompañar al gobierno provincial en el lineamiento de ordenar las cuentas para poder redistribuir, y que cada peso de los habitantes de la localidad esté en el lugar dónde corresponde, para poder llegar a ellos con mayores obras y servicios», afirmó el lunes tras la firma.
El convenio acordado entre las partes incluye el traspaso del tramo de la Ruta 22 que pasa por la ciudad a manos de la municipalidad. Seguirá bajo el dominio de Vialidad Provincial, pero el municipio se deberá hacer cargo de su mantenimiento.
Además, el gobierno comprometió la realización del proyecto ejecutivo para un paseo costero, el prefinanciamiento de unas 100 cuadras de asfalto, una nueva comisaría y un centro deportivo, según se anticipó.
La Provincia también está financiando en la localidad una nueva escuela técnica para una matrícula de 833 estudiantes.
El pacto de gobernanza, implica, entre otras cosas, el compromiso del municipio al ordenamiento de sus recursos y gastos, armonización y transparencia tributaria para que la Provincia mantenga los convenios de financiamiento de obras con las ciudades.
«Es una herramienta fundamental a través de la cual el gobierno provincial establece valores en gestión pública. Los intendentes adhieren y ponen en marcha acciones que les permiten hacer obras y gestiones de competencia municipal. Luego, la provincia colabora articulando acciones para que los municipios puedan hacer lo que la población les requiere», planteó Juan Luis «Pepé» Ousset, jefe de Gabinete de Figueroa.
Plottier en el mapa electoral
La ciudad de Plottier, vecina a Neuquén capital y conectada por la Ruta 22, es la segunda más poblada de la provincia. El Censo 2022 le computó más de 52.000 habitantes, igualmente lejos de la primera en el ranking que tiene unos 300.000.
En las elecciones a gobernador del 2023, le aportó al armado de Rolando Figueroa uno de sus triunfos más contundentes: logró aventajar a su principal adversario, Marcos Koopmann, por más de 20 puntos.
Esa casi duplicación de votos le permitió compensar, por ejemplo, el resultado en la ciudad de Zapala, donde el MPN había obtenido una amplia ventaja, y otras del interior en las que el partido de gobierno era fuerte.
Con la desintegración de la alianza política con el partido Desarrollo Ciudadano de Gloria Ruiz que lo había acompañado en esa campaña, el oficialismo ahora busca reposicionarse en la ciudad de cara a la elección del 2027.
Y como sucede a nivel provincial, el principal activo que mostrará el gobierno como plataforma electoral el año que viene será el de las obras.
Plottier, por otro lado, es una de las ciudades que mayor crecimiento experimentaron en los últimos años por ser una alternativa a la capital con condiciones más accesibles para la vivienda. El gobierno apunta ahora a que esa característica de «ciudad dormitorio» para Vaca Muerta pueda complementarse servicios de calidad e infraestructura, que es su principal deuda pendiente.
Rolando Figueroa y su historia con Plottier
Gloria Ruiz, Luis Bertolini y Rolando Figueroa en las elecciones de Plottier de 2023.
El vínculo de Rolando Figueroa con Plottier fue clave en la elección del 2023. De allí surgió su vicegobernadora, Gloria Ruiz, por entonces intendenta de la ciudad bajo el sello Desarrollo Ciudadano. Era una dirigente que se había enfrentado abiertamente al gobierno del MPN y le aportó a la fórmula un toque de «rebelión» y cercanía que se tradujo en un buen resultado en las urnas.
Figueroa también le cedió ese año la elección del candidato para sucederla en la ciudad, Luis Bertolini, quien arrasó meses más tarde en los comicios municipales. Esa negociación para contener su alianza con Ruiz implicó sacrificar la candidatura de Julieta Corroza, oriunda de la ciudad y quien estuvo a muy pocos votos de ganar en 2015.
En cambio, el espacio le aportó a Bertolini una lista colectora encabezada por Malena Resa, muy cercana a la actual senadora.
Ese entramado de alianzas, sin embargo, se sostuvo apenas hasta el 2024. El inicio de una investigación iniciada por la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén contra la entonces vicegobernadora por supuesto enriquecimiento ilícito y desmanejos en la Legislatura le valió su destitución por «inhabilidad moral» en noviembre de ese año. La votaron los diputados con una mayoría de 30 votos sobre 35.
La investigación judicial salpicó también a Bertolini por contrataciones en la municipalidad cuando era secretario de Obras Públicas y, a partir de allí, se inició un espiral de especulaciones que terminaron finalmente con una formulación de cargos en abril de este año por los delitos de defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Bertolini renunció ese mismo día, cuando el Concejo Deliberante votaba su suspensión, denunciando «una estrategia que busca disciplinar a quienes se animan a ejercer la política con independencia».
«Desde el poder provincial utilizaron las instituciones de la Justicia para torcer la voluntad popular de una ciudad que eligió libremente su propio camino», cuestionó.
Durante décadas, el diagnóstico se repitió como mantra: “el problema ferroviario de Argentina es que tiene muchas trochas diferentes”. La frase es correcta, pero incompleta.
El verdadero problema es que nunca se tomó una decisión técnica sobre qué estándar adoptar, y mientras tanto la red se fue desarmando hasta niveles irreversibles. Hoy, esa destrucción deja de ser solo una tragedia y se convierte en algo más incómodo: una oportunidad histórica para reconstruir con un ancho de vía unificado y una lógica regional, no nacional.
Según el análisis de AIMAS, entre Uruguay, Paraguay, la Mesopotamia argentina y el Sur de Brasil se acumulan 10.000 km de vías abandonadas sobre un total de 17.000. Los 7.000 restantes “no se ven muy lindos”, como sintetiza Jorge de Mendonça.
La foto es brutal: la Cuenca del Plata —el corazón logístico del Cono Sur— perdió más de la mitad de su red ferroviaria y opera con estándares técnicos del siglo XIX. Pero justamente por eso, si hay que reconstruir casi todo, es el único momento en 150 años en el que se puede decidir un estándar único y hacerlo bien.
La propuesta que emerge desde AIMAS no es nostálgica ni romántica: es técnica y geopolítica. La tesis es simple y contundente: reconstruir sin unificar la bitola es repetir el error histórico.
Reconstruir con bitola unificada —compatible con los 32,5 toneladas por eje que ya usan Brasil y Estados Unidos— permitiría por primera vez una red interoperable entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con corredores de carga que no se detienen en cada frontera por incompatibilidad de vía.
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El punto de partida no es abstracto: la nota en portugués que acompaña el análisis identifica a la región gaúcha de la Cuenca del Plata como el primer territorio lógico para esa integración: Sur y Oeste de Brasil, Uruguay, Paraguay y la Mesopotamia argentina.
Es la zona donde más vías se perdieron, donde más exportaciones dependen del ferrocarril y donde la reconstrucción puede tener impacto inmediato en pymes, agro, minería, comercio y e‑commerce. No se trata de un corredor simbólico: se trata de la columna vertebral logística del Mercosur.
En paralelo, la agenda oficial de Brasil y Argentina va en dirección contraria. Ambos países avanzan en licitaciones bajo el modelo europeo de open access, que fragmenta la red, obliga a competir trenes entre sí, reduce la escala y deja fuera a la mayoría de las localidades y cargadores.
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El resultado es conocido: redes reducidas, déficit crónico y dependencia de subsidios. El documento técnico de AIMAS lo sintetiza con números: incluso con el mejor estándar técnico posible, el modelo de concesionario vertical y el open access no generan excedente suficiente para mantener su propia infraestructura, mientras que el Modelo Ferroviario Integrado 5F sí logra cubrir y superar el costo de reconstrucción cuando opera con trenes mixtos, intermodalidad plena y bitola moderna.
La diferencia no es ideológica, es de diseño. El 5F plantea que compitan los negocios, no los trenes: la locomotora es el gancho común detrás del cual se ordenan vagones de terceros, furgones de paquetería, contenedores, semirremolques y servicios de e‑commerce, con el camión, los puertos y los barcos como aliados, no como enemigos.
El tren mixto deja de ser un servicio subsidiado y se convierte en el mecanismo que hace rentables ramales de baja demanda, porque sostiene la tracción y permite que el precio del flete de carga vaya íntegro al excedente. En ese esquema, más estaciones activas significan más puntos de carga, más frecuencia posible, menor costo marginal y mayor ocupación, es decir, rentabilidad.
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La oportunidad regional que abre este enfoque es doble. Por un lado, reconstruir la red con un estándar técnico que permita autosustentabilidad: sin saltar a 25–32,5 t/eje, ningún modelo —ni 5F, ni concesionario, ni open access— paga su infraestructura. Por otro, usar esa reconstrucción para integrar de verdad la Cuenca del Plata, con una bitola única que conecte a los cuatro países en un sistema ferroviario interoperable, capaz de competir en costos y tiempos con los corredores de Norteamérica y Brasil.
El componente político no es menor. Durante casi dos siglos, los Estados subnacionales —provincias, municipios, prefecturas— no tuvieron participación real en la política ferroviaria, y los usuarios tampoco tuvieron poder de auditoría.
Argentina, sin embargo, ya tiene una ley que habilita otro esquema: la Ley 27.132, que permite la participación de entes locales y abre la puerta a modelos donde el Estado fija reglas y el negocio se financia con capital privado de largo plazo. Brasil podría replicar esa lógica.
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Con reglas claras, estándares técnicos modernos y un modelo intermodal territorial, las concesiones de 99 años dejan de ser un tabú y se convierten en una herramienta para ordenar la inversión y la gobernanza de la red.
La pregunta que deja planteada el mensaje de Jorge de Mendonça es incómoda pero necesaria: ¿vamos a esperar tres siglos más para resolver el problema de las trochas, o vamos a aprovechar que está todo destruido para reconstruir con un estándar único y rentable? La respuesta no está en un paper ni en un manifiesto: está en las decisiones que tomen hoy los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay cuando liciten, regulen y definan cómo quieren que se mueva su economía en los próximos 100 años.
Nota de autoría
Análisis técnico elaborado por Claudio García, Daniel Campana, Federico Weinhold y Jorge de Mendonça para AIMAS.
El crecimiento del gas de Vaca Muerta está modificando la composición del gas que llega a los usuarios, pero la discusión técnica es clara: las variaciones no generan riesgos adicionales y la seguridad depende, sobre todo, del estado de las instalaciones internas y de los artefactos domiciliarios.
Durante un webinar de MEGSA, el ingeniero Carlos Casares, referente en la actualización normativa del ENARGAS, explicó que el aporte creciente de etano, propano y butanos apenas alteró el poder calorífico y que los artefactos modernos están diseñados para operar sin inconvenientes dentro de ese rango.
La combustión, sostuvo, se define por la mezcla aire–combustible y por el mantenimiento, no por la composición del gas.
Los datos de las distribuidoras refuerzan el diagnóstico. Las redes que menos gas neuquino reciben son las que más incidentes por monóxido registran, mientras que las zonas abastecidas con mayor proporción de gas de Vaca Muerta muestran una caída sostenida de accidentes. La correlación es directa: la seguridad está vinculada al estado de los equipos, no al origen del gas.
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Casares señaló dos vacíos regulatorios que hoy explican más riesgo que cualquier cambio en la matriz gasífera: la revisión periódica obligatoria de instalaciones internas —prevista pero nunca implementada— y la falta de certificación de los detectores de monóxido que se venden en el país. Ambos puntos, dijo, requieren intervención urgente.
En procesos industriales sensibles, como la reducción directa, sí pueden aparecer ajustes operativos, pero la solución es técnica y puntual: las plantas deben adaptarse al gas disponible, no al revés. La normativa argentina ya fue tomada como referencia por Chile y fue diseñada para acompañar la expansión de Vaca Muerta y la futura exportación de GNL.
El mensaje final del webinar fue contundente: la evolución del gas neuquino no compromete la seguridad. El desafío real está en garantizar instalaciones internas en condiciones, artefactos certificados y un marco regulatorio que deje de mirar la composición del gas y empiece a mirar la infraestructura que lo consume.
Bradesco BBI publicó un informe que coloca al GNL como la próxima plataforma exportadora de escala global para Argentina, con un potencial de entre US$12.000 y US$18.000 millones anuales una vez que entren en operación los proyectos ligados a Vaca Muerta.
El banco sostiene que el país podría sumar 2,5% del PBI solo por exportaciones de gas natural licuado y convertirse en un proveedor estratégico para Europa y Asia en la próxima década.
El análisis parte de un dato estructural: Vaca Muerta tiene gas suficiente para 140 años del consumo argentino. La limitación ya no es la producción, sino la infraestructura para procesar, licuar y exportar. Por eso Bradesco identifica tres desarrollos clave: Southern Energy LNG, Argentina LNG (YPF + socios internacionales) y las expansiones previstas entre 2028 y 2033. En conjunto, permitirían que Argentina deje de depender del mercado regional y se integre al comercio global del GNL.
El contexto internacional también juega a favor. Europa y Asia buscan proveedores estables y alejados de zonas de conflicto, en un mercado donde el gas natural se consolidó como combustible de transición para reemplazar carbón y respaldar sistemas eléctricos basados en renovables.
En ese escenario, el GNL argentino aparece como una alternativa competitiva por costos, volumen y estabilidad política.
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El impacto macroeconómico sería profundo: más divisas, mayor acumulación de reservas, reducción de la restricción externa y un incremento sostenido de regalías y recaudación fiscal. Para Bradesco, el complejo de GNL podría convertirse en uno de los motores estructurales de la economía argentina durante las próximas décadas.
El informe también señala que el mercado todavía no incorpora plenamente este potencial en la valuación de YPF, que podría reposicionarse como exportador global de energía si Argentina LNG avanza según lo previsto. La petrolera dejaría de depender de su negocio tradicional para integrarse a uno de los segmentos de mayor crecimiento de la industria energética internacional.
Bradesco sintetiza el cambio de escala: Argentina pasa de discutir autoabastecimiento a discutir inserción global. Si el país sostiene un marco regulatorio estable y ejecuta la infraestructura prevista, el GNL podría convertirse en la próxima gran fuente de divisas y en un vector de transformación estructural para la economía.
El cierre prolongado del Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a exponer una debilidad estructural: el principal corredor bioceánico del país no garantiza la continuidad operativa que exige la futura exportación de concentrado de cobre.
En 2023 acumuló más de 60 días sin actividad, un nivel de interrupción incompatible con una industria que produce todos los días del año y cuyo producto final no puede quedar inmovilizado en acopio.
Aunque Cristo Redentor es el paso más utilizado y ya mueve 500.000 toneladas de cal por año hacia faenas chilenas —entre 20.000 y 22.000 viajes de camión— su vulnerabilidad climática, la infraestructura de montaña y la complejidad de sectores como Los Caracoles lo convierten en un corredor eficiente para insumos, pero no necesariamente para exportaciones mineras de alto volumen y alto valor.
Proyectos como PSJ Cobre Mendocino estiman entre 8 y 19 camiones diarios con concentrado. El tránsito no es el problema: representa menos del 1% del flujo de la RN7.
El desafío es otro: qué ocurre cuando el paso se cierra por días o semanas. Cada jornada detenida implica capital inmovilizado, reprogramación de embarques y costos logísticos crecientes. La logística deja de ser un aspecto operativo y pasa a ser una variable de competitividad.
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La discusión se amplía con la competencia entre corredores bioceánicos. Agua Negra, respaldado por el Tratado de Maipú, vuelve a posicionarse como alternativa para San Juan. Más al norte, el Corredor Bioceánico de Capricornio avanza con infraestructura ferroviaria operativa del lado chileno y puertos listos para absorber carga minera.
En paralelo, otros pasos como Pehuenche, Jama o Pino Hachado integran acuerdos bilaterales que buscan diversificar la salida al Pacífico.
La próxima década no solo enfrentará proyectos mineros compitiendo por inversión: también pondrá a competir corredores capaces de ofrecer continuidad operativa, menores costos y previsibilidad logística. En ese escenario, Cristo Redentor mantiene su peso histórico, pero su dependencia de la alta montaña y su sensibilidad climática dejan abierta una pregunta central para la minería argentina: ¿puede sostener la logística del cobre durante toda la vida útil de los proyectos?
La respuesta todavía no está cerrada. Pero la competitividad del cobre argentino dependerá tanto del recurso como de la infraestructura que logre conectarlo con el mundo.
Marsh publicó la edición 29 del informe “100 largest losses in the hydrocarbon industry (1974–2025)”, el documento de referencia que analiza las mayores pérdidas por daño a la propiedad en la industria de hidrocarburos durante los últimos 51 años.
El reporte, utilizado por aseguradoras, operadores y reguladores, identifica patrones históricos, riesgos emergentes y fallas críticas que explican los incidentes de mayor impacto económico en extracción, transporte y procesamiento.
El informe destaca que, pese a los avances en seguridad industrial, la industria continúa registrando eventos de alto impacto vinculados a incendios, explosiones, fallas de equipos críticos, errores operativos y fallas estructurales.
La digitalización, la automatización y el mantenimiento predictivo mejoraron la capacidad de monitoreo, pero también introdujeron nuevos riesgos tecnológicos que requieren protocolos más robustos y entrenamiento continuo.
Una de las conclusiones centrales del documento es que la gestión de riesgos debe ser anticipatoria y sistémica. El prólogo del informe, firmado por la presidenta del IChemE, Raffaella Ocone, subraya que la seguridad industrial ya no puede abordarse como un conjunto de prácticas aisladas: exige una visión integral que combine ingeniería, cultura organizacional, actualización de competencias y análisis de datos.
La incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías de proceso obliga a revisar estándares y a detectar peligros emergentes que no existían hace una década.
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El análisis histórico de Marsh también muestra que las pérdidas ajustadas por inflación permiten comparar incidentes ocurridos en décadas distintas y evidencian que los eventos mayores siguen concentrándose en instalaciones de refinación, petroquímica y transporte, donde la complejidad operativa y la presencia de materiales peligrosos amplifican el impacto de cualquier falla.
El informe incluye herramientas de estimación de pérdidas máximas (EML) y actualizaciones sobre metodologías de evaluación de riesgo utilizadas por aseguradoras globales.
Para la región y para Argentina, el reporte aporta una lectura estratégica en un momento de expansión de la actividad hidrocarburífera. La combinación de infraestructura madura en downstream y proyectos nuevos en upstream exige fortalecer la resiliencia operativa, mejorar la calidad de mantenimiento, incorporar monitoreo geotécnico y acelerar la adopción de modelos de continuidad operativa.
El documento también es relevante para operadores de Vaca Muerta, refinerías y plantas petroquímicas que buscan alinear sus estándares con prácticas internacionales.
El informe concluye que la industria enfrenta un escenario donde la prevención de incidentes mayores y la capacidad de recuperación rápida serán factores determinantes para proteger inversiones, reducir pérdidas y sostener la competitividad en un mercado energético global cada vez más exigente.
Durante el segundo trimestre de 2026, Vista consolidó su crecimiento en Vaca Muerta al alcanzar una producción promedio de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, lo que significa un aumento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior.
La producción de petróleo crudo se situó en 135.000 barriles diarios, reflejando una mejora interanual del 33%. Este avance reafirma la posición de Vista como la mayor productora independiente de hidrocarburos en Argentina y principal exportadora de petróleo.
En materia de exportaciones, la empresa envió al exterior 8,6 millones de barriles durante el trimestre, lo que representa un incremento del 54% respecto a 2025. Estas ventas internacionales constituyen el 72% del total comercializado, un dato que destaca la expansión global de Vista tras la adquisición de activos de Petronas en abril del año pasado.
La petrolera invirtió US$ 467 millones en perforación y completación de pozos, sumando 27 nuevos pozos conectados a producción. Esta inversión permitió ampliar la capacidad operativa y mejorar la eficiencia, reduciendo el costo de extracción a 4,5 dólares por barril equivalente, un 4% menos que en el mismo trimestre de 2025.
Los resultados financieros reflejaron este desempeño con ingresos por US$ 1.150 millones, un aumento del 89% interanual, impulsado por el mayor volumen producido y un contexto favorable en los precios internacionales del petróleo. La utilidad neta alcanzó los US$ 322 millones, mejorando un 37% frente al segundo trimestre de 2025 y un 199% en comparación con el trimestre previo.
Parte del crecimiento se atribuye al desarrollo de los bloques propios de Vista en la Cuenca Neuquina, lo que ha fortalecido su presencia en el sector y su capacidad para competir en mercados internacionales.
En el marco de una agenda de trabajo desarrollada en la provincia del Neuquén, autoridades del Ministerio de Energía de Tierra del Fuego realizaron una serie de recorridas técnicas por instalaciones vinculadas a la actividad hidrocarburífera, con el objetivo de conocer los procesos productivos y las tecnologías aplicadas a la explotación convencional y no convencional en esa zona.
Como parte de la agenda, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, junto a la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas, y la directora general de Fiscalización de las Operaciones Hidrocarburíferas, Ana Laura López, participaron de una visita a la empresa SAN S.R.L., junto a autoridades de Terra Ignis Energía S.A. Allí recorrieron la planta, especializada en el tratamiento y disposición final de residuos petroleros, y conocieron los procesos implementados para su gestión.
Posteriormente, las autoridades del Ministerio de Energía visitaron el centro de acopio y acondicionamiento de arenas de San Benito Energía, en cercanías de Añelo, y recorrieron la planta Aguada Pichana y el yacimiento no convencional operado por Total Austral. Durante la visita participaron de una reunión técnica sobre la operación de la planta de tratamiento y conocieron las distintas etapas del proceso productivo, desde la preparación de arenas para fractura hidráulica, la perforación horizontal y las tareas de flowback, hasta la limpieza de los pozos para su posterior puesta en producción.
Al respecto, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, señaló que “recorrimos las distintas etapas de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta para conocer de primera mano cómo funciona la actividad no convencional, una modalidad que hoy no tenemos en Tierra del Fuego, pero que representa un horizonte de desarrollo a futuro”.
“Conocer cada uno de los procesos, desde la preparación de arenas para fractura hidráulica hasta la perforación, la limpieza de los pozos y el funcionamiento de las plantas de tratamiento, nos permite incorporar herramientas y experiencias valiosas para seguir planificando el desarrollo energético de nuestra provincia”, concluyó la funcionaria.
El gobierno de Río Negro publicó este jueves un decreto que autoriza la reversión total del área hidrocarburífera Cerro Manrique de YPF a la Provincia, después de que finalizara el período exploratorio y la petrolera de bandera cumpliera con sus obligaciones.
Se trata del Decreto 662/26, que fue difundido hoy en el Boletín Oficial 6508 y formaliza la devolución del 100% del área al Estado provincial, solicitada por YPF, luego del vencimiento del segundo período exploratorio, ocurrido el 21 de septiembre de 2024.
La reversión no se origina en un incumplimiento. De acuerdo con el expediente, YPF cumplió y superó el compromiso de inversión previsto para la segunda etapa exploratoria.
La empresa debía acreditar 820 Unidades de Trabajo mediante la perforación de un pozo exploratorio. Finalmente, certificó 1.021,69 unidades, 201,69 más que las exigidas.
La evaluación técnica comprendió los resultados obtenidos mediante dos pozos exploratorios. Tras analizar la documentación, la Secretaría de Hidrocarburos aceptó la reversión total del área.
Además, la empresa presentó el informe técnico final y acreditó los libres deuda correspondientes a regalías, canon de superficie, aporte complementario y compromisos de capacitación. También obtuvo la aprobación de la Auditoría Ambiental exigida para completar el procedimiento.
YPF había resultado adjudicataria del permiso de exploración mediante el Decreto 644/18, luego de una licitación pública nacional e internacional. El contrato contemplaba inicialmente inversiones superiores a los USD 22,2 millones.
Durante el segundo período exploratorio, la empresa avanzó con el pozo BdC.x-1, destinado a evaluar reservorios convencionales y tight. Esa perforación representó una inversión estimada superior a los USD 6 millones y permitió sumar información sobre el potencial del bloque.
Con el Decreto 662/26, Cerro Manrique queda nuevamente bajo administración provincial. La decisión ordena el cierre formal de la etapa exploratoria y preserva la capacidad de Río Negro para definir los próximos pasos sobre el área.
La medida refleja una gestión energética basada en reglas claras, controles técnicos y ambientales, y seguimiento de los compromisos asumidos por las empresas. Río Negro mantiene una administración activa de sus recursos, con planificación y una mirada puesta en el desarrollo productivo de la Provincia.
El Gobierno nacional analiza reactivar el Tren Norpatagónico, una obra ferroviaria de cargas que permanece suspendida y que busca fortalecer la logística de Vaca Muerta mediante la modernización de la infraestructura entre Bahía Blanca y Añelo.
La iniciativa apunta a mejorar la capacidad y confiabilidad del corredor ferroviario que conecta la provincia de Buenos Aires con el principal polo de producción de hidrocarburos no convencionales del país.
Según replicó la agencia Noticias Argentinas, el proyecto es evaluado por el impacto que podría tener sobre la expansión de Vaca Muerta, cuya producción de petróleo y gas continúa creciendo y demanda una red logística más eficiente.
La propuesta contempla la intervención de 665 kilómetros de vías férreas para conectar de manera directa la estación de Bahía Blanca con la localidad neuquina de Añelo, considerada el epicentro operativo del desarrollo energético.
De acuerdo con la documentación técnica, la ejecución total de la obra demandaría un plazo estimado de 48 meses.
El objetivo es incrementar de manera sustancial la capacidad de transporte ferroviario de cargas, reducir los tiempos de traslado y mejorar la eficiencia del corredor logístico.
Cómo es el proyecto ferroviario que permanece suspendido
El proyecto del Tren Norpatagónico, que actualmente figura con estado “suspendido”, contempla una profunda modernización del corredor ferroviario de cargas entre Bahía Blanca y Añelo para responder a las necesidades logísticas del desarrollo de Vaca Muerta.
Las obras previstas incluyen:
Mejoramiento de 374 kilómetros de vías existentes sobre el trazado troncal que atraviesa Bahía Blanca, Río Negro y Neuquén.
Renovación integral de 208 kilómetros en los sectores más deteriorados del histórico ramal ferroviario.
Construcción de 83 kilómetros de vías nuevas, mediante un desvío ferroviario entre Contraalmirante Cordero y Añelo, que permitirá evitar el paso por zonas urbanas y conectar de forma directa con el corazón operativo de Vaca Muerta.
El desarrollo ferroviario aparece como una herramienta estratégica para abastecer la creciente demanda de arena, caños, maquinaria y otros insumos utilizados en las operaciones de extracción de petróleo y gas.
Además, permitiría facilitar el traslado de la producción hacia los principales polos industriales y puertos de exportación, reduciendo la presión sobre el transporte por camión.
Para el sector energético, la recuperación del Tren Norpatagónico representa una infraestructura clave para mejorar la competitividad logística, disminuir costos y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta durante los próximos años.
El Gobierno nacional abrió una investigación por presunto dumping en la importación de torres eólicas industriales de acero provenientes de China, luego de una denuncia presentada por la empresa Gri Calviño Towers Argentina S.A. La decisión fue oficializada este jueves mediante la Resolución 218/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La pesquisa se centrará en las torres eólicas de una altura mínima de 50 metros y buscará determinar si las importaciones chinas ingresaron al país bajo condiciones de competencia desleal que perjudiquen a los fabricantes locales y comprometan el empleo y la producción nacional.
La Comisión Nacional de Comercio Exterior concluyó que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y estimó un margen promedio ponderado de dumping del 46,39% para las operaciones de origen chino.
Según el informe técnico del organismo, los precios de las torres importadas resultaron significativamente inferiores a los de la industria local. Durante 2025, la subvaloración detectada osciló entre el 31% y el 38% respecto de los valores comercializados por la empresa denunciante.
En ese contexto, la CNCE advirtió que “esta presión de precios provocará un deterioro de los precios reales de venta, especialmente ante los proyectos ya adjudicados, provocando un deterioro real en la rentabilidad de la industria nacional”.
Aunque el organismo descartó la existencia de un daño consolidado durante el período analizado, debido a que la producción local logró recuperar participación en el mercado durante 2025, sí alertó sobre una posible “amenaza de daño” para el sector.
Al justificar la apertura del expediente, el Gobierno sostuvo que “la presencia en el mercado local de las importaciones chinas en condiciones de subvaloración de precios podría estar afectando y podría continuar afectando los volúmenes de producción de la rama de producción nacional y, por ende, el grado de utilización de la capacidad instalada y los niveles de empleo que han mostrado una relevante disminución”. Además, remarcó que la adjudicación de proyectos a exportadores chinos durante el primer semestre de 2026 derivó en la paralización de la planta de la firma denunciante.
La investigación se desarrolla en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional y contempla el carácter estratégico de las torres eólicas para la infraestructura eléctrica del país. La recopilación de información abarcará el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, mientras que las partes interesadas tendrán un plazo de 30 días para presentar la documentación requerida ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
Las exportaciones de petróleo de Vista aumentaron un 54% interanual.
La producción de Vista alcanzó los 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) en el segundo trimestre, un incremento de 32% respecto del mismo período de 2025, informó la compañía.
El crecimiento estuvo impulsado por el desarrollo de los activos de la empresa en Vaca Muerta, como así también la consolidación de los activos de Equinor a partir de mayo. La producción de petróleo fue de 135.000 barriles por día, con un crecimiento interanual del 33 por ciento.
El costo de extracción (lifting cost) fue de 4,5 dólares por boe, un 4% menor en comparación con el mismo período de 2025.
El mayor exportador de crudo
Las exportaciones de petróleo de Vista aumentaron un 54% interanual, alcanzando los 8,6 millones de barriles durante el trimestre y representando el 72% del volumen total de ventas de petróleo de la compañía.
Desde la compra de los activos de Petronas en abril de 2025, Vista es el mayor exportador de crudo del país.
Más ganancias y más inversión
Los ingresos totales fueron de 1.150 millones de dólares, un 89% más a los registrados en el segundo trimestre del año anterior. Dicha suba fue impulsada por el incremento en la producción de hidrocarburos, como así también por el aumento en los precios internacionales. El EBITDA ajustado fue de 805 millones de dólares, un incremento interanual del 99 por ciento.
La utilidad neta alcanzó los 322 millones de dólares, un 37% superior a la registrada en el segundo trimestre de 2025 y un 199% por encima de la del trimestre anterior.
Las inversiones totalizaron en 467 millones de dólares, y fueron destinadas principalmente al avance de la actividad de perforación y completación de nuevos pozos. Vista conectó 27 pozos nuevos durante el trimestre.
América Latina y el Caribe (ALC) sigue fortaleciendo una de las matrices eléctricas más limpias a nivel mundial, destacó un informe de la OLACDE.
En abril de 2026, la región produjo 164 TWh de electricidad, de los cuales el 67 % provino de fuentes renovables, dato que subraya el predominio estructural de las energías limpias a pesar de las fluctuaciones climáticas que afectaron la generación hidroeléctrica. En un año, la generación eléctrica regional registró un crecimiento de 4,5 por ciento.
El reporte de generación eléctrica de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía describió que la hidroelectricidad se mantuvo como la principal fuente de generación con 44,6 % del total regional, seguida por el gas natural (23,2 %) y la energía eólica (12,2 %). En conjunto, estas tres tecnologías concentraron cerca del 80 % de la electricidad producida en ALC durante abril último.
A pesar de que la producción hidroeléctrica experimentó una disminución de 9,4 TWh respecto a la de abril de 2025, esta caída fue compensada por incrementos en generación eólica (+5,1 TWh), gas natural (+4,6 TWh) y bioenergía (+3,3 TWh). Se destaca la capacidad del sistema para adaptarse a condiciones climáticas cambiantes y una creciente diversificación tecnológica, señaló el informe.
El índice de renovabilidad también confirma el liderazgo energético de la región. Nueve de los 27 países miembros de OLACDE superaron el promedio regional del 67 %: Paraguay (100 %), Uruguay (97 %), Costa Rica (92 %), Ecuador (92 %), Brasil (88 %), Colombia (87 %), Venezuela (86 %), Belice (76 %) y Perú (68 %).
La OLACDE señaló que “estos indicadores reflejan que la integración sostenida de tecnologías renovables, junto con fuentes complementarias como el gas natural, refuerza tanto la seguridad del suministro eléctrico como mejora su capacidad para enfrentar variaciones climáticas, uno de los principales retos para los sistemas eléctricos en esta región”.
La Secretaría de Energía estableció una nueva prórroga, esta vez hasta el 18 de marzo de 2027, del período de transición contemplado en el Contrato de Concesión para la Generación Hidráulica de Electricidad de la Central Hidroeléctrica Ullum, en San Juan, con vencimiento original en marzo último, y que había sido extendido hasta el 18 de julio.
A través de la Resolución 162/2026, Energía dispuso la prórroga “a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en el Río, debiendo la Concesionaria continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato, salvo que, con anterioridad, se disponga la reversión de los bienes objeto de la concesión a la Provincia de San Juan”. En tal Caso, el período de transición finalizará en la fecha que se determine a tal efecto, debiendo notificarse a la Concesionaria con una antelación mínima de 45 días corridos.
Cabe referir como antecedente que el Estado Nacional y la Provincia de San Juan suscribieron una Acta Acuerdo, en agosto de 1994, para la privatización de la actividad de generación de energía eléctrica, vinculada al Complejo Hidroeléctrico Ullum y la Central Térmica Sarmiento; en concordancia con los lineamientos de la Ley 24.065 (marco regulatorio eléctrico).
Entonces, en marzo de 1996 se adjudicó el 98 % del paquete accionario de HIDROTÉRMICA SAN JUAN S.A., en acciones Clase “A” y “B” a INVERSORA AES DIAMANTE S.A.
La concesión original de la Central de 45 MW (equipada con una turbina Kaplan de eje vertical), que estaba en manos de Hidrotérmica San Juan S.A. (controlada primero por AES y hoy por Energía Provincial Sociedad del Estado-EPSE-), venció en marzo.
La Central Quebrada de Ullúm está ubicada sobre el Río San Juan, aproximadamente a 20 Km de la Capital de la Provincia. El aprovechamiento hidroeléctrico se logra por un cierre principal sobre el cauce del Río San Juan, realizado mediante una Presa de materiales sueltos sobre la margen derecha y sobre la izquierda por medio de un vertedero libre. En este último sector se constituyen la Aducción, la Tubería de presión interna, la Casa de Máquina y la estación transformadora con líneas de 132 kV.
En su momento, la concesionaria suscribió dos contratos, por un lado la concesión por el derecho a la generación de energía eléctrica y su comercialización en el MEM otorgado por el Estado Nacional, y por otra parte la concesión por el derecho de uso hidroenergético de las aguas del Río San Juan y otros bienes del dominio provincial otorgado por la Provincia de San Juan, ambos por el término de treinta (30) años.
Este plazo contractual delimita el período durante el cual la concesionaria ejerce la operación y explotación del aprovechamiento hidroeléctrico, habilitando a su término la revisión del régimen aplicable.
El Contrato establece que el dominio y la posesión de los Equipos de la Concesionaria (Bienes Propios) se transferirán de pleno derecho a la Provincia de San Juan sin que ésta deba abonar a la Concesionaria precio o contraprestación de ninguna índole. La transferencia operará a las CERO (0) horas del día siguiente al vencimiento del plazo de la concesión.
Asimismo, el Contrato prevé un período de transición de hasta DOCE (12) meses posteriores al vencimiento del plazo de concesión, destinado a asegurar la continuidad operativa del complejo hidroeléctrico, permitir una transferencia ordenada y eficiente de los activos, y el mantenimiento del despacho de energía eléctrica hacia el sistema interconectado, evitando situaciones de riesgo o discontinuidad en el servicio público.
La S.E. y/o el ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ahora ENReGE), podrán designar un veedor en representación del Estado Nacional durante el plazo de transición del Contrato de Concesión.
Ahora se estableció que la Subsecretaría de Energía Eléctrica debe continuar en el ejercicio de las funciones de veedor de la central Ullum, y se invitó a la Provincia de San Juan a designar un representante para que colabore con la Subsecretaría durante el período de transición establecido.
Durante este período, la Subsecretaría de Energía Eléctrica supervisará el proceso, y Nación junto con San Juan deberán resolver el esquema definitivo de administración futura del Complejo Hidroeléctrico. EPSE, o una nueva concesión privada.
La Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC) anunció la renovación de sus autoridades de conducción y Gabriela Aguilar asumirá la presidencia de la institución para el período 2026-2027. La empresa de reconocida trayectoria en el sector energético encabezará el Comité Ejecutivo que tiene nodos en Buenos Aires, Houston, Austin, Dallas y Neuquén con particular seguimiento de la formación Vaca Muerta.
La designación de la nueva mesa ejecutiva marca el inicio de una etapa orientada a consolidar a la ATCC como el principal catalizador de negocios entre la Argentina y el Estado de Texas. «La Cámara buscará robustecer los canales de diálogo técnico, regulatorio y comercial que beneficien a ambos ecosistemas empresariales«, resaltó la entidad.
Bajo la conducción de Aguilar, el Comité Ejecutivo implementará una agenda plurianual que pondrá especial foco en la transición y el desarrollo energético, buscando profundizar las alianzas operativas e industriales entre Vaca Muerta y la Cuenca Pérmica.
También se promoverá la innovación tecnológica y la economía del conocimiento para fomentar un puente directo entre los centros tecnológicos en expansión de Austin y el talento calificado del sector de software en Argentina. Como tercer pilar, la gestión buscará una mayor integración en el sector de la salud (healthcare).
El plan de acción inmediato incluirá misiones comerciales recíprocas, foros de inversión,rondas de negocios y mesas redondas sectoriales con decisores clave de los ámbitos público y privado en ambos territorios. Sobre la ATCC.
El intendente de Olavarría presentó un proyecto de ordenanza para cobrar una tasa de Seguridad e Higienes a los parques eólicos.
Compañías de generación eólica están viendo con preocupación un proyecto de ordenanza que presentó en el Consejo Deliberante el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, para crear una tasa de Seguridad e Higiene en el municipio que implicaría el cobro de US$ 5.200 por año por cada aerogenerador instalado. La Ley 27.191 de energías renovables otorgaba un marco normativo que protegía al sector y le garantiza estabilidad fiscal a los proyectos, pero venció el 31 de diciembre de 2025 y la prórroga en el Congreso todavía no se aprobó.
Fuentes del sector renovable consultadas por EconoJournal explicaron que el monto de la nueva tasa impacta en los márgenes de los parques eólicos y afecta a la seguridad jurídica del sector.
El proyecto del intendente Wesner, integrante de La Cámpora, fue presentado en junio ante el Consejo Deliberante, donde el oficialismo tiene una mayoría prácticamente automática de concejales, y aguarda el tratamiento en comisiones.
En un principio, el intendente de Olavarría quería aprobar una tasa de Seguridad e Higiene mucho mayor, que implicaba casi un 1,5% de los ingresos por facturación promedio de los parques eólicos, según cálculos que realizaron en el sector. Las empresas se negaron a aceptar que la tasa se aplicara sobre la facturación y luego de algunas semanas, Wesner bajó sus pretensiones. Finalmente, el proyecto que se presentó dice que se cobrarán US$ 5.200 anuales por cada aerogenerador, que representa un 0,5% de los ingresos por facturación.
Sin embargo, fuentes privadas advirtieron que el monto final de la tasa que quedó plasmado en el proyecto de ordenanza sigue siendo muy elevado y generará un impacto negativo en los proyectos. También explicaron que el monto de una tasa municipal de Seguridad e Higiene no puede establecerse sobre la facturación de los parques de energía eólica. Otras fuentes se mostraron más cautas y explicaron que el monto podría ser razonable porque “es un término medio” respecto a otras tasas que cobran otros municipios.
Una fuente del sector también comentó a EconoJournal que “el proyecto de ordenanza en Olavarría podría ser una avivada porque justo lo presentaron después que venció la ley y la prórroga todavía no se aprobó en el Congreso”. Este medio intentó comunicarse con el intendente de Olavarría, pero no obtuvo respuesta.
La Ley 27.191 otorgaba un marco normativo que protegía al sector, pero venció el 31 de diciembre de 2025.
Hasta el momento hay cuatro parques eólicos en Olavarría que podrían verse afectados si el proyecto prospera. Suman 82 aerogeneradores:
-Parque Eólico Cementos Avellaneda: está operado por YPF Luz y la empresa productora de cemento homónima. Tiene 9 aerogeneradores.
-Parque Eólico Olavarría: lo llevan adelante PCR y ArcelorMittal Acindar. Se encuentra en etapa de construcción. Contará con 30 aerogeneradores y demandará una inversión de US$ 276 millones. Está bajo el paraguas del RIGI.
–P.E. Vientos de Olavarría: está operado por la productora de acero Ternium (Techint) y tiene 22 aerogeneradores operativos.
-P.E. La Rinconada, cuenta con 21 aerogeneradoresoperados por Tenaris (Techint).
Tasas municipales y estabilidad fiscal
Las compañías de generación eólica entienden que el proyecto de ordenanza, una suerte de “impuesto al viento”, también podría replicarse en otros municipios del país. Hay localidades que cobran una tasa de Seguridad e Higiene, como Bahía Blanca y General Torquinst, pero el monto es cercano a un 0,25% de la facturación de un parque renovable. Sin embargo, esto no es generalizado en la provincia de Buenos Aires ni en el resto del país, según detallaron las mismas fuentes.
En materia de seguridad eléctrica, los parques eólicos y solares están sujetos al control del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que tiene facultades para fiscalizar la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de generación, transporte y distribución, según detalla la Ley 24.065 que fijó el nuevo marco regulatorio en 1991. La Tasa de Fiscalización y Control financia la actividad regulatoria del organismo nacional.
Como antecedente, en 2020 el municipio de Puerto Madryn implementó un “impuesto al viento” que representaba casi un 5% de la facturación por la producción de energía de los parques eólicos. El grupo Nordex presentó un reclamo judicial y en 2022 la Justicia Federal frenó la implementación de la tasa.
Sin ley de energías renovables
El sector de energías renovables quedó sin cobertura legal sobre la estabilidad fiscal ya que la Ley 27.191 venció a fin de 2025, que estableció un régimen de fomento y un marco normativo para la generación renovable durante 20 años.
El artículo 17 de la ley afirma que “el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025”.
La Ley 27.191, sancionada en 2015, permitió la instalación de alrededor de 6.500 MW de potencia renovable que demandaron inversiones por más de US$ 7.000 millones en parques eólicos, solares, de biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, entre otros, en todo el país.
El Poder Ejecutivo intentó habilitar en el Presupuesto 2026 una prórroga hasta 2047 del artículo 17 de la ley, pero finalmente ese apartado quedó excluido en las negociaciones en el Congreso.
Ahora el gobierno nacional apuesta a blindar a la generación renovable con una prórroga de la Ley 27.191 hasta 2045. El proyecto de ley también incluye otros temas sobre energía como la modificación del régimen de Zona Fría, compensaciones a distribuidoras eléctricas y la derogación del decreto 929 de 2013, conocido como “decreto Chevron”.
Ordenanza
La iniciativa del intendente de Olavarría prevé crear una “Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene aplicable a Parques de Generación de Energía Eólica” para todos los parques que generen electricidad a partir del viento, sin importar la escala.
El proyecto, al que accedió EconoJournal, prevé el cobro de la tasa anual para todos los aerogeneradores instalados en los parques, estén o no operativos. Si la ordenanza avanza las compañías de generación renovables tendrán que presentar el comprobante de pago de la tasa para tener la renovación de la habilitación municipal para los parques eólicos.
Según establece el proyecto, el cobro anual de la tasa tendrá como retribución por parte del municipio de Olavarría los servicios de inspección, verificación, fiscalización, control y seguridad de cada aerogenerador.
El texto contempla una “garantía de previsibilidad tributaria” por un plazo de 10 años donde queda establecido que el Municipio de Olavarría no podrá incrementarla.
El Gobierno nacional lanzó un concurso internacional para adjudicar permisos de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, en una señal de reactivación de la frontera offshore y de ampliación del mapa de operadores en aguas profundas.
La convocatoria, formalizada por la Secretaría de Energía, replica la estructura utilizada en las rondas de 2018 y 2019 y convoca a empresas con experiencia comprobada en operaciones costa afuera, con exigencias de solvencia técnica y financiera y compromisos mínimos de inversión en sísmica y perforación exploratoria.
Las áreas incluidas se ubican en cuencas donde el Estado busca profundizar la exploración: la Cuenca Argentina Norte (CAN), frente a Buenos Aires; la Cuenca Malvinas Oeste (MLO), frente a Chubut y Santa Cruz; y la Cuenca Austral Marina (CAM), frente a Tierra del Fuego.
Estas zonas concentran la mayor parte de la actividad reciente y son consideradas prioritarias por su potencial geológico y por la presencia de sistemas petroleros activos identificados en campañas previas.
El antecedente inmediato es el pozo Argerich-1, perforado por el consorcio Equinor–YPF–Shell en el bloque CAN-100. La campaña confirmó la existencia de un sistema petrolero activo y abrió la posibilidad de extender la exploración hacia áreas adyacentes.
La nueva licitación busca precisamente ampliar la cobertura sísmica y avanzar en perforaciones exploratorias que permitan evaluar continuidad, volumen y calidad del sistema.
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La competencia atraerá a operadores con historial en aguas profundas y ultra profundas, tanto aquellos que ya operan en Argentina como compañías internacionales que participaron en rondas previas o en cuencas comparables.
La Secretaría de Energía exige acreditación de experiencia offshore, capacidad para operar plataformas de sexta y séptima generación y solvencia financiera suficiente para sostener inversiones que, en aguas profundas, oscilan entre USD 80 y 120 millones por pozo exploratorio, además de campañas sísmicas que requieren entre USD 20 y 40 millones según la extensión del área.
Los permisos contemplan plazos de ocho años divididos en dos períodos, con obligaciones crecientes. En la primera etapa, las empresas deben ejecutar campañas sísmicas y procesar datos geológicos; en la segunda, deben perforar al menos un pozo exploratorio y presentar informes técnicos periódicos.
El proceso también incluye requisitos ambientales estrictos: estudios de impacto, protocolos de prospección sísmica, planes de mitigación y monitoreo de fauna marina, bajo supervisión del Ministerio de Ambiente y la Prefectura Naval.
La licitación abre una etapa de competencia en un segmento donde Argentina busca consolidar una estrategia de largo plazo. El offshore complementa el desarrollo de Vaca Muerta y diversifica la matriz de recursos, con potencial para generar nuevas exportaciones si los resultados exploratorios confirman la presencia de hidrocarburos en volúmenes comerciales.
La adjudicación de áreas permitirá ampliar la frontera exploratoria y definir un nuevo mapa de operadores en el Mar Argentino, en un contexto de creciente interés internacional por cuencas de aguas profundas.
El concurso internacional para explorar un área de la Cuenca Argentina Norte no surgió de una ronda programada ni de una iniciativa general del Gobierno para abrir nuevos bloques offshore.
La investigación oficial confirma que la licitación se origina en una solicitud puntual de una empresa extranjera y que el Ejecutivo debió activar el mecanismo legal correspondiente para canalizar ese pedido.
El 14 de febrero de 2025, Challenger Energy Group PLC, una compañía británica con antecedentes en exploración costa afuera en el Caribe y el Atlántico, presentó ante la Secretaría de Energía una manifestación de interés para operar en un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados en jurisdicción nacional.
La empresa pidió autorización para iniciar actividades exploratorias y solicitó que el Estado habilitara el procedimiento para adjudicar el área.
La Ley de Hidrocarburos no permite otorgar permisos de exploración de manera directa ante una solicitud empresarial. Cuando una compañía pide un área específica, el Estado debe abrir un concurso público competitivo para garantizar transparencia, permitir la participación de otros operadores y evitar adjudicaciones discrecionales.
La Secretaría de Energía evaluó la presentación de Challenger, verificó que el área estaba disponible y recomendó avanzar hacia un proceso abierto.
El 15 de julio de 2026, el Poder Ejecutivo formalizó esa decisión mediante el Decreto 590/2026, que instruye a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar el permiso de exploración.
El decreto cita explícitamente la manifestación de interés de Challenger como origen del proceso y delega en la Secretaría la facultad de otorgar tanto el permiso como la eventual concesión de explotación, en caso de que los resultados técnicos justifiquen avanzar hacia una etapa comercial.
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El decreto incorpora además un esquema de prórroga de jurisdicción para arbitraje internacional bajo la Convención de Nueva York de 1958, una condición que suele ser requerida por operadores globales para contratos de largo plazo.
El Gobierno aclara que esta prórroga no implica renuncia a la inmunidad de ejecución sobre activos estratégicos: quedan protegidas las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, los activos vinculados a servicios esenciales, los bienes militares y el patrimonio cultural.
La convocatoria se inscribe en un contexto donde la Cuenca Argentina Norte ganó relevancia técnica tras la perforación del pozo Argerich-1, ejecutado por Equinor, YPF y Shell, que confirmó la existencia de un sistema petrolero activo. Ese antecedente reforzó el interés por áreas adyacentes y dio sustento geológico a la solicitud presentada por Challenger.
La licitación, por lo tanto, no es un movimiento aislado ni una política general de apertura indiscriminada del offshore.
Es la consecuencia institucional de un pedido empresarial que obligó al Estado a activar el mecanismo previsto por la normativa, en un momento donde la frontera marítima ampliada tras el reconocimiento internacional de 2016 ofrece nuevas áreas para exploración y donde el Gobierno busca atraer operadores con capacidad técnica y financiera para sostener inversiones de gran escala.
La expansión de Vaca Muerta obliga a revisar la infraestructura logística disponible y a incorporar alternativas capaces de sostener un nivel de actividad que ya opera en escala internacional.
En ese contexto, un estudio financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y desarrollado por IATASA, con participación técnica de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), confirmó la viabilidad de habilitar navegación comercial en los ríos Limay y Negro para transportar insumos industriales hacia la Cuenca Neuquina. El análisis abre una etapa de evaluación estratégica sobre un corredor fluvial de aproximadamente 720 kilómetros, desde el compensador Arroyito hasta la desembocadura del río Negro en el Atlántico.
Demanda estructural: arena de fractura y presión sobre rutas
La arena de fractura es uno de los insumos críticos del shale. Cada pozo requiere entre 11.000 y 15.000 toneladas, y las proyecciones oficiales estiman una demanda anual cercana a 15 millones de toneladas. Hoy, gran parte de ese volumen se transporta desde Entre Ríos por más de 1.200 kilómetros de rutas nacionales, lo que incrementa costos, genera saturación en corredores viales y limita la capacidad logística para sostener el ritmo de perforación y fractura previsto para los próximos años.
El estudio identifica que la navegación fluvial permitiría reducir distancias terrestres, disminuir la presión sobre rutas saturadas y mejorar la eficiencia del abastecimiento. La alternativa no reemplaza al camión: lo integra en una red multimodal que combina transporte fluvial, ferroviario y terrestre, con nodos de transferencia y puertos intermedios.
Condiciones de navegabilidad y obras necesarias
La evaluación técnica concluye que existen condiciones hidrológicas para habilitar navegación comercial en los ríos Limay y Negro, aunque requiere obras específicas:
adecuación de cauces,
dragado puntual,
señalización,
infraestructura portuaria,
estaciones de transferencia,
equipamiento para cargas pesadas.
La participación de la AIC fue central para validar caudales, niveles y restricciones estacionales, y para determinar los tramos donde sería necesaria intervención hidráulica.
Integración con la Hidrovía y alternativas de abastecimiento
El estudio incorpora un análisis de integración con la Hidrovía Paraná–Paraguay. Una de las alternativas contempla concentrar la arena en el puerto de Ibicuy, trasladarla por vía marítima hacia terminales como San Antonio Oeste o Bahía Blanca y, desde allí, ingresarla a la región mediante el corredor fluvial o conexiones terrestres.
Este esquema permitiría reducir kilómetros recorridos por camión y ampliar la capacidad de abastecimiento para una industria que proyecta incrementos sostenidos de actividad.
Impacto territorial y productivo
Además del abastecimiento energético, el corredor fluvial podría generar efectos sobre otras actividades productivas de la región. El estudio identifica oportunidades para la fruticultura de los valles de Río Negro y Neuquén, que podría acceder a nuevas alternativas de transporte para mejorar su salida exportadora.
También se abren posibilidades para servicios complementarios vinculados a la navegación, como transporte de pasajeros y actividades turísticas, aunque su desarrollo dependerá de la evolución de la infraestructura principal.
Inversiones y etapas pendientes
La habilitación del corredor requiere inversiones en obras hidráulicas, puertos, equipamiento y nodos logísticos. El estudio de factibilidad no implica ejecución inmediata: el proyecto debe avanzar hacia diseño definitivo, definición de CAPEX, evaluación ambiental y coordinación interjurisdiccional. La magnitud de las obras y la necesidad de integrar múltiples modalidades de transporte demandan una planificación de largo plazo.
Lectura estratégica
El corredor fluvial Limay–Negro se inscribe en un desafío central para la Argentina: acompañar el crecimiento energético con infraestructura capaz de sostener una producción de escala internacional. Vaca Muerta ya consolidó su rol como principal activo energético del país, pero su expansión depende de resolver cuellos logísticos vinculados al transporte de insumos críticos.
La factibilidad del corredor fluvial representa un primer paso para incorporar los ríos patagónicos como parte de una red logística estratégica que podría modificar la estructura de abastecimiento de la cuenca neuquina y ampliar las oportunidades productivas de la región.
La expansión simultánea del litio y el cobre está modificando la estructura de la minería argentina y generando una demanda inédita de proveedores.
Los relevamientos oficiales de la Secretaría de Minería y la CAEM muestran que cada proyecto de gran escala requiere más de 800 empresas proveedoras en la etapa de construcción y alrededor de 550 en operación, lo que abre una ventana concreta para compañías nacionales que buscan integrarse a la cadena de valor.
El litio sostiene el crecimiento inmediato. Con más de diez proyectos en construcción o ampliación en Catamarca, Salta y Jujuy, la demanda se concentra en ingeniería, perforación, geología, estructuras metálicas, campamentos, energía, tratamiento de aguas, insumos químicos, logística y mantenimiento industrial.
La infraestructura disponible en las provincias —energía firme, rutas de altura, parques industriales— todavía presenta brechas, lo que habilita oportunidades para empresas capaces de aportar soluciones modulares y escalables.
El cobre representa el salto estructural. Argentina cuenta con siete proyectos avanzados —Josemaría, Los Azules, Taca Taca, MARA, El Pachón, Filo del Sol y Altar— que, de concretarse, posicionarían al país entre los principales productores globales.
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Estos desarrollos requieren plantas industriales, corredores logísticos, servicios ambientales, ingeniería EPC y equipamiento de alta complejidad. La magnitud del CAPEX proyectado habilita la entrada de proveedores con certificaciones internacionales y capacidad técnica para operar en proyectos de clase mundial.
Las exportaciones mineras alcanzaron en 2025 un récord de USD 6.056 millones, y la proyección oficial para 2026 se ubica en torno a USD 9.000 millones, impulsadas por la producción de litio y las expectativas sobre el cobre.
Este crecimiento plantea desafíos en infraestructura, energía, competitividad y capacitación, pero también consolida un escenario donde la participación de proveedores nacionales puede capturar una mayor proporción del impacto económico.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) agrega un componente financiero que acelera decisiones de inversión y favorece la radicación de empresas vinculadas a la cadena de suministro. La articulación entre capital internacional y proveedores locales será determinante para sostener la expansión y evitar cuellos de botella operativos.
La nueva etapa minera no se define solo por la construcción de proyectos de litio y cobre, sino por la capacidad de crear una red de proveedores capaz de abastecer una industria en crecimiento.
Para las empresas nacionales, el momento es estratégico: la demanda existe, los proyectos avanzan y la oportunidad está abierta para quienes puedan integrarse con escala, certificación y cumplimiento operativo.
La adjudicación del gasoducto que conectará Vaca Muerta con Sierra Grande marca el ingreso formal de MasTec, una de las mayores empresas de ingeniería de Estados Unidos, al mercado argentino.
El proyecto —integrado al esquema de exportación de GNL del consorcio Argentina LNG— se convierte en la plataforma inicial de una estrategia de expansión que excede el negocio del gas y se proyecta sobre minería, telecomunicaciones, energías renovables y logística portuaria.
El ducto, diseñado para transportar gas desde la Meseta Buena Esperanza hacia la costa atlántica de Río Negro, será ejecutado por el consorcio Pumpco (MasTec) – Bonatti – Contreras Hermanos, luego de imponerse en la licitación internacional.
La obra, de más de 500 kilómetros y con diámetros superiores a los utilizados en proyectos recientes, está condicionada a la Decisión Final de Inversión del proyecto Argentina LNG, que integra gasoducto, planta de licuefacción y terminal marítima.
MasTec llega con un portafolio que incluye infraestructura energética, telecomunicaciones, transporte y renovables. Sus reportes corporativos muestran una estrategia basada en proyectos de largo plazo y en la diversificación de sectores críticos.
En Argentina, esa lógica se traduce en un mapa de oportunidades que combina la expansión del shale con la demanda de infraestructura para litio y cobre, la modernización de redes de conectividad y el desarrollo de corredores logísticos vinculados a exportaciones.
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La minería aparece como uno de los vectores de interés. El país impulsa proyectos de litio y cobre considerados estratégicos para la transición energética global, y MasTec posee experiencia en obras asociadas a plantas industriales, corredores de transporte y servicios para operaciones de gran escala. La posibilidad de integrar infraestructura energética y logística en zonas mineras abre espacio para asociaciones con compañías locales.
En telecomunicaciones, la empresa observa un mercado con necesidad de inversión en redes de fibra y despliegue de 5G. MasTec es uno de los principales contratistas de infraestructura digital en Estados Unidos y podría replicar ese modelo en Argentina si se consolidan condiciones regulatorias y de mercado.
El segmento de energías renovables también forma parte de su estrategia. La compañía desarrolla proyectos que combinan solar, eólica y gas natural como respaldo, un esquema compatible con los recursos disponibles en el país y con la necesidad de infraestructura híbrida para sostener la demanda industrial.
La logística es otro eje central. La futura terminal portuaria de Sierra Grande, necesaria para exportar GNL, puede convertirse en un nodo para inversiones adicionales en infraestructura marítima, transporte ferroviario y corredores de exportación. La integración de ductos, puertos y logística posiciona a MasTec como un actor capaz de influir en la competitividad de los proyectos energéticos y mineros.
El ingreso de Jorge Mas introduce competencia en un segmento históricamente dominado por constructoras locales y agrega capacidad técnica en obras de gran escala.
La ejecución del gasoducto generará actividad económica en Neuquén y Río Negro y abre un ciclo de inversiones que podría extenderse a sectores estratégicos si se consolidan las condiciones para proyectos de infraestructura de largo plazo.
YPF Luz, la mayor generadora eléctrica independiente de Argentina, dio un avance significativo al iniciar formalmente el proceso para realizar una oferta pública inicial (IPO) de acciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). La compañía presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el formulario F-1, el prospecto preliminar que marca el primer paso para esta operación financiera.
Esta oferta no implicará la emisión de nuevas acciones ni la obtención de fondos para YPF Luz, ya que la totalidad de la colocación será realizada por BNR Power Investments B.V., que posee el 24,99% del capital de la empresa. Este accionista, controlado actualmente por GE Vernova y Silk Road Fund, venderá su participación, mientras que el 75,01% restante continúa bajo control de YPF, cuyo 51% de capital pertenece al Estado argentino.
El prospecto señala que cada American Depositary Share (ADS) representará diez acciones Clase B de YPF Luz y que la cotización se realizará bajo el símbolo YLUZ tanto en la NYSE como en BYMA. La coordinación global de la transacción estará a cargo de bancos de inversión como Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup, con BNP Paribas, Itaú BBA, J.P. Morgan y Santander actuando como colocadores conjuntos.
YPF Luz se presenta en el documento como la mayor generadora independiente del país, con 17 activos y una potencia instalada total de 3.764 MW, equivalente al 8,2% de la capacidad nacional. Durante los últimos doce meses finalizados en marzo de 2026, la compañía suministró 15 TWh de electricidad, cerca del 10% del total entregado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El proceso de YPF Luz se suma al iniciado días atrás por Genneia, lo que podría significar el regreso de las ofertas públicas iniciales de empresas argentinas a Wall Street tras más de ocho años, siendo las primeras en la gestión del presidente Javier Milei. El antecedente más reciente en la NYSE fue Central Puerto, que debutó en febrero de 2018.
El prospecto también anticipa un cambio en la estructura accionaria: “Al completarse la oferta global, YPF pasará a ser nuestro único accionista controlante, y sus intereses pueden diferir de los de nuestros otros accionistas”, advirtió la empresa, señalando un riesgo potencial relacionado con el control luego de la venta de la participación de BNR Power Investments.
Este movimiento refleja el interés creciente del sector energético argentino por acceder a mercados internacionales de capitales, en un contexto donde otras compañías también evalúan o han iniciado procesos similares para financiar su crecimiento y expansión.
Impulsado por el Gobierno de San Juan a través de EPSE como organismo ejecutor e inspector técnico, el Parque Solar Fotovoltaico Ullum Alfa atraviesa una de las etapas más dinámicas y estratégicas de toda la obra, con actividad simultánea en tareas civiles, viales y electromecánicas que ya transforman el paisaje energético de la provincia. Actualmente la obra tiene un avance de casi el 50%.
Actualmente, el proyecto registra 125 trabajadores distribuidos en distintos frentes activos dentro del predio ubicado en Ullum, consolidando una de las obras energéticas más importantes hoy en ejecución en San Juan.
Pero, además, Ullum Alfa representa un hecho histórico para EPSE: será el parque solar de mayor potencia desarrollado íntegramente como patrimonio propio de la empresa provincial.
Hasta ahora, los parques de propiedad exclusiva de EPSE eran la Planta Solar San Juan I —la primera planta fotovoltaica de Latinoamérica, con 1,7 MWp de potencia instalada— y el Parque Solar Anchipurac, de 3 MWp.
Con sus 50 MWp de capacidad instalada, Ullum Alfa marcará un salto de escala histórico para la infraestructura energética desarrollada íntegramente por EPSE.
“Hoy ya no se trata solamente de un proyecto en planos, sino de una obra con muchísima actividad en campo, con distintos equipos trabajando al mismo tiempo y con avances visibles todos los días”, señalaron desde la inspección técnica de EPSE.
El corazón tecnológico: cinco hincadoras trabajando al mismo tiempo
El mayor despliegue operativo se concentra actualmente en el frente electromecánico, donde avanzan las tareas de armado de estructuras, excavaciones para tendido eléctrico e hincado de alta precisión y velocidad, una de las etapas más técnicas y estratégicas de toda la obra.
En campo operan simultáneamente cinco hincadoras especializadas capaces de ejecutar alrededor de 80 hincas diarias cada una, permitiendo alcanzar un ritmo cercano a las 400 estructuras por día.
Estas estructuras metálicas constituyen la base que sostendrá los futuros seguidores solares (trackers), un sistema inteligente que permitirá que los paneles acompañen la trayectoria del sol para maximizar la generación energética del parque.
El sistema de hincado combina velocidad de ejecución, precisión milimétrica y capacidad de montaje simultáneo en distintos sectores del predio, acelerando significativamente los tiempos de avance del proyecto.
En total, el parque contempla la instalación de 12.744 hincas metálicas que servirán de soporte para 1.062 trackers y 79.650 paneles solares bifaciales de alta eficiencia.
Energía para acompañar el crecimiento de San Juan
El Parque Solar Ullum Alfa tendrá capacidad para abastecer el consumo eléctrico promedio de aproximadamente 50.000 hogares y forma parte del desarrollo integral del denominado Parque Solar Ullum, un polo energético donde la provincia proyecta alcanzar entre 330 y 360 MWp de potencia instalada futura.
Además de incorporar tecnología de seguimiento solar, sistema SCADA, monitoreo integral y operación remota desde instalaciones de EPSE.
En paralelo al avance de Ullum Alfa, también continúa la ejecución de la infraestructura eléctrica necesaria para incorporar la nueva generación al sistema energético provincial.
La obra de las ampliaciones de la Estaciones Transformadora Solar Ullum y Estación Transformadora Albardón-Chimbas ya supera el 50% de avance, mientras que la línea de doble terna de 132 kV, de 18 km, que vinculará a ambas Estaciones avanza por encima del 70 %. Se prevé inaugurar a corto plazo.
Esta obra permitirá evacuar gran parte de la energía generada por el parque e incorporarla al sistema eléctrico provincial y nacional, fortaleciendo la capacidad de transporte energético necesaria para acompañar el crecimiento productivo e industrial de San Juan.
“Este tipo de obras no solamente fortalecen la generación eléctrica, sino que también muestran la capacidad técnica, profesional y operativa que tiene hoy San Juan para desarrollar infraestructura de gran escala”, destacaron desde EPSE.
La construcción de Ullum Alfa no solo representa una obra energética estratégica, sino también una infraestructura pensada para acompañar el crecimiento de la provincia y garantizar mayor capacidad de generación para el desarrollo productivo y para miles de familias sanjuaninas.
Con proyectos como Ullum Alfa, el Gobierno de San Juan continúa consolidando una política energética de largo plazo basada en planificación, infraestructura, empleo y desarrollo provincial.
Mundo Marino eligió a YPF Luz como socio energético para abastecer la demanda eléctrica de su parque temático, ubicado en San Clemente del Tuyú.
A través de este acuerdo, cubre el 80% de su consumo y consolida su compromiso por hacer más sustentable y eficiente sus operaciones. La energía proviene del Parque Solar El Quemado, que se inauguró recientemente, cuenta con 305 MW de capacidad instalada y representa el 11% de la potencia solar del país.
El contrato tiene una duración total de 5 años y permite abastecer un total de 2.400 MWh de energía renovable por año, equivalente al consumo de aproximadamente 700 hogares argentinos por año.
“La protección de la biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas son parte esencial de nuestra razón de ser. Por eso, incorporar energías renovables es una decisión natural, coherente con el compromiso que asumimos día a día. Este acuerdo nos permite elevar nuestros estándares ambientales y seguir aportando a la construcción de un futuro más sostenible. Además, estamos especialmente entusiasmados de poder hacerlo junto a otra organización argentina porque es un símbolo que refuerza el compromiso del país en esta dirección”, explicó Andrea Cabrera, presidenta de la Fundación Mundo Marino.
“Estamos felices de acompañar a Mundo Marino en este nuevo paso. Este acuerdo refleja cómo cada vez más empresas en Argentina eligen incorporar energía renovable en sus operaciones. Desde YPF Luz, continuamos impulsando soluciones energéticas a medida que permiten a nuestros clientes contar con un suministro confiable y eficiente para potenciar su crecimiento”, destacó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.
La iniciativa refuerza la estrategia de Mundo Marino por seguir fortaleciendo su gestión ambiental. Por su parte, YPF Luz continúa posicionándose como un socio estratégico para grandes y medianos usuarios que buscan soluciones energéticas confiables, previsibles y sustentables. La compañía abastece actualmente a más de 100 industrias a través de diferentes contratos de abastecimiento, acompañando el crecimiento de una matriz energética Argentina.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la producción petrolera de ese país alcanzó 1.203.000 barriles por día.
Así lo afirmó la funcionaria en un contexto de esfuerzos oficiales por mantener el crecimiento económico tras los sismos que afectaron siete estados y generaron daños estimados por la ONU en 37.000 millones de dólares.
“Las fuentes de ingresos de nuestro país se mantienen en su curso de crecimiento. La producción petrolera ya está en 1.203.000 barriles día. Mantenemos el plan de crecimiento de la producción petrolera para este año“, declaró Rodríguez en la televisora estatal.
La cifra implica un incremento respecto a los 1.179.000 barriles diarios reportados por fuentes directas a la OPEP en mayo pasado, lo que sugiere una tendencia al alza en el bombeo de crudo venezolano.
Además, la funcionaria afirmó que el Gobierno “va por la senda de recuperar la economía venezolana”, pese a las consecuencias del doble terremoto.
Según datos del Banco Central de Venezuela, los ingresos por exportaciones petroleras crecieron 21 % en el primer trimestre de 2026, al pasar de 4.518 millones de dólares en 2025 a 5.491 millones en igual período de este año, lo que representa un incremento de 973 millones de dólares entre ambos períodos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa con el desarrollo del Trambús T1, un nuevo sistema de transporte público completamente eléctrico que conectará el Aeroparque Jorge Newbery con la estación Sáenz, en Nueva Pompeya, a través de un trayecto cercano a los 20 kilómetros.
El servicio unirá el norte y el sur de la Capital con vehículos que circularán sobre neumáticos, sin utilizar vías ferroviarias. Para agilizar el recorrido, las unidades transitarán por carriles exclusivos y preferenciales, además de contar con prioridad en los semáforos.
El Trambús T1 tendrá una frecuencia aproximada de cuatro minutosen horario pico, transportará a unos 50.000 pasajeros por día y permitirá completar el recorrido de extremo a extremo en menos de una hora.
Las unidades estarán equipadas con distintas prestaciones orientadas a mejorar el viaje de los usuarios, entre ellas:
Conexión WiFi gratuita.
Puertos USB para cargar dispositivos móviles.
Piso bajo y rampas de acceso para personas con movilidad reducida.
Aire acondicionado.
Información del servicio en tiempo real.
Sistema de pago multipropósito.
Cámaras de seguridad, GPS y tecnología de detección de puntos ciegos.
El trazado contará con más de 70 paradas, ubicadas aproximadamente cada 500 metros. El recorrido atravesará los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, hasta llegar a Aeroparque.
Además, el nuevo corredor permitirá una mejor integración con otros medios de transporte. Tendrá conexión con las líneas A, B, D, E y H del subte, las estaciones ferroviarias de Sáenz, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Tres de Febrero, así como también con los corredores del Metrobús Juan B. Justo, Cabildo y Del Sur.
La implementación del Trambús también traerá modificaciones en el tránsito, especialmente en el barrio de Caballito, donde cinco calles cambiarán su sentido de circulación para adecuarse al nuevo esquema.
Los cambios previstos son:
Acoyte pasará a tener sentido único y contará con carril exclusivo.
Honorio Pueyrredón será mano única entre Neuquén y Gaona.
Felipe Vallese conservará el doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti.
Ambrosetti tendrá sentido único hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia.
Balcarce será mano única hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.
Con este proyecto, la Ciudad apuesta por incorporar un medio de transporte sustentable, aumentar la capacidad del sistema de movilidad, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conexión entre el norte y el sur porteño.
El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó un decreto para que la Secretaría de Energía comience un nuevo proyecto de exploración petrolera offshore en aguas argentinas. La iniciativa contempla la adjudicación de un área marítima de 5 mil kilómetros cuadrados ubicada un poco más al norte de la zona explorada frente a Mar del Plata.
Bajo la conducción de María del Carmen Tettamanti, la Secretaría de Energía convocará a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración en el área denominada CAN_200, dentro del ámbito costa afuera nacional. Esta decisión responde a la manifestación de interés presentada por la empresa Challenger Energy Group PLC en febrero de 2025.
El proyecto representa un primer paso que podría tardar varios meses en activarse plenamente, pero la administración actual ya estableció que la exploración tendrá una duración inicial de ocho años con posibilidad de prórroga. Se busca profundizar el conocimiento y la producción de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, un área considerada clave para el desarrollo energético nacional.
Desde el gobierno señalaron que “las tareas y actividades de exploración en el ámbito Costa Afuera Nacional revisten un rol fundamental y necesario para determinar el potencial hidrocarburífero de los yacimientos ubicados en la Plataforma Continental Argentina”. Además, remarcaron que varias compañías internacionales han mostrado interés en aportar su capacidad técnica y financiera para estas actividades.
El decreto destaca que la adjudicación de la exploración en el área CAN_200 es “necesaria y oportuna” para continuar con las medidas destinadas a incrementar el conocimiento y la producción de recursos hidrocarburíferos en aguas profundas, lo que forma parte de la estrategia energética del gobierno libertario.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) dispuso la baja de Fox Petrol S.A. del Registro de Comercializadores de Gas Natural, luego de que la propia empresa solicitara su desvinculación y acreditara el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución RESFC-2026-271, en la que el organismo verificó que la firma no registraba deudas por la Tasa de Fiscalización y Control, obligaciones informativas pendientes, multas firmes impagas ni operaciones recientes de compra o venta de gas que impidieran su salida del registro.
La resolución aclara que la baja no libera a la empresa de las responsabilidades derivadas de eventuales incumplimientos cometidos durante el período en que actuó como comercializadora de gas natural.
Asimismo, el ENReGE instruyó notificar la medida a las transportistas de gas para que tomen conocimiento de que Fox Petrol deja de estar habilitada para operar como comercializadora dentro de los sistemas de despacho diario de gas.
De acuerdo con la información societaria pública más reciente disponible, Fox Petrol S.A. está controlada por César Gastón Castillo y Ladislao Castillo, quienes participan a través de las sociedades Kalpa Group S.A. y Sinchicuna S.A..
En cuanto a la actividad de la empresa, Fox Petrol opera en el sector de hidrocarburos y ha estado inscripta ante el regulador como comercializadora de gas natural y también como sujeto almacenador, además de desarrollar actividades vinculadas a la industria petrolera.